Los efectos del huracán María y años de negligencia en el mantenimiento pasan factura sobre la estructura histórica.

El edificio que hace un siglo se consideró como la única representación física de lo que se llama "Gobierno de Puerto Rico" está cayéndose en pedazos por efectos del huracán María y años de negligencia en su mantenimiento, requiriendo trabajos urgentes para preservar la estructura y la seguridad de sus visitantes que suman $25 millones.

NotiCel constató el deterioro en un recorrido con el nuevo Superintendente, el exlegislador César A. Hernández Alfonzo, y en una evaluación pericial hecha en febrero del año pasado, sobre la cual el exsuperintendente, José Jerón Muñiz Lasalle, no tomó acción. Tampoco hubo acción sobre recomendaciones de la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH) que se le remitieron en 2018.

Hay múltiples placas de mármol desprendidas; molduras de terracota rotas, agrietadas y desprendidas; marcos de ventana en los que la varilla se oxidó y rompió la capa exterior; filtración de agua entre placas de mármol; desprendimiento de una pieza del pedestal en la terraza; columnas desplazadas, mármol partido y descuadre en las puertas que representan simbólicamente los distritos de Arecibo, Ponce y Humacao; pilastras desplazadas; molduras del mármol que se han "borrado" con el embate del viento y el agua; y piezas de drenaje pluvial de mármol que perdieron su anclaje y cayeron al piso, entre otras observaciones.

El informe pericial expresa su mayor alarma con las condiciones de las ornamentos de terracota, piezas que algunas tienen propósito decorativo pero en otros casos también tienen funciones estructurales, que se encuentran en los bordes de toda la fachada principal de la estructura. Las piezas se han agrietado, roto y caído al vacío en áreas donde normalmente se ubican vehículos u ocurre tránsito de personas.

"[E]ntendemos que el sistema de anclaje está comprometido estructuralmente, y que esta condición requiere el remplazo (sic) de este sistema por uno nuevo", indica el informe de TecnoMármol, Inc., suplidor especializado, que se basó también en la evaluación de Carrasquillo Engineering Services Group PSC. Ese informe de ingeniería dice que el daño de las piezas representa "una amenaza inmediata a la seguridad del público y los empleados".

"Lo más que me preocupa es el desprendimiento de las cornisas... vamos a poner que caiga encima de un carro o dañe a alguien, eso sería devastador, para mí como persona, pero para el país también", comentó el Superintendente al comparar el riesgo con la muerte de un turista por una piedra que se desprendió en el parque de las Cavernas de Camuy.

La recomendación pericial de emergencia es colocar andamios alrededor de las áreas afectadas para evitar que las piezas caigan y también para que el soporte estructural que proveen algunas de las piezas se desplace a los andamios, pero la falta de recursos probablemente lleve a que solo se coloquen mallas de seguridad que sostienen las piezas si alguna cae, pero no dan apoyo estructural.

Hernández Alfonzo ha dirigido dos cartas a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pidiendo ayuda financiera. Una de abril para obtener $16 millones para los arreglos iniciales en la estructura y fachada, incluyendo los ornamentos, y otra para los $4.7 millones en deudas de las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y Acueductos y Alcantarillados (AAA) y los pagos de liquidación que la administración pasada dejó en deuda sin fuente de pago. No ha recibido respuesta de ninguna y ahora se mueve a solicitar fondos al gobierno central, a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y a la Oficina de la Comisionada Residente para capturar dinero que puede salir de las partidas de recuperación del huracán o a las nuevas asignaciones de infraestructura de la Administración Biden.

"Hago un llamado al que quiera ayudar, que se una", apuntó.

A pesar de que su misión principal es la preservación de las instalaciones físicas que pertenecen a la Asamblea Legislativa, conocido como Distrito Capitolino y que abarca 15 edificios, el presupuesto de la Superintendencia no tiene una partida fija para fondos de mejoras permanentes. En vez, usualmente las mejoras se han sufragados con asignaciones que hace la Asamblea Legislativa mediante resoluciones.

Hernández Alfonzo desglosó que, por encima de los $16 millones, hacen falta aproximadamente $9 millones para cubrir gastos como reemplazo de las unidades de aire acondicionado ($1.5 millones), cambios de ventanas y puertas, sistemas de seguridad y reparaciones en los otros edificios del distrito. Una de las unidades de aire del techo colapsó la semana pasada, por lo que ya el sótano y partes bajas del Capitolio tienen problemas de recibir aire refrigerado, aseguró. En el recorrido, se pudieron observar unidades de aire que siguen colocadas en el techo aunque no funcionan y también de anclajes y bases de metal de unidades de aire que están hechos polvo por la corrosión que se acelera con el salitre.

