Según se estipuló durante una vista pública en el Senado, las agencias públicas se han pasado la papa caliente y no han entregado los fondos.

Cerca de 35,000 profesionales de la salud en Puerto Rico todavía no han recibido el incentivo económico prometido y ordenado por la legislatura y la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en agosto de 2020 para propósitos de la pandemia del COVID-19.

Según se estipuló durante una vista pública en el Senado, el dinero no se ha desembolsado porque las agencias que trabajan con fondos públicos aguardan el permiso de uso de la Junta de Control Fiscal (JCF), entidad que a su vez alegó no haber recibido una petición oficial para completar la transacción.

“No podemos estar pasando la papa caliente para hacer cumplir una Resolución que se le anunció a todo el pueblo que se le iba a dar a los profesionales médicos”, lamentó la senadora Marially González Huertas, quien preside la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración.

En una carta a Vázquez Garced, la JCF explicó a principios de noviembre que el dinero no podía salir del Fondo de Emergencia regular sin una programación nueva de fondos, porque se trataba de un gasto que no estaba presupuestado. Sacar el dinero de los Fondos de Reserva de Emergencia, en cambio, requería enmendar la medida legislativa aprobada, algo que no pasó.

En su ponencia ante la comisión senatorial, el Departamento de Hacienda señaló que se vio impedido de distribuir el dinero porque la JCF no dio su visto bueno.

“Nosotros no podemos, y en este caso particular, no contamos con la lista específica de profesionales específicos. Hacienda no conoce el número específico ni lo sabía en ese momento. Solo teníamos la cantidad, pero para tener un impacto de la Resolución Conjunta, que era algo que pedía la Junta, no se tenía [el número de profesionales que se beneficiarían]”, declaró la licenciada Jeira Belén Ortiz, secretaria auxiliar del área del Tesoro.

Belén Ortiz declaró junto a José Francisco Chávez Ortiz, secretario auxiliar de la Oficina de Asuntos Legales. Ambos explicaron que Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) debían estar en constante comunicación para el desembolso.

De la misma manera, reiteraron que cada desembolso tiene que estar consignado en una asignación presupuestaria y, en caso de desembolsos fuera del presupuesto, se requiere la autorización de la JCF.

La AAFAF no depuso en la vista pública, mientras que OGP, por su parte, se ausentó porque “tenía mucho trabajo”, según la senadora González Huertas.

“Obviamente, todos sabemos que tenemos mucho trabajo, pero también los profesionales de la salud que llevan meses y meses esperando este incentivo, también tienen mucho trabajo. Es lamentable esta pronunciación por parte del personal de Gerencia y Presupuesto”, añadió la también vicepresidenta del Senado.

La OGP es la agencia que asiste al Gobernador o Gobernador en la elaboración del presupuesto anual, además de que promueve el uso óptimo de los recursos para mejorar y ampliar los servicios a la ciudadanía.

“Nos demuestra que también por lo menos en la Oficina de Gerencia y Presupuesto están, como bien ha dicho el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, que están algarete. Es una falta de respeto al Senado y al pueblo de Puerto Rico”, exclamó González Huertas, del del Partido Popular Democrático (PPD).

El incentivo para los profesionales de la salud se presentó en la legislatura en mayo de 2020 y fue firmado por Vázquez Garced el 11 de agosto de ese mismo año, dos días después de las primarias y a menos de una semana de la segunda parte del tropezado evento electoral.

La Resolución Conjunta 65-2020 prometía entre $1,000 y $2,500 para cada uno de los profesionales elegibles. No obstante, unos 571 técnicos de emergencias médicas estatales adscritos al Gobierno de Puerto Rico fueron los únicos en recibir el incentivo.

