Según la Oficina de la Comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), entre el 2017 y septiembre 2020 se realizaron 12,788 ejecuciones de sentencia en casos de hipotecas sobre residencias, de acuerdo a la medida.

Ante la incidencia continua de huracanes y terremotos, sumados a la pandemia del COVID-19 y la crisis económica, a las familias puertorriqueñas les urge contar con mecanismos que les protejan de desalojos durante el golpe inicial de los desastres, según la organización Ayuda Legal.

La entidad propone la aprobación de la “Ley contra Desalojos ante Desastres”, a los fines de adoptar medidas de emergencia que detengan las acciones de desalojo por falta de pago en casos de ejecuciones de hipoteca y arrendamiento, proyecto de ley que presentó ante la Asamblea Legislativa y que es atendida en la Cámara de Representantes mediante el PC 488 y el Senado, a través del PS 199.

“Contrario a lo que sostienen algunos sectores, ninguna persona pierde la casa porque quiere. La gente deja de pagar su renta o hipoteca luego de dejar de comer. Quien no puede pagar hoy porque se ha quedado sin empleo o ha visto sus ingresos disminuidos, tampoco lo podrá hacer el próximo mes. Eso es más cierto aún cuando el 43 por ciento de quienes tienen hipotecas y el 45 por ciento de quienes alquilan invierten más de una tercera parte de su ingreso en la casa y no cuentan con reservas para mitigar el impacto económico del desastre”, exclamó la licenciada Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal.

Según la Oficina de la Comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), entre el 2017 y septiembre 2020 se realizaron 12,788 ejecuciones de sentencia en casos de hipotecas sobre residencias, de acuerdo a la medida.

Como está escrito, el proyecto de ley dispone que las personas tendrían una moratoria de pago por tres meses o hasta que la declaración de emergencia o desastre mayor sea derogada y para solicitarla será suficiente que el deudor presente una declaración jurada en que confirme su necesidad. De acuerdo a Godreau Aubert, tres meses es un tiempo mínimo y de consenso, pero los efectos de las emergencias, como es conocido, se extienden por más tiempo.

“También es de poco conocimiento acerca de la prohibición de la ley CARES a los desahucios por falta de pago en ciertos proyectos multifamiliares y aquellas propiedades que tuvieran una hipoteca garantizada por el gobierno federal. La falta de política pública clara que promueva este tipo de moratorias y acciones protectoras abona a esta situación”, añadió Godreau Aubert durante una vista pública ante la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda del Senado, quien además subrayó la necesidad de legislación protectora a nivel local que no dependa de agencias federales.

La entidad ha acudido a vistas públicas en el Capitolio en dos ocasiones, una para cada cámara legislativa. La versión que evalúa la Cámara de Representantes cuenta con coautores de diferentes partidos y contiene un lenguaje similar. Ya la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, presidida por el representante Ángel Fourquet Cordero, celebró una primera vista pública, también con Ayuda Legal como deponentes.

Las abogadas comunitarias de Ayuda Legal, Verónica Rivera Torres y Verónica González Rodríguez, por su parte, destacaron que las múltiples emergencias que ha enfrentado la Isla ha ayudado a que las personas estén mejor informadas sobre los procesos hipotecarios, no obstante, las organizaciones no dan a basto con el nivel de necesidad de asesoría legal, consejería, representación y ayuda asequible en estos procesos.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda del Senado, Migdalia González Arroyo, aseguró que favorecía el proyecto.

“Creo que esta iniciativa de Ayuda Legal atiende las necesidades del pueblo puertorriqueño, especialmente en tiempos de desastres que visibilizan vulnerabilidades del país, es deber de la legislatura de trabajar para quien más lo necesite”, exclamó González Arroyo.

El Colegio de Profesionales de Trabajadores Sociales de Puerto Rico fue citado a la vista pública, pero se excusó. González Arroyo permitirá que quienes interesen expresarse sobre la medida acudan a la comisión, pero no vislumbra que el proceso de vistas públicas se extienda, ante la necesidad de llevar la medida a votación por la cercanía de la temporada de huracanes.