Desde el desconocimiento sobre cuánto paga cada plantel en agua y luz, hasta la falta de comunicación interagencial se ha destapado la desorganización que permea tras el cierre de escuelas.

El cierre de cientos escuelas el pasado cuatrienio, que suponía redundar en ahorros millonarios para el Gobierno de Puerto Rico, no solo ha incumplido con esas proyecciones económicas, sino que no existe certeza sobre los criterios utilizados para ordenar las clausuras y el traspaso de los planteles es uno burocrático, a ciegas de quienes ostentan la titularidad de las estructuras.

El entramado de dudas e incumplimiento se manifestó en el Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico, certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), así como a lo largo de una extensa vista pública ante la Comisión de Educación, Turismo y Cultura por la Resolución del Senado (RS) 9, que investiga el destino, uso, administración y estado de las escuelas públicas cerradas entre enero de 2011 y enero de 2021.

Desde el 2011, en Puerto Rico se han cerrado 639 escuelas, y 438 de ellas fueron cerradas entre el 2017 y el 2018, producto de una política pública específica de cierre, según el senador Rafael Bernabe Riefkohl.

“Cierre de escuelas ha habido siempre, eso no es raro ni objetable. Pero hay un momento dado en que se adopta una política distinta, mucho más intensa, de efectivamente evaluar toda la situación del Departamento con el objetivo de identificar una serie de escuelas que van a cerrar”, apuntó Bernabe Riefkohl.

Aunque los cierres de escuelas debían regirse por una serie de criterios establecidos en Cartas Circulares del Departamento de Educación, la decisión final recaía en la secretaria de Educación —en ese tiempo la acusada federal Julia Keleher—, basada en las recomendaciones de unas mesas de trabajo regionales.

Es por eso que, según la licenciada Yaitza Maldonado Rivera, secretaria auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública de Educación, la posibilidad de futuros cierres debe preguntársele a quien ocupe la jefatura de la agencia.

“Sería irresponsable de nuestra parte decir si el Secretario o la Secretaria implantaría una política de cierre de escuelas. Entendemos que no”, respondió Maldonado Rivera.

A preguntas de la senadora Ada García Montes, la licenciada Maldonado Rivera afirmó que la secretaria nominada de Educación, Magaly Rivera Rivera, participó en las mesas de trabajo que encaminaron el cierre de 20 de las 183 escuelas en la región de Bayamón en el año fiscal 2017-2018. En ese momento, Rivera Rivera laboraba como directora regional.

Entre los criterios para cerrar las escuelas se encontraba un análisis de tres a cinco años del desempeño del plantel, el estado de su infraestructura y si había una escuela receptora disponible para absorber esa matrícula y no perjudicar los servicios. La senadora García Montes solicitó copia de las minutas de las reuniones de esas mesas de trabajo, para conocer si se siguieron las especificaciones.

Los directivos de la Asociación de Maestros de Puerto Rico y la Federación de Maestros reiteraron que no fueron invitados a esas reuniones.

El Plan Fiscal, certificado la semana pasada, confirma que los cierres de escuelas no han logrado los ahorros esperados, a toda vez que no recomienda cierres adicionales. Sin embargo, señala a 485 escuelas públicas como “ineficientes” porque tienen una baja cantidad de estudiantes en comparación con el número de empleados docentes y no docentes. Ante eso, recomienda una reducción de nómina.

Para ver el Plan Fiscal, presione aquí.

Venta y traspaso sin visibilidad

La política de cierre de las escuelas llegó acompañada de la injerencia del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) en el manejo de las solicitudes de traspaso de esos planteles.

Aunque el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) es el custodio del título de los bienes del gobierno, la agencia desconoce cuántas solicitudes se tramitan para el traspaso de escuelas.

“Desafortunadamente con el CEDBI se convirtió en más escalones de burocracia. Mi oficina se entera que se está trabajando una transacción de una o dos formas: nos llega la resolución o nos llega comunicación que pide título de propiedad. Si usted me pregunta hoy cuántas solicitudes está trabajando el CEDBI, yo no le puedo decir”, describió José Torres, director de la Oficina de Administración de Propiedades en el DTOP.

Torres abundó que desde el CEDBI recibe correos electrónicos con peticiones de información, pero no vienen acompañados de nombres o detalles de quién maneja la cuenta o hace el pedido.

El CEDBI está compuesto por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Según Torres, otras personas integran el equipo de trabajo, uno que supone reunirse una vez al mes por ley.

