En principio, la agencia aprueba que se tipifiquen como delitos, pero aseguró que la redacción es vaga y podría dificultar el trabajo de los fiscales. Mientras, la Procuradora de las Mujeres y las organizaciones la ven como un buen punto de partida.

El proyecto de ley senatorial que busca incluir los feminicidios y transfeminicidios entre los delitos del Código Penal está mal escrito y dificultaría los procesos en los tribunales, según el Departamento de Justicia, no obstante, para otras agencias, entidades sin fines de lucro y senadoras es una medida mejorable y necesaria para atender el aumento de asesinatos de las mujeres en Puerto Rico.

El Proyecto del Senado (PS) 130, propone catalogar como feminicidio o transfeminicidio todo asesinato de una mujer o persona que se identifique como mujer independientemente de su sexo asignado al nacer y fija unas causales particulares para clasificarlo como tal.

También, la propuesta de la autoría de la senadora Migdalia González Arroyo ordena la creación de un protocolo para investigar estos casos y la elaboración de un sistema de compilación y manejo de estadísticas de los crímenes.

La medida tuvo su primera vista pública el miércoles en el Salón Leopoldo Figueroa en el Capitolio, en el que fluctuó la participación senatorial entre 9 y 12 integrantes, todas mujeres, con la excepción de Juan Zaragoza Gómez, del Partido Popular Democrático (PPD).

Entre sus observaciones, Justicia dejó saber que, en principio, favorecía el proyecto de ley, pero el problema estriba en como está escrito, ya que “adolece de amplitud excesiva y vaguedad”, características que lo hacen impugnable en un tribunal.

“Sobre la igual protección a las leyes y el tipo de delito que se establece, hay que mejorar el asunto. En este caso hay mucho en juego. Nuestras recomendaciones van en ese sentido porque sabemos el efecto que puede tener, porque son los planteamientos que los abogados de defensa nos pueden hacer en un tribunal. No queremos que por la redacción en este cuerpo se dificulte y entorpezca esa labor de lograrle justicia a las víctimas”, aseguró el fiscal José Iván Carrasquillo Santana.

Junto a la también fiscal Elba Cruz Rodríguez, Carrasquillo Santana compartió la posición de Justicia y su designado secretario, Domingo Emanuelli Hernández, quien se ausentó. Específicamente, señalaron que:

Por otra parte, la ponencia de Justicia señala que la petición a las agencias de elaborar estadísticas ya fue atendida mediante la Orden Ejecutiva en la que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia declaró un estado de emergencia por violencia de género. Esa directriz tiene fecha de expiración y no constituye una ley, por lo que un próximo gobernante podría dejarla sin efecto con facilidad.

“Nos vemos impedidos de apoyar la aprobación de la medida, según está redactada. Sin embargo, una vez atendidas nuestras preocupaciones en torno al P. del S. 130 e incorporado al texto los cambios sugeridos, estaremos en la mejor disposición de revaluar esta medida legislativa”, puntualizó Emanuelli Hernández en el documento.

La senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), cuestionó las enmiendas presentadas por Justicia al llamarlas contradictorias y decepcionantes. A su vez, recalcó que el PS 130 buscaba reforzar la Orden Ejecutiva del Gobernador mediante una ley y promover que todas las personas estén cobijados bajo la “igualdad protección de las leyes”.

Las senadoras Migdalia Padilla Alvelo y María de Lourdes Santiago Negrón reconocieron que las enmiendas de Justicia eran sustanciales y debían evaluarse antes de llevar la medida a votación, ya que cambiarían el sentido de la medida.

Santiago Negrón cuestionó a los representantes de Justicia por su entendimiento de lo que constituye vaguedad.

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) citó que la Ley 46 de 2002 de enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal ya incluyen como agravantes a un delito que haya sido motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por, entre otras, sexo, orientación sexual, género e identidad de género. A esos fines, preguntó si los ataques que recibiría la medida serían meritorios.

