Uno de los problemas presentados por la Oficina de Antelación al Juicio es la inestabilidad en la señal inalámbrica de los dispositivos en personas que viven en la zona montañosa de la Isla.

De 1,518 personas con grilletes electrónicos en Puerto Rico, 495 de esos casos corresponden a casos de violencia de género, según Janet Rodríguez Robles la directora del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).

La información fue ventilada en una vista pública ante la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes, presidida por Ramón Luis Cruz Burgos, quien reconoció el Estado de emergencia por violencia de género decretado en Puerto Rico y la urgencia por resolver cualquier factor que entorpezca o ponga en peligro las vidas de las mujeres.

De acuerdo a Rodríguez Robles, algunos de los casos son de contacto periódico y otros son de supervisión electrónica. De esos 495, que todos corresponden a la Oficina de PSAJ, un total de 449 son hombres y los 46 restantes son mujeres. De la misma manera, las mujeres pueden optar por recibir una alerta a sus celulares si el sistema detecta una violación en los parámetros establecidos de distancia, pero no todas lo aceptan.

“Muy pocas. Se les ha ofrecido, pero muchas de ellas no acceden. Siempre se les ofrece y ahora a través del programa SABER, van directamente a ofrecer el programa”, expresó Rodríguez Robles.

Uno de los problemas presentados por Rodríguez Robles durante la vista pública fue la inestabilidad en la señal inalámbrica de los dispositivos en personas que viven en la zona montañosa de la Isla. Es decir, se pierde la señal de los grilletes y, por tanto, no se tiene certeza sobre el paradero de esa persona.

La directora explicó que el PSAJ cuenta con dos tipos de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, en inglés).

El primero se usa para casos por Ley 54 de Violencia Doméstica y monitorea la localización real de la persona imputada con una cobertura 4G. El segundo sistema, por otra parte, se emplea en los demás casos, como actos violentos, la libertad supervisada de exconfinados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y otros delitos. Este último es conocido como “Shadow”. Ambos sistemas operan bajo la empresa Track Group, cuyo contrato finaliza en junio.

Cruz Burgos concluyó que si el GPS no funciona, habría que buscar un mecanismo y protocolo alterno. Si el GPS falta, es “a sudor, de ir casa por casa” a revisar el cumplimiento de las personas con grillete, según funcionarios de PSAJ.

Según la deponente, hay 72 personas que laboran en tres turnos las 24 horas para monitorear el total de 1,518 casos de supervisión electrónica, divididos entre 1,469 hombres y 49 mujeres.

“Nosotros estamos muy dispuestos en cumplir con nuestro servicio. Sin embargo, muchas veces, no nos da tiempo ni para tomar la hora de almuerzo. Muchas veces comemos en la computadora”, aseguró el agente Alberto Bermúdez, adscrito a la división de Monitoreo Central del PSAJ.

El programa necesita empleados en las regiones de Mayagüez, Aguadilla, Guayama, Ponce y Arecibo, lo que ayudaría a una rotación de trabajadores y evitar la “fatiga humana”, como planteó el representante Denis Márquez Lebrón.

De acuerdo a la Directora del programa, esa rotación de empleados solo puede lograrse cuando existe un relevo disponible en otra región.

“Ningún sistema es infalible, pero ahora mismo necesitamos más personal para incrementar la efectividad de nuestras funciones”, argumentó Rodríguez Robles.

La vista pública surge de la Resolución de la Cámara 240 para conocer “con carácter de urgencia” el funcionamiento del sistema de monitoreo electrónico del PSAJ y la Resolución de la Cámara 93.