El gobernador Pedro Pierluisi tiene sobre escritorio una medida que protege ese derecho a la libre expresión.

Arrestos, acusaciones y un ambiente de miedo es el que se genera en Puerto Rico cuando hay protestas, como está ocurriendo en Rincón por la construcción de la piscina en el Condominio Sol y Playa, ya que, con la ley vigente, se puede estar expuesto hasta tres años de cárcel.

Sin embargo, el Proyecto de la Cámara 2 busca, precisamente, abrir la puerta a que el derecho a la protesta sea protegido en lugar de criminalizado.

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“Yo favorezco este proyecto de ley porque hay que tomar en contexto que esta criminalización de la protesta es parte de unos cambios que vienen ocurriendo en Puerto Rico favoreciendo los intereses de la construcción y dirigidos, aunque no expresamente, a coartar los derechos de expresión”, planteó a NotiCel el experto en Derecho Ambiental, Pedro Saadé Lloréns.

El Proyecto de la Cámara 2 fue aprobado con 16 votos a favor en el Senado y 11 en contra mientras obtuvo 28 votos a favor, 19 en contra y cuatro ausentes en la Cámara de Representantes. Actualmente está a la espera de la firma del gobernador, Pedro Pierluisi, para poder ser implementado.

Protestas en Rincón

Según el licenciado, la construcción de la piscina en Rincón se está llevando a cabo en incumplimiento de las restricciones ambientales, precisamente porque no existe una ley que despenalice la protesta.

“Al hacer más difícil (el acceso a la protesta) y meter miedo a la gente también se hace más fácil que los permisos se otorguen sin cumplir con la ley y restricciones ambientales, como está pasando en esta construcción”, expuso Saadé Lloréns.

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De aprobarse la ley, y de encontrarse causa, ¿los arrestos efectuados serían anulados?, se le preguntó al también profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras.

“De aprobarse la ley no se pudieran llevar a cabo arrestos que coartan el derecho de expresión y objeciones a proyectos como este”, respondió, aclarando que puntualmente, acciones como obstruir la construcción, tendría que evaluarse individualmente.

Tiempo de que tome acción el Departamento de Desarrollo Económico

El experto en Derecho Ambiental hizo hincapié en que la responsabilidad de esta construcción ilegal no debe caer solo en el secretario del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Rafael Machargo, sino también en el secretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), Manuel Cidre.

“No es solo el DRNA, y fue el DDEC que violentó la normativa sobre planificación ambiental y permitió que se aprobara este proyecto ilegalmente”, reclamó el licenciado.

Este planteamiento surge debido a que el contrato pasó y se aprobó por una de las oficinas del DDEC y no se hizo una evaluación y planificación ambiental, tomando en cuenta que es una área importante de anidaje.

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Ayer, según informó el excandidato independiente a la Gobernación, la construcción de la piscina del condominio en Rincón fue detenida temporeramente por la Junta de Titulares del condominio.