La aprobación del P del S 437 que, entre otras cosas, reduce el tiempo mínimo para que un confinado cualifique para el privilegio de libertad bajo palabra, se realizó sin escuchar atender a las víctimas de delito.

Las víctimas de delito tienen reparos con el proyecto que aprobó el Senado flexibilizando y ampliando los criterios para que un confinado pueda disfrutar del privilegio de libertad bajo palabra y reclaman que se les tome en cuenta realmente en los procesos de legislación.

El P del S 437, que contó con el votó a favor de 24 senadores integrantes de todas las delegaciones representadas en la Cámara Alta, tiene el efecto de que, de manera retroactiva, todo confinado que haya cumplido por lo menos 15 años puede ser considerado para la libertad bajo palabra. En los casos de asesinato, el tiempo de reclusión mínima se redujo de 35 a 25 años. Dispone también que, cuando se cumple cárcel por distintos delitos, se sería elegible al privilegio calculando estos mínimos basándose en el delito de condena más larga, independientemente de que las penas impuestas sean consecutivas.

Además, se podrá acceder al privilegio sin importar que alguno de los delitos por los que la persona está cumpliendo sea uno de los que tenga prohibición de libertad bajo palabra y aunque se haya utilizado un arma ilegal en la comisión del delito o aunque el confinado haya sido declarado un reincidente habitual en delitos no violentos.

“Los que tienen derecho son los acusados, las víctimas no tienen derechos constitucionales, por eso recalcamos que no estamos en contra de los derechos de los demás, sino que nosotros también tenemos que tener derechos, (el proyecto) deja a un lado nuestros derechos por los derechos del acusado”, planteó Angélica N. García Romero, coordinadora general de la Alianza para la Paz Social (ALAPÁS), un grupo especializado en atender las necesidades de las víctimas de delito.

Según el informe del P del S 437, el Senado pidió comentarios a ALAPÁS, pero no se habían recibido. García Romero objetó esto al señalar que la participación de la organización en el proceso legislativo usualmente se usa por los legisladores como un “sello de goma” para decir que se consultó a las víctimas, pero realmente sus posturas no se toman en cuenta. Específicamente con este proyecto, explicó que la invitación a participar llegó a una fecha tardía que prácticamente los obligaba a comparecer de un día para otro.

La preocupación del grupo es que su experiencia les dicta que el Estado no tiene recursos para propiciar una rehabilitación real de los confinados ni para integrar efectivamente a la víctima en las evaluaciones, por lo que la libertad bajo palabra se convierte en un proceso que “revictimiza” a las víctimas y las deja con su seguridad física en peligro.

Como ejemplo, presentó que actualmente ni siquiera funciona el sistema que se supone notifique a las víctimas cuando los confinados relacionados a su caso pasan a ser evaluados por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP)

“Nosotros nunca hemos minimizado los derechos y nos encantaría que pudieran rehabilitarse, pero nuestro cuestionamiento siempre ha sido si existen los recursos para que la persona sea rehabilitada… (no favorecemos el proyecto) porque no hay garantías sobre la disponibilidad de recursos para la rehabilitación”, dijo al apuntar también a que se oponen al elemento de retroactividad que incluye la medida.

“Esa legislación no toma en cuenta la realidad de la vida”, zanjó la psicóloga social-comunitaria y activista de los derechos de las víctimas de delito, Katherine Angueira Navarro, sobre el proyecto de la autoría de las senadoras Gretchen Hau (Partido Popular Democrático) y Joanne Rodríguez Veve (Proyecto Dignidad).

Objetó que la lógica del proyecto, y de la discusión que hubo en la Comisión de lo Jurídico, se enfocara en aliviar las penas de los confinados cuando el enfoque del proceso, propuso, debe ser la seguridad de la víctima que, después de atreverse a cumplir con los rigores de un procedimiento criminal, tiene que exponerse a quedar vulnerable otra vez por la liberación de su agresor antes del tiempo que tenía su pena.

“Están perdidas, están desorientadas y su ignorancia sale a relucir, no conocen lo que pasa con las víctimas, que son las que tenemos que estar pendientes de esas personas (los confinados) por nuestra seguridad”, dijo en una crítica dirigida a las senadoras Ana Irma Rivera Lassén (Movimiento Victoria Ciudadana) y María de Lourdes Santiago (Partido Independentista Puertorriqueño) porque, explicó, votaron a favor a pesar de que, por otro lado, se plantean como solidarias con las víctimas de delito y feministas. Esto porque Angueira Navarro entiende que las principales víctimas quedan desprotegidas y vulnerables a volver a ser agredidas son las mujeres.

Igual que señaló ALAPÁS, la activista confirmó que su experiencia trabajando con los expedientes que se supone la JLBP estudie para cada caso es que hay un “desbarajuste de fragmentación de la información que impide que nadie pueda decir que esa persona ha cumplido con unos criterios de cambio de en la conducta por la cual fue convicto”.

Ante la incongruencia que existe entre un Código Penal que dice que, por ejemplo, la pena por asesinato son 99 años y una flexibilización que podría poner al preso en la calle en 25 años, Angueira Navarro planteó que eso “no es ser fiel a la valoración de la severidad del daño que la persona hizo… están revirtiendo poco a poco la rigurosidad de las penas carcelarias para delitos con violencia”.

Presentó reparo también con que las discusiones sobre la rehabilitación de los confinados confundan la excarcelación con rehabilitación. “La excarcelación no es sinónimo de rehabilitación, (los legisladores) entienden que excarcelar es en sí mismo rehabilitación”, apuntaló.

“Hay actividades recreativas que las quieren hacer pasar como rehabilitadoras. ¿Cómo es que tallar a un Niño Jesús y exhibir en una feria de artesanía te cambia la conducta para no querer violar?”, cuestionó.

La medida fue aprobada en el Sebado con la participación en vistas públicas de los departamentos de Justicia y de Corrección y Rehabilitación, la JLBP, la Sociedad para Asistencia Legal y la Asociación Pro Derechos del Confinado, conocida como la “Asociación Ñeta”.

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