El desgaste crítico al que ha llegado el Capitolio ocurrió aunque la Superintendencia ha gastado unos $126 millones en contratos los últimos 12 años, según el registro de la Oficina del Contralor ($39.5 millones entre 2009 y 2912; $66.3 millones entre 2013 y 2016; y $19.9 millones entre 2017 y 2020). Tan solo en la empresa Julissa Casting, encargada de la mayoría de las estatuas de próceres, gobernadores, presidentes y gallos que se han ido multiplicando alrededor y dentro del Capitolio, se han gastado $11.4 millones en contratos entre 2009 y 2018, según la Contraloría.

De acuerdo a registros oficiales, el Capitolio ha sido objeto de mejoras sustanciales en 1985, 1990, 1992, 1993, 1997, 1998, 2003 y 2015, cuando se aplicó una capa de protección al mármol que el huracán desapareció completamente tan solo dos años después, se indica en la evaluación pericial.

En la transición con la administración del cuatrienio pasado, cuando la Superintendencia estuvo bajo el mando del Senado, no se produjo ninguna información significativa de casi nada, mucho menos de los planes y mejoras, aseguró el nuevo Superintendente. "Si no fuera por la persona que estaba allí trabajando como ingeniera, que ella ha sido la que nos ha podido recuperar la información, más los empleados que llevan mucho tiempo allí, que nos han estado dando información (no tendría nada)", subrayó.

De hecho, el Superintendente se enteró por NotiCel de las evaluaciones que había hecho la OECH y de que, entre 2008 y 2012, la Superintendencia extendió contratos por valor total de $440,000 a Alan Hantman, quien se desempeñó como Arquitecto del Capitolio federal, para que realizara por lo menos tres inspecciones anuales y asesorara al entonces Superintendente, Eliezer Velázquez Quiles, sobre diseños y mejoras al edificio. Velázquez Quiles fue el superintendente que, según la Contraloría, en esos mismos años estuvo al tope de un esquema de fraude que involucró a 16 empleados de la dependencia y costó al menos $3 millones en fondos públicos.

Los contratos de Hantman no tienen anejada su propuesta y en la Superintendencia no parece haber registro de sus recomendaciones, pero por la evaluación de la OECH se conoce que el Plan Maestro del Distrito Capitolino preparado por V Architecture y Perkins + Wil contempla la demolición de siete de los 15 edificios bajo el distrito y de otros cuatro que, aunque no están en el distrito, están cerca del mismo en Puerta de Tierra. El jefe de la OECH, Carlos Rubio Cancela, observó en la comunicación de agosto de 2018 que algunas de las estructuras que se propone demoler son de carácter histórico y recomendó "priorizar el rescate y transformación del Paseo de Covadonga, (y) la explanada (mall y Plaza de Puerto Rico)".

La figura del Arquitecto del Capitolio federal, que en un momento se llamó Superintendente, existe desde 1793 y actualmente comprende una oficina con autonomía presupuestaria y con 2,000 empleados dedicados al mantenimiento del Capitolio, edificios congresionales y el Tribunal Supremo federal. El presidente designa al arquitecto jefe de la oficina a un término de 10 años de una terna recomendada por comité congresional y con el consejo y consentimiento del Senado. En Puerto Rico, la Superintendencia se convirtió en dependencia formalmente separada de la Asamblea Legislativa desde 1977, pero su presupuesto viene del de la Asamblea y la designación de su jefe es exclusivamente de la confianza de los presidentes de los cuerpos, que se turnan el nombramiento cada cuatro años.

El actual Superintendente aceptaría cambiar la función de su oficina para asemejarla a la del Arquitecto del Capitolio con un término más amplio y presupuesto para un cuerpo fijo de profesionales y especialistas en conservación. Como ejemplo del "limbo" en que está la Superintendencia en algunas de sus responsabilidades, detalló que los terrenos en los que se han construido varias plazas recientemente están traspasados del Municipio de San Juan a la Superintendencia mediante ley, pero no se ha hecho el trabajo legal de escritura y presentación en el Registro de la Propiedad para formalizarlo.

"Uno puede estar de acuerdo, o no estar de acuerdo, con los inquilinos del edificio, pero ese edificio representa al pueblo de Puerto Rico, representa la evolución de un país y está plasmado en los detalles de la estructura, sus plazas y sus áreas verdes", reclamó.

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