La Cámara de Representantes hizo frente a la oposición de la Junta de Control Fiscal (JCF) y a las advertencias de veto del Gobernador.

De forma unánime entre los legisladores presentes, la Cámara de Representantes aprobó hoy dos medidas para proteger las pensiones de los jubilados de Puerto Rico, en forma de la “Ley de Retiro Digno” y un proyecto alterno que sostiene parte de sus disposiciones en caso de que la Junta de Control Fiscal (JCF) anule la legislación.

El ente que controla las finanzas del país había expresado su oposición a la aprobación de la Ley de Retiro Digno, codificada como el PC 120, porque afectaría los acuerdos alcanzados respecto a la deuda de Puerto Rico. En una carta emitida el pasado sábado, la JCF esbozó que la ley sería anulada por el Tribunal federal que atiende el proceso de quiebra de la Isla y se crearían “dolores de cabeza administrativos”.

En una carta, urgió a Pierluisi Urrutia a no estampar su firma en el proyecto. La entidad ha mostrado oposición al PC 120 y no al PC 523. Ambos proyectos fueron aprobados durante la sesión del martes con 48 votos a favor y ningún voto en contra, fueron defendidos por los representantes que tomaron turnos para expresarse por unas cuatro horas.

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Domingo Torres García, quien preside la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, reiteró que los pensionados eran una parte fundamental de la economía de Puerto Rico.

El tracto de la medida ha sido seguido por líderes sindicales y grupos de pensionados, quienes han subrayado la necesidad de aprobar las medidas.

Torres García recordó que era la segunda vez que la Cámara de Representantes aprobaba un proyecto como este, ya que al filo del cuatrienio pasado, se aprobó el PC 2434 de la autoría de María de Lourdes Ramos Rivera, quien también fungió como autora del PC 120. Enmiendas en el Senado que, a entender de los representantes, cambiaron el propósito de la medida provocaron que no fuera convertido en ley.

“Si yo tengo que ir a la cárcel por defender a los pensionados, pues aquí está Lourdes Ramos y no estoy sola. ¿Cuál es la otra sanción? ¿Quitarme el carro? Pues [el carro] tiene 11 años. ¿Quitarme la casa? No lo pueden hacer?”, argumentó Ramos Rivera durante la sesión. Otros legisladores también agradecieron y felicitaron a Ramos Rivera por su gestión.

La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) instó a la JCF y a su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, a reducir el presupuesto del ente o los salarios que pagan para que sean el ejemplo de los recortes que se consideran necesarios en la Isla. El ente se considera como una agencia del Gobierno de Puerto Rico y cuenta con un presupuesto que sale de fondos públicos, pero solo Jaresko cobra un salario entre los integrantes de $625,000 al año.

El expresidente de la Cámara y portavoz de la delegación del PNP, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, por su parte, aseguró que el Gobernador podía contar con ellos para acudir a los tribunales y defender la permanencia de la medida.

“En caso de que se materialice la amenaza de la Junta de Supervisión Fiscal dándole una orden al Gobernador que no firme este proyecto de ley, de la misma forma estamos enviándole una carta hoy al Gobernador urgiéndole que firme este proyecto”, exclamó Méndez Núñez.

El PC 120 declara como política pública la oposición a cualquier Plan de Ajuste de Deuda que extienda el recorte a las pensiones. En una de las vistas públicas sobre la medida, la Administración de Pierluisi Urrutia reiteró su apoyo al cero recorte a las pensiones, pero adelantó que vetaría el PC 120 porque, según Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el proyecto de ley choca con las disposiciones del Plan Fiscal y la Ley Promesa, además de que el tribunal en donde se atiende el proceso similar a la quiebra pudiera imponer un recorte a las pensiones, si lo entiende necesario.

Las delegaciones, como el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), respaldaron la medida sin enmiendas. Mariana Nogales Molinelli, por ejemplo, resaltó la importancia del proyecto de ley porque se posicionaba en defensa del pueblo que los eligió.

“Sin duda, el gobierno se constituye para la gente, para defender a la gente. Nosotros y nosotras hemos vivido el suplicio de la imposición de la Ley Promesa, de la imposición de la Junta de Control Fiscal. Esos dos organismos que están construidos y dirigidos a proteger servicios económicos a costa de la gente no van a prevalecer. Podemos ser ese escudo contra la Junta, ese escudo contra la Ley Promesa en defensa de la gente”, señaló Nogales Molinelli.

El PC 523, por su parte, dispone que las pensiones son un derecho adquirido y “este derecho adquirido les coloca bajo el manto de la protección que otorga la garantía constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales. Ahora bien, conforme lo ha reconocido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, los términos de estos sistemas de retiro están sujetos a enmiendas siempre que sean razonables y adelanten su solvencia económica”.

Al reconocerlo como un derecho adquirido, el aparato gubernamental supone estar impedido de reducirlos sin permiso de la Asamblea Legislativa.

Las medidas pasan a consideración del Senado.