El ente realiza otra serie de reuniones, en las cuales se adjudican los procesos y se toman las decisiones, pero son privadas. En esas reuniones tampoco se levantan minutas ni hay participación ciudadana.

El presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, Edison Avilés Deliz, aceptó que el ente, creado en el 2014 para fiscalizar la política pública energética en la Isla y quien decide si proceden los aumentos en la tarifa que propone la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para los consumidores, no es tan transparente a la hora de llevar a cabo su gestión y esperan la radicación de legislación para permitir la participación ciudadana.

Avilés Deliz expresó que, con el fin de cumplir con su deber legal de hacer públicas sus acciones, celebra una serie de reuniones y vistas que se transmiten a través de su canal de Youtube, a toda vez que hace disponibles documentos relacionados al proceso de análisis, reconciliación y notificaciones finales en su página web.

No obstante, el NEPR realiza otra serie de reuniones, en las cuales se adjudican los procesos y se toman las decisiones, pero son privadas. En esas reuniones tampoco se levantan minutas ni hay participación ciudadana, según la conclusión a la que llegó el senador Javier Aponte Dalmau, quien citó al NEPR a vista pública.

“Le aumentaron punto 81 centavos a los consumidores en un trimestre y el trámite completo para justificar el aumento tú no lo puedes seguir. Yo sé que es técnico, pero vamos a aclarar, si hay que enmendar la ley, vamos a enmendarla para que el pueblo pueda ver el proceso”, declaró Aponte Dalmau.

El pasado 31 de diciembre de 2020, el NEPR autorizó un aumento por kilovatio/hora de .81 centavos en la factura de los consumidores, peticionado por la AEE, pues la corporación pública alegó en ese entonces que calculó mal el costo del combustible durante los meses de septiembre a noviembre.

Avilés Deliz, por su parte, aseguró que entendía el planteamiento, pero debían evaluar si los cambios representarían un consumo de tiempo que no se tiene.

“Entiendo perfectamente y veo por dónde es que usted va. Queremos que ese proceso, abierto es porque es una vista pública, pero que haya una intervención. El pueblo puede verlo. Usted está diciendo un paso adicional, ‘quiero que la gente participe’. Lo que hay que evaluar es el tiempo que tenemos”, señaló Avilés Deliz.

A la AEE le toma alrededor de 14 días entregar los datos necesarios a la NEPR para que el ente evalúe un posible aumento tarifario. El ente tarda alrededor de dos semanas en analizarlos, según el Presidente. Ofreció como ejemplo que un aumento en el costo de energía eléctrica para los abonados que entre en vigor el 1 de enero, a lo sumo, debía estar aprobado el 31 de diciembre.

“La pregunta es cómo incluimos participación ciudadana sin que se rompa ese tiempo, de que tiene que salir el 31. Estamos bien cortos de tiempo”, reiteró Avilés Deliz.

En ese aspecto, explicó junto al comisionado auxiliar Ángel Rivera Cruz que los aumentos tarifarios no necesariamente se fundamentan en los meses más recientes, sino en los trimestres en los que se tienen datos completos. Es decir, en el caso del aumento aprobado el 31 de diciembre de 2020, no se consideró el consumo registrado en diciembre.

“Para que empiece el 1 de enero, el Negociado tiene que haberlo aprobado como tarde el 31 de diciembre. Al 31 de diciembre la Autoridad todavía está quemando combustible, porque no ha terminado, pero el mes más temprano que se tiene es noviembre, por tanto, tres meses hacia atrás, el más reciente que se tiene es el de noviembre, octubre y septiembre”, esbozó Rivera Cruz.

Aumento sospechoso

Durante la vista pública, Avilés Deliz insistió que el aumento pudo haber sido mayor, pero las determinaciones del NEPR lo detuvieron. Sin embargo, también se reveló que la evaluación sobre el cambio en la tarifa suponía haberse dado en septiembre. La impresión del senador Aponte Dalmau fue que la revisión no se efectuó cuando se debía para no influenciar el resultado de las elecciones generales.

“Yo creo que tenemos esta situación, que los trimestres ya están definidos y da la mala pata que un trimestre cae en noviembre. Una cosa que podemos legislar es que en año eleccionario esa reconciliación se haga cada seis meses”, sugirió Avilés Deliz.

Sin embargo, Rivera Cruz alertó que, de enmendarse de esa forma, pudiera haber un tipo de volatilidad en la factura.

La tarifa eléctrica se ajusta trimestralmente porque, de los cinco factores que la componen, tres de ellos se ajustan trimestralmente y dos de forma anual. Los factores son: Cláusula de Ajuste por Compra de Combustible, Cláusula de Ajuste por Compra de Energía y Cláusula de Subsidio de Combustible.

La tarifa, además, no se evaluó en septiembre porque ese mes la AEE entregó al Negociado unos estimados de costos exorbitantes. Aunque Avilés Deliz no lo catalogó como una acción adrede para posponer la evaluación de la factura hasta después de las elecciones, el funcionario confirmó que el NEPR mantiene una auditoría forense activa sobre la situación.

La evaluación se extendió hasta tres años antes para propósitos comparativos y Avilés Deliz reconoció —a insistencia de la prensa— que era una discrepancia notable.

“Ha habido discrepancias. No te podría decir con certeza (si es la más grande)”, declaró Avilés Deliz.

Avilés Deliz indicó que la auditoría está a cargo de la empresa Larkin & Associates, PLLC, una que el ente le ha otorgado cerca de $500,000 en contratos. El acuerdo vigente de esa empresa está bajo la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico.