El cierre fue sin anunciarse a la ciudadanía y sin un plan para atender este vacío.

El Centro de Salud Mental en Bayamón era una de las pocas unidades públicas especializada en psiquiatría para menores de edad y con tratamiento extendido para casos graves.

En plena pandemia, este centro cerró, sin anunciarse a la ciudadanía y sin un plan para atender este vacío.

“Los menores de edad requieren hospitalización psiquiátrica cuando existe una necesidad de evaluación detallada en casos complejos, también cuando existen dificultades familiares que hacen imposible el tratamiento ambulatorio, cuando aumenta la agresividad o cuando existe la necesidad de cuidado y observación de enfermería las 24 horas”, explicó el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos Otero, en su ponencia al Senado.

La Resolución del Senado 146 investiga la prestación de servicios de salud en Puerto Rico, con un enfoque en el cierre de este hospital, que, según el presidente Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, levanta cuestionamientos sobre cómo la Administración de Seguros de Salud (ASES) supervisa la relación entre las aseguradoras y los proveedores de servicio.

“Nuestro conocimiento es que una combinación de factores, incluyendo términos contractuales de pago, baja ocupación y los efectos de la pandemia, fueron los elementos que incidieron en el cierre” indicó el director ejecutivo de ASES, Jorge Galva.

Sin embargo, las estadísticas indican que el problema de salud mental entre menores de edad ha sido agravado por la pandemia, creando una mayor necesidad a centros como el Centro de Salud Mental en Bayamón.

La Oficina del Procurador del Paciente (OPP) expuso que desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, Puerto Rico ha registrado un aumento en las consultas psicológicas, incluyendo las de menores de 18 años que presentan cuadros de ansiedad, depresión, irritabilidad y trastornos del sueño.

Incluso, en el periodo de 2019-2020, cuando inició la pandemia, hubo 854 llamadas por parte de menores de edad a la línea PAS de a Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (AMMSCA) por intentos de suicidio.

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico tildó de monopolización la empresa APS Healthcare, que se encarga de los servicios de salud mental.

“En Puerto Rico se gasta un promedio de $120 millones anuales en APS Healthcare. Este proveedor ha demostrado que no entiende los problemas apremiantes que existen de salud mental en Puerto Rico, y no tiene el interés de prestar los servicios de salud por los que se le paga”, denunció Ramos Otero.

La OPP encontró necesaria esta medida y que se haga la investigación lo antes posible.

“Apoyamos con carácter de urgencia que se generen los cambios necesarios hacia el fortalecimiento de un sistema de salud que propicie un completo bienestar físico, mental y social en todos nuestros pacientes, con un enfoque en los menores de edad”, manifestó la Procuradora del Paciente, Edna Díaz de Jesús.

La RS 146 ordena a la Comisión de Salud del Senado realizar una investigación abarcadora, sobre la prestación de servicios de salud en Puerto Rico, públicos y privados, incluyendo municipios, entidades gubernamentales públicas, entidades privadas, con o sin fines de lucro, sin limitarse a las organizaciones que son contratadas por el Gobierno para ofrecer servicios de salud; fiscalizar toda instalación de salud y programas gubernamentales, comunitarios, públicos y privados que ofrezcan dichos servicios y los servicios de salud física y mental que actualmente se ofrecen a la población médico indigente, al igual que todo asunto relacionado al COVID-19; incluyendo vacunas, tratamientos y ayudas ofrecidas.