La ley establece que la Oficina de Gerencia y Presupuesto primero debe confirmar las economías logradas con el DSP y el propio Comité tiene que garantizar que el Departamento está listo para operar.

La creación del Departamento de Seguridad Pública (DSP), agencia sombrilla que agrupa a las siete agencias del componente de seguridad en la Isla, vino acompañada de un comité que debía garantizar una transición rápida y efectiva y que estableciera los parámetros para la reubicación de empleados, pero el ente existió por poco tiempo y no completó sus tareas.

Al presente, ya uno de los negociados que forma parte de la sombrilla —Ciencias Forenses— cuenta con una ley que autoriza su independencia y está en proceso de emanciparse nuevamente, a toda vez que en la Cámara de Representantes se evalúa desmembrar al DSP, precisamente por haber fracaso en sus labores.

“No voy a entrar en detalles sobre las ejecuciones de pasados Secretarios. Cuando yo llego, por experiencia en 28 años evalúo un proceso y el sinnúmero de áreas administrativas. Yo le puedo decir que ese particular no estaba”, aseguró Alexis Torres Ríos, secretario actual del DSP, durante una vista pública de la Cámara de Representantes.

La ley orgánica del DSP (Ley 20 de 2017), en sus artículos 1.13 y 1.14, creó un Comité Ejecutivo de Seguridad con el propósito de completar la integración plena del Departamento y sus Negociados, diseñar el sistema fiscal y las guías operacionales para la administración de los recursos económicos y asegurar la transición de los fondos federales asignados a las agencias que componen la agencia sombrilla, entre otras tareas.

El comité está adscrito a la Oficina del Gobernador y suponía rendirle informes tanto al Primer Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa cada 60 días.

El secretario Auxiliar de Administración del DSP, José Luis Jiménez Domenech, abundó que el Comité Ejecutivo se reunió durante el huracán María en septiembre de 2017, en las instalaciones del Banco de Desarrollo Económico.

“Estaban el secretario [Héctor] Pesquera, Wanda Vázquez como secretaria de Justicia y otros funcionarios del Gobernador. Fue entre el 2017 y el 2019, [pero en este momento] no existe”, declaró Jiménez Domenech.

Las declaraciones llevaron al representante Ramón Luis Cruz Burgos a concluir que sin la presencia y el trabajo del Comité no se puede continuar con la consolidación de los negociados dentro del DSP, pues la ley establece que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) primero debe confirmar las economías logradas con el establecimiento de la agencia y el propio Comité tiene que garantizar que el Departamento está listo para operar.

Durante la vista, Cruz Burgos reiteró su posición de eliminar el DSP, pues al cabo de cuatro años de haberse implementado la Ley 20, no ha presenciado los ahorros y resultados prometidos.

“Mi posición en contra del Departamento no se basa en una posición contra el Secretario, sino en que es una sombrilla burocrática en la que las distintas dependencias gubernamentales tienen la capacidad autónoma de liderar sus propias operaciones de manera independiente. Llevamos cuatro años en este proceso y no hemos visto un cambio para el pueblo de Puerto Rico’’, subrayó Cruz Burgos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología.

En su ponencia, el Secretario del DSP se opuso a la eliminación de la agencia sombrilla, pues su meta es unificar todas las agencias en una academia para el próximo año. A preguntas de Cruz Burgos, señaló que el proceso de integración total tomaría entre 12 y 18 meses.

En cuanto a los ahorros, Torres Ríos confesó que la agencia sombrilla aún no han podido concretar alguna reserva y, aunque se requiere reclutar personal, han utilizado sobrantes de de ese renglón para pagar deudas para evitar que el gobierno central los reprograme a su manera.