Buscan prohibir acuerdos de arbitraje unilaterales en los contratos de empleo
La medida fue presentada por la delegación senatorial del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
La delegación senatorial del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) presentó una medida legislativa que prohíbe los acuerdos de arbitraje unilaterales en los contratos de empleo.
Específicamente, el Proyecto del Senado 692 busca enmendar la Reforma Laboral para requerir el consentimiento expreso, tanto del patrono, como de las personas empleadas, para poder realizar modificaciones a los contratos laborales. Con esto también se busca proteger de represalias a las personas trabajadoras que rechacen las modificaciones propuestas por el patrono.
Con esta medida, el requerimiento de consentimiento expreso será aplicable, incluso, a toda modificación contractual que pretenda incorporar cláusulas de arbitraje para atender reclamaciones incoadas bajo la Ley de Despido Injustificado.
“No es aceptable que se alteren los términos de la relación obrero-patronal sin el consentimiento de la persona empleada. Permitir que eso ocurra sería acentuar aún más la desigualdad en las relaciones obrero-patronales”, reiteró el senador Rafael Bernabe Riefkohl.
Por su parte, la portavoz del MVC en el Senado, Ana Irma Rivera Lassén, destacó la desigualdad que existe entre las personas trabajadoras y los patronos, y las ventajas que este último tienen.
“Es el deber del Estado mantener un balance justo entre los derechos de los patronos y los derechos de la masa laboral puertorriqueña. Cuando surge alguna situación que altera dicho balance y puede, potencialmente, dar paso a situaciones injustas, es nuestra responsabilidad intervenir", planteó la portavoz del MVC.
La legisladora citó la reciente decisión del Tribunal Supremo, Aponte Valentín y Otros v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, en la cual permite que la relación obrero patronal sea modificada unilateralmente por el patrono, y adjudica los gastos del procedimiento de arbitraje al empleado o empleada.
"El resultado de dicha determinación inclina la balanza de poder de manera desmedida hacia el patrono. Esta decisión mancilla los derechos de la clase trabajara y constituye una interpretación errónea del derecho aplicable que debemos corregir mediante legislación. Las políticas públicas a favor del arbitraje deben ser cónsonas con las normas contractuales del derecho puertorriqueño”, afirmó la senadora Rivera Lassén.
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