El Proyecto de la Cámara 795 busca “prohibir el discrimen en el empleo” por razones de negarse a la vacuna de covid-19.

¿Es discriminatorio exigir la vacunación contra el covid-19 a los empleados? La Cámara de Representantes explora esta interrogante en las vistas públicas del Proyecto de la Cámara 795, que busca crear la ley para “Prohibir el Discrimen en el Empleo por Razón de Negarse a ser Vacunado”.

El proyecto busca que ningún patrono pueda despedir, suspender o discriminar a un empleado suyo en relación a su sueldo, salario, jornal o compensación, términos, categorías, condiciones o privilegios de su trabajo, por razón del empleado no estar vacunado o negarse a ser vacunado contra el virus del covid-19.

Mientras se discutía la medida, la licenciada laboral Vivian Santiago Trinidad se opuso al proyecto, al exponer el interés apremiante del Estado de proteger la salud del colectivo.

“Me opongo a la aprobación del proyecto porque es contradictorio al deber que tienen los patronos de proveer un trabajo libre de riesgos a la salud y seguridad conforme a su industria”, expuso la licenciada. “(El Estado) está dando oportunidad de excepciones, porque la ley es clara y faculta al Departamento de Salud a que la vacuna sea compulsoria para todo ciudadano en Puerto Rico”, agregó.

Incluso, brindó el ejemplo de que para el 1905 se discutió el caso Jacobson v Massachusetts, donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que ante el interés apremiante del Estado de atender el problema de la viruela, se hizo compulsoria su vacuna.

La representante Lisie Burgos, argumentó que la vacuna de la viruela llevaba años aprobada, mientras que la del covid-19 apenas lleva meses. “No podemos decir que son las mismas circunstancias”, dijo.

“He recibido mensajes de personas han tenido instintos suicidas porque sienten sus derechos secuestrados por el Estado. Me preocupa el colapso de la familia, lugares donde los niños no pueden ir. Entiendo que todo derecho no es absoluto, pero hay unos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, que no es negociable”, manifestó la representante de Proyecto Dignidad.

“En Puerto Rico todo el mundo tiene que cuidar su salud y la de los demás, pero tenemos que ser responsables con guardar los derechos de las personas que piensan diferentes”, abundó la legisladora.

Por su parte, el doctor Rafael Iván Iriarte Graña avaló la medida al encontrar que la determinación de administrarse la vacuna debe recaer sobre la persona.

“Es claro, para mí que la vacuna debe ser administrada solo de manera voluntaria a individuos que han recibido toda la información pertinente. La intención de una persona de no ponerse la vacuna puede ser por cualquier razón y usualmente no es la incumbencia de ninguna entidad ni el patrono ni el Estado”, expresó el salubrista.

“Yo entiendo que la vacunación no puede ser compulsoria porque debe quedar a la prerrogativa de cada individuo si se la quiere administrar o no. Ninguna intervención puede ser compulsoria, debe ser voluntaria, ya que es el principio ético de nuestra profesión”, agregó el doctor.