Los líderes legislativos consignan su rechazo a dicha práctica en medio del debate que ha generado un proyecto que busca prohibirla.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, se expresó hoy en contra de las llamadas terapias de conversión, mientras que el presidente del Senado José Luis Dalmau Santiago dejó entrever que rechaza esta práctica, que según las Naciones Unidas equivale a un tipo de tortura.

"Yo estoy totalmente en contra de las terapias de conversión”, apuntó Hernández Montañez en rueda de prensa a su salida de la reunión semanal con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Dalmau Santiago trató de mantener cierta distancia del asunto argumentando que como presidente de la Cámara Alta prometió respeto a todas las medidas que evaluará el cuerpo, a pesar de que no avale esas posturas.

“Nunca ningún periodista en las pasadas semanas me preguntó sobre el tema. Fui bien claro el primer día cuando juramenté como Presidente del Senado, de que toda medida va a seguir su trámite, todo nombramiento va a seguir su trámite. ¿Cómo voy a asumir una postura de una medida que tiene 19 personas citadas para deponer que no se sabe si se va a enmendar o cuál es la versión final?”, afirmó a preguntas de NotiCel.

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“Yo como presidente no puedo anticipar un voto sin darle el proceso y el trámite que prometí a todas las delegaciones de los cinco partidos y el senador independiente, atender con responsabilidad cada una de las medidas, aunque a mí no me gusten”, agregó.

Apuntó que en el pasado votó a favor de un proyecto que prohibía el uso de fondos públicos para las llamadas terapias de conversión. “Está en el récord”, apuntaló.

El Senado evalúa el proyecto 184 presentado por los senadores José Vargas Vidot, Ana Irma Rivera Lassén y María de Lourdes Santiago Negrón y Rafael Bernabe Riefkohl que procura enmendar la Ley de Salud Mental de Puerto Rico y la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores para “ampliar las protecciones de la salud física y mental de los menores de edad, mediante la prohibición de la práctica de la terapia de conversión sobre sus personas; y para otros fines relacionados”.

Sectores conservadores, como la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y su homóloga en la Cámara de Representantes, Lisie Burgos Muñiz, rechazan la medida porque dicen que una prohibición a esta práctica atenta contra el derecho de los padres a educar a sus hijos. Ambas legisladoras también demandaron al Primer Ejecutivo alegando que usurpa sus facultades legislativas al intentar adelantar la educación con perspectiva de género a través de la Orden Ejecutiva que decretó un estado de emergencia para evitar la violencia de género.

Hernández Montañez indicó que se trata de un asunto espinoso, que todavía no ha sido discutido en el cuerpo que preside, ni en el caucus del Partido Popular Democrático.

"Aclaro que puede ser un tema controversial que muchas personas lo ven desde el punto de vista religioso. En nuestro caucus, los temas religiosos, los temas de estatus no se atienden como un tema que se pueda aprobar y que sea una determinación de caucus el llevarlos a votación”, explicó Hernández Montañez a preguntas de la prensa.

"Así que es uno a uno. Tienes que preguntarle a los representes de forma individual", agregó.

El Gobernador también se ha expresado en contra de este tipo de práctica.

El año pasado, un informe presentado por el experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, emplazó a los países y estados a “colaborar para instaurar la prohibición mundial de las terapias de conversión”.

Según Madrigal Borloz, estas prácticas son “inherentemente discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes y que, según el grado de dolor físico o mental infligido a la víctima, pueden equivaler a formas de tortura”.