“Ya los que estaban asignados a nuestra agencia recibieron el beneficio. No nos corresponde a nosotros el trámite para los municipales y los privados, sin embargo, estamos abogando por ellos”, manifestó el licenciado Pablo Rivera, asesor legal en el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

El nominado comisionado del Negociado de Emergencias Médicas, el doctor José A. Colón Grau, reiteró su apoyo a que se les otorgue el pago a los 2,429 trabajadores restantes, así como los que no están adscritos a la agencia estatal. También expresó su confusión sobre cómo se diferenció entre los 571 que recibieron el dinero y los que no.

Profesionales de la salud reiteran su reclamo

Durante la extensa vista pública el martes en la mañana, representantes de tecnólogos médicos y terapistas respiratorios, entre otros, esbozaron todos los intentos fallidos en los que incurrieron para conocer el estatus del incentivo.

Esto incluyó reuniones en La Fortaleza con asesores de Vázquez Garced y la Oficina de la Secretaria de la Gobernación del actual gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, reuniones con ayudantes del expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cartas a la JCF, a Hacienda y a AAFAF, así como tres manifestaciones públicas.

“Por falta de gestión no fue. Ustedes hicieron tres manifestaciones masivas, sonoras, visibles. Quien no lo vio a través de carta, lo vio a través de la manifestación. Ustedes utilizaron el recurso de la democracia, probaron que para protestar no hay que ser de izquierda ni de derecha, sino que es una herramienta de los ciudadanos”, planteó el senador independiente José Vargas Vidot, autor de la medida.

Entre los deponentes prevaleció la preocupación de la fuga de talentos ante la poca remuneración que reciben estos profesionales de la salud, por lo que el incentivo era como un respiro momentáneo.

“Luego de la pandemia muchos terapistas respiratorios han dejado de trabajar, ‘homeschooling’, se han mudado a los Estados Unidos por lo llamativo del salario. Antes para trabajar en Estados Unidos tenías que tomar unas reválidas, pero con la pandemia hubo una apertura y se pueden ganar 2,500 dólares semanales, cuando en Puerto Rico no llegas ni a mil dólares. Estamos a 7.25 o a diez dólares la hora. Conozco de muchos que están en espera para irse”, lamentó Oscar Pabón Rodríguez, de la Asociación de Terapistas Respiratorios.

Antes de la pandemia, según el deponente, habían entre 900 y 1,000 terapistas respiratorios en la Isla, pero la renuncia en masa ha obligado a que los restantes trabajen turnos diarios de hasta 16 horas.

“A veces consideramos que es mejor irse para otra profesión o trabajar en un supermercado. Otros están estudiando enfermería porque es un mejor salario”, añadió Pabón Rodríguez.

Con él coincidió David Ramos Medina, presidente de la Asociación de Tecnólogos de Medicina Nuclear e Imagen Molecular de Puerto Rico, quien pidió revisar la Reforma Laboral de 2017 porque el estatuto limita los beneficios y el trabajo de los tecnólogos.

“Tengo una tecnóloga que se fue pa’ Costco. No estoy menospreciando a las personas que trabajan ahí, pero hicieron renunciar a una tecnóloga, profesional con bachillerato, para trabajar en una tienda por departamento que no requiere bachillerato”, indicó Ramos Medina.

En la asociación hay 240 miembros activos divididos entre los 59 laboratorios de medicina nuclear que hay en la Isla. Solo siete estudiantes se gradúan de esa profesión al año, pero en el 2020 no se graduó ni uno solo debido a la pandemia.

Por otro lado, los doctores Rafael López y Marysabel Lapuerta, de la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia, estaban bajo la impresión que el incentivo se pagaría a los profesionales de la salud ser haría a través de la plataforma de Hacienda, Suri, y que la Junta Examinadora enviaría los nombres de los especialistas elegibles.

“Como las enfermeras lo llenaron por Suri, pues entendíamos que iba a ser esa misma dinámica. Cuando la Gobernadora tiró la última firma pescando votos, pues nos incluyeron”, señaló López al recordar que los fisioterapeutas no estaban incluidos en la versión original del proyecto.