“[El CEDBI] hay que implosionarlo. Nosotros pasamos por muchos dolores de cabeza. El protocolo es demasiado burocrático. No sé si sigue así, pero tenías que pasar por un comité de La Fortaleza, del comité de La Fortaleza tenían que evaluar la propuesta, los papeles iban y venían”, narró, por su parte, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, quien también depuso en la vista pública.

Desde el 2011, en Loíza se han cerrado cuatro de las 11 escuelas que tenía el municipio, pero según Nazario Fuentes las clausuras no se dieron de forma atropellada porque la comunidad formó parte del proceso. Los planteles ahora albergan proyectos comunitarios con diferentes enfoques.

En el caso de Vega Baja, el alcalde Marcos Cruz Molina resumió que de las 14 escuelas elementales cerradas, dos fueron entregadas a iglesias y otras dos a instituciones educativas privadas. Las diez escuelas restantes son estorbos públicos, han sido vandalizadas y continúan en desuso.

Ambos alcaldes indicaron que las solicitudes en La Fortaleza debían ser dirigidas a la arquitecta María Palou Albasolo.

A preguntas de las Comisión, AAFAF alegó desconocer cuántas solicitudes hay para traspasar escuelas, porque esos datos los tiene CEDBI. Según los números presentados por Ricardo García Pastrana, el gobierno ha generado $20.1 millones en la venta de 45 planteles. Un total de 33 de esas 45 escuelas fueron vendidas a entidades privadas.

Entre los compradores del sector privado se encuentran la Fundación Banco Popular, la Academia Presbiteriana en Carolina y Shaddai Christian Academy. Las 12 escuelas restantes fueron vendidas a municipios, como Caguas y Canóvanas.

Por otra parte, hay 186 escuelas arrendadas. Unas 99 de ellas son alquiladas por los municipios y 85 por entidades privadas.

A preguntas de María de Lourdes Santiago Negrón —autora de la RS 9—, AAFAF no pudo especificar el monto por el cual se rentan los planteles.

“Las escuelas se alquilan a un dólar y ese es el número que AAFAF no se atreve a exponer ante el país”, sentenció Santiago Negrón.

Las cerradas están abandonadas

Las escuelas cerradas que no han sido traspasadas están abandonadas, ya que ninguna agencia se ha hecho responsable por su mantenimiento.

Según el DTOP, el 6 de noviembre de 2020 se tramitó una carta a Educación en la cual se estipula que el mantenimiento de los planteles cerrados le corresponde a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) o a la Oficina del Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), según la Reforma educativa. No obstante, y ante la insistencia de las comunidades, DTOP recorta las áreas verdes, pero no es una labor constante porque no tienen fondos asignados a esos fines.

Hasta lo que conoce la agencia, según la abogada Mariamelia Sueiro, ayudante especial de la Secretaria en asuntos legislativos del DTOP, ni Educación ni su secretario Eligio Hernández Pérez no contestaron esa misiva.

Miguel Colón, director de OMEP, informó que esa entidad tiene jurisdicción sobre 526 de las 639 escuelas cerradas, pero recalcó que le tocaba al DTOP darles mantenimiento.

Por otro lado, Gustavo Mesa, director de la Oficina Servicios Auxiliares, explicó que el cierre de escuelas ha redundado en una baja en la factura de las utilidades, pero la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) cobran a nivel global y no mediante un desglose individual por plantel.

“El Departamento de Educación recibe una factura global de energía y luz. Hemos tenido reuniones presenciales con ellos y les exigimos que traten de enviar una factura a cada escuela, para nosotros empoderar a ese director de escuela para que sepa cuánto paga en agua y en luz y eso no ha sido posible”, exclamó Mesa.

Para el año fiscal 2017-2018, según su desglose, Educación pagaba $53 millones por energía eléctrica, cifra que se redujo a $47 millones en el 2018-2019 y a $40 millones en el 2019-2020. En el año en curso, 2020-2021, se proyecta que la factura será de $24 millones. Sin embargo, Mesa no especificó si esos totales fueron influenciados por la cancelación de cursos presenciales tras los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia del COVID-19.

“Hasta ahora el DE no está pagando ni un centavo por agua y luz por una escuela cerrada”, aseguró Mesa, quien además afirmó que si una escuela cerrada continúa con servicio de agua potable y energía eléctrica, es porque AEE y AAA no han ido al plantel a suspenderlo.

Las declaraciones de Mesa también rechazan lo dispuesto en el Plan Fiscal que alude a un pago continuo en exceso por parte de Educación en servicios de agua potable y energía eléctrica en planteles cerrados.