Uno de los cambios propuestos por el PC 766 es retomar “de buena fe, en armonía, conforme la normativa y derecho aplicable, las negociaciones con los sindicatos de los nuevos convenios colectivos en o antes del 1ro de julio de 2021”.

El Proyecto de la Cámara (PC) 766, que busca reactivar las negociaciones de los convenios colectivos en el Gobierno de Puerto Rico, recibió más visiones encontradas de gremios sindicales, por lo que no tiene un consenso unánime que respalde su aprobación.

Para algunos, como la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), el proyecto de ley es importante porque extiende las protecciones a los trabajadores, pasado el 30 de junio de 2021, fecha en la cual finaliza la pausa en las negociaciones impuesta por la Ley 3 de 2017.

“Si este proyecto de ley no es atendido favorablemente, el 1 de julio del presente año los servidores públicos estarán desprovistos de un convenio colectivo por primera vez en 20 años”, alertó Víctor Bonilla Sánchez, presidente de la AMPR.

En el caso específico de la AMPR, la última vez que el gremio negoció con el Departamento de Educación fue en el 2016 unas 21 cláusulas de un total de 72. Esto quiere decir que le restan 51 por discutir.

Sin embargo, Jesús Anguita, representante del Programa de Solidaridad UTIER (ProSol-UTIER), argumentó que la medida, tal como está escrita, parece una réplica de la Ley 3, firmada por Ricardo Rosselló Nevares y aseguró para el récord que el proyecto de ley fue radicado por encargo.

El portavoz subrayó que “si no tuviéramos la Ley 3, estuviéramos negociando el convenio colectivo con las estrategias y formas que el colectivo entienda”.

La Ley 3, por ejemplo, pospuso las negociaciones hasta el 30 junio de 2021, lo que a su vez prohibió la presentación y celebración de elecciones para que los gremios elijan a su representación exclusiva ante el patrono. Uno de los cambios propuestos por el PC 766 es retomar “de buena fe, en armonía, conforme la normativa y derecho aplicable, las negociaciones con los sindicatos de los nuevos convenios colectivos en o antes del 1ro de julio de 2021”.

“Hay que definir lo que es buena fe, porque los patronos se recuestan de esa buena fe y creen que buena fe es cuando los patronos decidan”, indicó Anguita, cuya entidad representa a empleados del Instituto de Cultura Puertorriqueña, trabajadores municipales y jubilados, entre otros.

El representante Domingo Torres García, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, respaldó esa propuesta y reiteró que el PC 766 solo busca proteger a los trabajadores. Torres García es uno de los coautores de la medida, junto a los representantes Jesús Manuel Ortiz González, Jesús Santa Rodríguez y Juan Santiago Nieves.

Sin embargo, ProSol-Utier como entidad condicionó su respaldo a la medida a que se introduzcan enmiendas en el lenguaje para que se impida la radicación y celebración de elecciones de representación o de descertificación de un representante exclusivo de negociación, al igual que la Federación de Maestros (FMPR).

La presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez Padilla, planteó en una vista pública ayer que el proyecto de ley es “una contradicción”, ya que extiende cláusulas no económicas negociadas por los sindicatos para protegerlos, a toda vez que “se intenta coartar el derecho a la democracia participativa para que los trabajadores decidan quienes los representen”.

El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves Torres, compartió el sentir, al citar que “se convierte en un impedimento a la negociación colectiva”.

“No es viable negociar y estar en campaña o defendiéndose de una formulación de cargos para descertificar a la unión. Es como comer y ayunar simultáneamente. Primero ayuno y luego, en un tiempo prudente, comer”, señaló Nieves Torres cuando compareció el viernes.

No obstante, la Comisión de Asuntos Laborales acumuló el endoso al PC 766 por varios gremios sindicales, como la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR), la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y la United Auto Workers (UAW).

La FTPR, que representa a más de 40 mil trabajadores y trabajadoras en la Isla, respaldó el PC 766 porque entiende que la medida permitirá continuar con la representación sindical de los trabajadores organizados, así como la protección laboral en todos los aspectos fundamentales en los centros de trabajo, lo que incluye los procesos de quejas y agravios.