Fue presentado por la senadora Ana Irma Rivera Lassén y el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

A pesar de que la Constitución establece que nadie puede ser discriminado por género ni raza, ante la homofobia, bifobia y transfobia, los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, decidieron que es momento de crear la Carta de Derechos para la Comunidad LGBTTQIA+ a través del Proyecto del Senado 485.

A juzgar por las ponencias de los distintos grupos citados a la Vista Pública de la Comisión de Desarrollo Humano y Asuntos Laborales, que preside Rivera Lassén, hay terreno fértil para su creación.

“Esta carta sienta las bases para generar datos y, más allá de datos, acciones. Reconoce que las personas de la comunidad LGBTT tienen los mismos derechos constitucionales de toda la sociedad”, expuso la presidenta de Proyecto Matria, Amarilis Pagán.

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El suceso ocurrido con el comediante Alfredo “Freddo” Vega, con su personaje Magda, el cual fue víctima de comentarios homofóbicos en las redes sociales tras recibir duras críticas de la senadora Joanne Rodríguez Veve, fue mencionado por los distintos deponentes como muestra de la necesidad de crear esta Carta de Derechos para la Comunidad LGBTTQIA+.

“Esta Carta de Derechos es importante para crear un país en el cual personas como el artista Freddo Vega Ortiz tengan la oportunidad de vivir sin la promoción del odio, ni discriminación”, expresó el activista Alejandro Santiago.

“Esta carta también sirve para que madres como la de Freddo Vega salgan en defensa de sus hijos cuando hay personas que atacan y ponen en posicionamiento su discrimen”, abundó.

En Puerto Rico se ha trabajado anteriormente legislación dirigida a establecer una Carta de Derechos para diversos grupos protegidos, por ejemplo, la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, Carta de Derechos del Consumidor, Carta de Derechos el Niño de Puerto Rico, entre otras.

Ante este precedente, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico expresó su apoyo a la medida, y que no encontró ningún impedimento legal para que se implemente la misma.

“Este proyecto de ley constituye un reconocimiento de la naturaleza discriminatoria del problema, establece una política pública amparada y sostenida en los principios de los derechos humanos, civiles y constitucionales necesaria para caminar hacia un ordenamiento jurídico que haga justicia para todos”, planteó la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la licenciada Daisy Calcaño López.

Además la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en inglés), la organización Sage PR, y Puerto Rico para Todes fueron parte de la vista pública y avalaron la medida.

Los únicos senadores que estuvieron presentes fueron Rivera Lassén, Bernabe y José “Chaco” Vargas Vidot.