Una medida fue radicada por la representate Lisie Burgos del Proyecto Dignidad.

La representante del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos, radicó una medida que busca multar por $5,000 a cualquier persona que niegue a otra acceso, servicio e igual tratamiento en facilidades médicas u hospitalarias, por no estar vacunado contra el covid-19.

El proyecto de la Cámara 910 surge como medida ante las diversas órdenes ejecutivas del gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia, expone la misma pieza legislativa. Aunque el título de la medida hace énfasis en los servicios de salud, una lectura a la pieza establece que también se busca prohibir que se le niegue la entrada a negocios a las personas no vacunadas.

"[H]a surgido una preocupante amenaza a la libertad y a la dignidad de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico en el contexto de la Pandemia del COVID-19. Dicha pandemia ha sido utilizada por la Rama Ejecutiva como excusa para revivir la doctrina de “separados pero iguales”. Esta vez la segregación no es una racial, sino que está basada en la creación de una nueva categoría: los vacunados y los no vacunados. El Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, ha emitido una serie de órdenes ejecutivas a los fines de obligar a los ciudadanos a ser vacunados contra el COVID-19. Si bien dichas órdenes contienen algunas excepciones, las mismas imponen requisitos tan onerosos que, en la práctica, los ciudadanos se ven obligados a vacunarse", sostiene la medida en la exposición de motivos.

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Y es que Pierluisi Urrutia ha emitido órdenes ejecutivas para establecer la vacunación compulsoria contra el covid-19. Hace semanas, el Gobernador mandató la inoculación en la Rama Ejecutiva, los empleados de la industria de la salud, los contratistas gubernamentales y hasta en los trabajadores y huéspedes de hospederías.

Más recientemente, ordenó que los empleados de gasolineras, salones de belleza, gimnasios y restaurantes, deben estar vacunados también contra el virus. En el caso de los salones de belleza y restaurantes, estos deberán también pedir evidencia de vacuna a sus clientes o mermar su aforo a un 50%. Están exentas de esa orden quien por razones médicas o religiosas decidan no recurrir al pinchazo.

La pieza legislativa radicada por Burgos también busca que no se limiten los servicios a los no vacunados en el campo de la salud, una medida que llega cuando en Estados Unidos ya doctores se plantean no atender a personas no vacunadas.

Esta misma semana, en Alabama un doctor anunció que desde el mes de octubre no recibirá más pacientes que no estén inoculados. La razón que expuso es que no quiere seguir viendo a sus pacientes morir.