La Resolución Conjunta del Senado 141 fue radicada por la senadora María de Lourdes Santiago.

La senadora María de Lourdes Santiago ha presenciado la marginalización y discrimen de la comunidad sorda en Puerto Rico, y con la meta de visibilizarla y garantizarle mejores servicios por parte del Estado, presentó la Resolución Conjunta del Senado 141, que fue aprobada el pasado jueves.

La medida ordena al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico a realizar las gestiones para solicitar que se incluya una pregunta sobre sordera y pérdida de audición en el Censo del 2030 y en la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (Puerto Rico Community Survey).

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“Esta medida es importante para que en el futuro podamos contar con un avalúo preciso de la comunidad sorda en Puerto Rico e identificar medidas que atiendan sus necesidades”, expresó Lourdes Santiago en la sesión ordinaria del Senado.

Casos como los de Janet Viera Grau, joven sorda de Vega Alta que se privó de la vida luego de que el Estado removiera del hogar a sus hijos de 6 y 7 años de edad sin la intervención de una intérprete de lenguaje de señas, y el de Yarett Piñeiro Rodríguez, joven estudiante que tuvo que paralizar sus estudios de maestría por falta de intérprete, fueron parte de los motivos de la senadora en radicar esta Resolución Conjunta del Senado.

Según datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, para el año 2018 se estimó en un 8.4% el porcentaje de adultos sordos, calculándose así en 218,495 el total de adultos sordos.

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"Para poder atender correctamente las necesidades de este sector de la ciudadanía, y rediseñar oportunamente los servicios gubernamentales de forma que les sean accesibles, es necesario clarificar, con la mayor especificidad posible, la discrepancia entre los estimados existentes. Incluir una pregunta sobre sordera en el Censo nos permitirá poner de relieve la interseccionalidad entre sordera, escolaridad y pobreza en diferentes regiones del País", sostuvo la autora de la medida en la exposición de motivos de la resolución.

La medida obliga a que en tres meses el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico realice las gestiones para poder incluir la pregunta sobre la sordera en el Censo, Luego, el Instituto debe rendir un informe a la Asamblea Legislativa detallando las gestiones realizadas y logros alcanzados.