Thais Reyes Serrano enfrentó preguntas por un equipo de confianza lleno de exempleados del PNP en la Cámara de Representantes y por contratos que incluyen la hija del Secretario de Estado.

La designada a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), Thais M. Reyes Serrano enfrentó cuestionamientos por su preparación, investigaciones que supuestamente ignoró al llegar a la agencia y por la contratación de varias figuras vinculadas al Partido Nuevo Progresista (PNP) y allegados suyos en la vista que realizó el lunes la Comisión de Nombramientos del Senado.

ODSEC es lo que antes se conocía como la oficina de “comunidades especiales” y su director anterior fue Jesús Vélez Vargas, quien ejerció el cargo durante las administraciones de lo exgobernadores Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garced, quienes, como el actual gobernador, Pedro Pierluisi, son militantes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La designación de Reyes Serrano ya había provocado atención pública debido a que para las elecciones sirvió como secretaria interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), nombrada por el excomisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, y porque para su primera reunión con Vélez Vargas, documentada en redes sociales, fue acompañada por el coordinador electoral del PNP, Edwin Mundo.

Además, porque las designaciones de su equipo de confianza provenían del equipo que había tenido en la Asamblea Legislativa, único lugar donde se había desempeñado profesionalmente, específicamente bajo el ala del expresidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, lo que fue objeto de preguntas y comentarios de varios senadores.

Al asegurar que había dejado “a un lado la evaluación política” al examinar a los integrantes de su equipo de confianza, explicó que “hemos compartido espacios laborales por 18 años, eso no debe ser obstáculo para descualificarlos”.

Los nombramientos incluyen Luis Ezequiel Pérez Rodríguez, hijo del representante PNP, Luis “Junior” Pérez; Carlos Hernández González, exdirector de Propiedad en la Cámara; Gladys Maldonado Albino, exsecretaria de Méndez Núñez; Marina Miranda Ruiz, exdirectora de programación de Méndez Núñez; Itza López Rodríguez; exsecretaria de Reyes Serrano cuando fue directora de la Comisión de Gobierno de la Cámara; y Marlandy Hernández Velázquez pareja de su hermano. A una pregunta directa de si había contratado a familiares, Reyes Serrano dijo que no, sin particularizar sobre Hernández Velázquez.

Algunos del equipo de confianza estuvieron presentes en la vista, y también otros asesores como Angélica Carmona, exdirectora de la oficina de Méndez Núñez; Víctor Calderón Cestero, exasesor legal de Méndez Núñez; y José Giovanni Ojeda Rodríguez, esposo de la exasesora de La Fortaleza, María Palou Abasolo. La madre y el hermano de la designada, así como los líderes comunitarios Jorge Oyola, Luis Crespo y Olga Villas, y la alcaldesa de Vega Alta, María Vega, también estuvieron en la lista.

El senador Rubén Soto le pidió información sobre algunas contrataciones que había realizado, como de la compañía Olympic Performance LLC, de Deborah Seilhamer Anadón, hija del secretario de Estado designado, Lawrence Seilhamer. “Es un servicio importante”, dijo Reyes Serrano al detallar que trabajan con “hacer más ágiles los desembolsos” y con “clínicas deportivas en comunidades”. Según el Registro del Contralor, los contratos de Olympic con ODSEC corren desde el 2018. También se le cuestionó por Ocasio Law Firm, del exdirector de escrutinio en la CEE, Ferdinand Ocasio.

Soto también preguntó por al menos dos investigaciones internas que estaban en curso cuando Reyes Serrano llegó a la agencia, por la compra de un generador y por mal manejo de propiedades del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, que la designada no terminó ni refirió a las autoridades. “Ella fue bien esquiva… por lo que vimos ahí, no está capacitada para dirigir la agencia”, comentó Soto después de la vista al indicar que estaba recibiendo más información sobre el funcionamiento de la oficina que se referirá a la Comisón y al presidente, también presidente del Senado, José Luis Dalmau. Por designación del Gobernador, el nuevo presidente del Fideicomiso es el exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz.

A preguntas de la senadora Marially González Huertas sobre si tenía preparación en autogestión comunitaria, la designada admitió que no pero planteó que ser damnificada del huracán María, en el que perdió la casa de su familia en Toa Baja, y el contacto que tuvo con comunidades en la Legislatura le dan la “voluntad, sensibilidad y visión” para ejercer el cargo.

La senadora Joanne Rodríguez Veve, sin embargo, criticó que de la ponencia no se denotara un proyecto “para en efecto reducir la pobreza en Puerto Rico a través de un plan bien diseñado”. “Los invitaría a ser un poco más científicos en la otorgación de los recursos”, añadió a lo que la designada apuntó a que buscan integrantes para el consejo asesor de Comunidades 2050, un proyecto de reducción de pobreza que estaba incluido en la ponencia.

Los senadores González Huertas, Soto y Ana Irma Rivera Lassén plantearon las preguntas de mayor fiscalización a la gestión y posturas de la designada, mientras que la senadora Gretchen Hau, presidenta incidental de la comisión, y José Vargas Vidot elogiaron a la licenciada. Hau, específicamente, porque están colaborando en un proyecto suyo (P del S 190) sobre familias de comunidades especiales alojadas en alquileres temporeros que, aunque ya había sido enviado a la firma del Gobernador, la Legislatura solicitó al mandatario el viernes pasado que lo devolviera.

Reyes Serrano no pudo contestar de inmediato, o no tenía la información a la mano, sobre temas como la preparación que tienen los directores regionales de la agencia, planes para reducir la brecha digital y que la tecnología esté más accesible a las comunidades, inventario de propiedades, o títulos de propiedad.

“Conmigo no se hizo una transición formal”, dijo más de una vez al acusar que el exdirector, Vélez Vargas, no era responsivo a sus intentos por comunicarse con él cuando allegó a la agencia y que por eso recurrió a que Mundo fuera puente de comunicación entre ambos. Sin embargo, en el portal electrónico de la transición en la Rama Ejecutiva consta que la ODSEC sometió todos los documentos de transición que le requiere la ley.

Reyes Serrano subrayó también que la agencia no tiene estados financieros listos desde 2019, que no había un inventario digitalizado, había “falta de comunicación efectiva” entre la gerencia y empleados, y no había sistema de seguridad informático. Reyes Serrano pidió a los legisladores más presupuesto par aumentar su plantilla actual de 65 empelados y que la eximan de cumplir con la ley de la Administración de Servicios Generales (ASG) que busca centralizar las compras a través de esa agencia. “Me diluyen”, se quejó en cuanto a ASG. “No puedo caer en las manos de una agencia tan grande con la burocracia de ASG”, insistió al explicar que necesita ser más ágil y hacer subastas informales para poder “resolverle a las personas”. Como directora de la Comisión de Gobierno el cuatrienio pasado, Reyes Serrano tuvo a su cargo la tramitación del proyecto que creó este sistema de compras centralizado.

Hoy, la isla tiene oficialmente 765 “comunidades especiales” de las cuales 282 están organizadas con su liderato. Al inicio del proyecto, en 2001, eran 628. Reyes Serrano aseguró que ya no hay espacio para añadir comunidades, pero la ley tampoco permite sacar comunidades.

Para ver la ponencia de Reyes Serrano, pulse aquí.

Vea:

La Cámara de “Johnny” Méndez, con Edwin Mundo, consolida control en Comunidades Especiales

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