Ante posible confusión, la autora de la medida aclaró que la misma busca reducir el tiempo si la persona demuestra su rehabilitación.

Las senadoras Joanne Rodríguez Veve y Gretchen Hau radicaron un proyecto legislativo para que se flexibilicen los criterios en la cual la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) pueda evaluar reducir el tiempo de la persona privada de libertad.

Ante la confusión generada sobre el proyecto, la senadora Rodríguez Veve aseguró en entrevista con NotiCel que la medida persigue una mirada rehabilitadora, más allá que punitiva.

“Esto es un proyecto que no reduce penas, lo que sí hace es reducir el tiempo para que una persona privada de libertad pueda ser considerada por la JLBP para que se comience a evaluar su caso de manera tal que si la junta considera que en efecto la persona se rehabilitó, la persona pueda insertarse a la libre comunidad como una persona productiva”, explicó la senadora.

En cuanto a reclamos que han surgido de que el proyecto protege más a los criminales que a las víctimas, la portavoz de Proyecto Dignidad reiteró que los derechos de las víctimas permanecerán intactos.

“Este proyecto salvaguarda todos los derechos de las víctimas. De ninguna manera trastoca derecho alguno. Van a permanecer con los mismos derechos. Las víctimas tienen derecho a ser escuchadas, a participar del proceso, a tener acceso a los expedientes”, sostuvo Rodríguez Veve.

Incluso, la senadora recalcó que la propia JLBP y el Departamento de Corrección avalaron la medida durante las vistas públicas.

“Con este proyecto lo que se busca es hacer valer el mandato constitucional que dispone y establece que el gobierno tiene la obligación de viabilizar la rehabilitación de las personas privadas de libertad”, manifestó la autora de la medida a este diario digital.

“Este proyecto nos confronta con la realidad de que en muchas ocasiones, en Puerto Rico, realmente no estamos siguiendo este mandato”, abundó.

“Con este proyecto nos confrontamos en tener que cuestionarnos como sociedad hacia dónde tenemos que dirigir nuestro sistema correccional, si en un sistema punitivo, solo enfocado en penas, o uno rehabilitador”, reflexionó la legisladora.

La votación se llevó a cabo el pasado 4 de octubre y resultó en 24 a favor y tres abstenidos, incluyendo votos a favor de las seis delegaciones representadas en la Cámara Alta.

El gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, ya expresó que posiblemente avale la medida, pero adelantó que debe orientarse con sus abogados.

Se solicitó expresiones al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez sobre la posibilidad de que el proyecto sea aprobado en la Cámara Baja, pero al momento de cierre no hubo respuesta.

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