Rafael ''Tatito'' Hernández insiste en incluir una enmienda que entorpezca asignar fondos a la delegación congresional y eliminaría facultades a la OGP.

Al cumplirse el plazo otorgado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes y el Senado intenta alcanzar un acuerdo que permita que ambos cuerpos aprueben el presupuesto esta noche.

El tranque entre las partes consiste en lenguaje que propone el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, para evitar que el Ejecutivo asigne fondos a los seis delegados por la estadidad, que deben iniciar funciones el 1 de julio.

También procura incluir lenguaje que eliminaría las facultades de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Esas disposiciones podrían provocar que la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) vote en contra de la resolución de presupuesto, que podría quedar aprobada entonces con el mínimo de los votos.

Ante el "impasse", Hernández Montañez y el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, solicitaron a la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, que extienda el periodo de aprobación del presupuesto hasta hoy a las 10:00 de la noche. Jaresko había concedido un término hasta las 6:00 de la tarde, pero aceptó la petición de extensión de tiempo.

Hernández Montañez y Dalmau Santiago, negociaron durante horas para conciliar sus diferencias que giraban esencialmente en torno a dos asuntos: la adopción de un lenguaje que impusiera al Ejecutivo alguna limitación en el manejo de las reasignaciones de presupuestarias, incluyendo la reprogramación de fondos para financiar a los seis cabilderos por la estadidad.

La semana pasada, el Senado aprobó un plan de gastos y ingresos para el Gobierno, que eliminó el lenguaje que la Cámara de Representantes insertó en la propuesta y que obligaba al Ejecutivo a procurar el visto bueno de la Asamblea Legislativa para realizar reasignaciones o reprogramaciones de partidas presupuestarias. Ese cambio, negociado entre la Presidencia del Senado y el Ejecutivo, provocó que la delegación del Partido Nuevo Progresista avalara el presupuesto y que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia se comprometiera a estampar su firma sobre la resolución.

Ese acuerdo enfureció a Hernández Montañez, quien el lunes informó que el cuerpo que presidía no concurriría con los cambios, iniciando así el proceso de negociación entre ambas legislativas.

Esa negociación inició luego que esta mañana, Hernández Montañez, Dalmau Santiago, y los presidentes de las comisiones de Hacienda de ambos cuerpos, Juan Zaragoza Gómez y Jesús Santa Rodríguez se reunieron con Jaresko para discutir el presupuesto general.

En ese encuentro, Jaresko rechazó la fuente de las partidas adicionales, como el fondo especial para los municipios, que el Senado aprobó en su versión del presupuesto, el recorte de $34.9 millones en la partida de gastos profesionales de la JSF y el lenguaje que imponía cortapisas al Ejecutivo porque añadía burocracia a los procesos gubernamentales y corría a contracorriente con el Plan Fiscal aprobado, explicó Zaragoza Gómez.

Desde la perspectiva de la funcionaria, ya la Ley federal Promesa exige al Ejecutivo procurar el visto bueno del ente fiscal para realizar reprogramaciones presupuestarias.

En su versión del presupuesto, el Senado estableció un fondo especial de $44 millones para los municipios. La mitad de esa cifra se sufragará con fondos sobrantes y los otros $22 millones saldrán de un recorte de $1 millón de 22 agencias.

Hasta el momento, todavía no se ha aprobado un informe del Comité de Conferencia, que trabaja para armonizar la versión del presupuesto aprobada por la Cámara y la versión avalada por el Senado.