El fiscal Carrasquillo Santana, por su parte, no ofreció una respuesta concreta, porque estableció que debía evaluarse caso a caso y solo cumplía con “apercibir” a la legislatura al respecto. El funcionario, a petición de Santiago Negrón, tiene diez días para enviar una lista de casos motivados por algún prejuicio citado en la Ley 46-2002.

Puerto Rico emularía a otros países

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) apoyó la medida porque visibiliza la violencia de género, busca proteger a las mujeres y encausar a los responsables, además de promover reflexiones dirigidas a la creación de relaciones equitativas.

En una ponencia firmada por la procuradora Lersy Boria Vizcarrondo, la entidad indicó que 18 países de América Latina han modificado sus leyes para incluir un tipo específico de delito sobre homicidio de las mujeres. Solo Puerto Rico, Cuba y Haití no lo han hecho.

“Es hora ya de priorizar este asunto en nuestra Isla y que, de una vez y por todas, se reconozca el feminicidio y el transfeminicidio como delitos en nuestro Código Penal”, expresó Boria Vizcarrondo en el documento.

La funcionaria se ausentó de la vista y fue representada por los licenciados Víctor Casiano y María Almodovar. En la ponencia, incluyó enmiendas para sustituir palabras, como “acoso” por “acecho” y cambios para propósitos de sintaxis y puntuación.

Por otro lado, el Proyecto Matria, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) y el Observatorio por la Equidad de Género también se expresaron a favor de la medida. Aunque adelantaron que requería cambios, resaltaron que era un punto de partida importante.

“Si no tipificamos los feminicidios, no podemos trabajar la respuesta”, afirmó Amarilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva del Proyecto Matria. La portavoz añadió que la estructura gubernamental debe ser sometida a la rendición de cuentas para que cumpla con sus deberes.

El portavoz de CABE, Osvaldo Burgos Pérez, destacó que muchas de las víctimas, como los transfeminicidios del 2020, continúan a la espera de que se les haga justicia. “Este proyecto, si bueno, es mejorable”, añadió.

Según el Observatorio, en el 2020 se registraron 60 feminicidios en Puerto Rico, incluidos seis transfeminicidios, lo que representó un incremento de los 37 que se registraron en el 2019 y dos transfeminicidios.

Del total del pasado año, 17 casos se categorizaron como feminicidios íntimos, cuyo victimario fue una pareja o expareja de la mujer. El grupo más vulnerable fue el de mujeres entre 18 y 24 años.

La portavoz del Observatorio, Irma Lugo Nazario, sugirió que también se consideraran como feminicidios todos los cuerpos hallados sin señales visibles de violencia, al menos durante la etapa investigativa y hasta que se finalicen los exámenes forenses. La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, se opuso al plantear que esa perspectiva afectaba la presunción de inocencia.

“Estamos hablando desde la perspectiva de la investigación. No se está acusando al feminicida, sino que se tenga una mirada amplia, como el ejemplo de hace dos semanas atrás en Texas que encontraron a una mujer con seis dosis de anestesia inyectadas. El esposo da la orden de cremar el cuerpo, pero ya se estaban dando análisis forenses. Si no se llega a hacer así, lo hubieran catalogado como suicidio”, ejemplificó Lugo Nazario.

“Entiendo lo que usted trata de explicarme, pero entiendo que se está prejuzgando”, ripostó Rodríguez Veve, quien durante la vista también desafió que en algunos casos se utilicen “criterios subjetivos” como la identidad de género para catalogar los actos violentos.

Burgos Pérez contestó sin titubear que “la identidad de género no es un dato subjetivo”. Rodríguez Veve, por su parte, insistió que un criterio objetivo es el sexo biológico de una persona.

La vista fue conjunta entre la Comisión Jurídico y la Comisión de Asuntos de la Mujer. Por primera vez en su historia, el Senado está compuesto por una mayoría de mujeres.

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