Supone cobijar a las personas que no están incluidas en la Alerta Amber, la Alerta Rosa ni la Alerta Silver.

La creación de una nueva alerta para personas desaparecidas entre los 18 y 64 años de edad, denominada Alerta Ashanti, aunque favorecida por varias agencias, impulsó al Negociado de la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a proponer enmiendas sustanciales al texto para hacerlo más abarcador y asigne los fondos necesarios.

La “Alerta Ashanti” es el Proyecto de la Cámara de Representantes (PC) 339 de la autoría de Edgardo Feliciano Sánchez y propone crear un mecanismo para facilitar la búsqueda y recuperación de personas entre esas edades que hayan sido reportadas como desaparecidas.

Su propósito supone cobijar a las personas que no están incluidas en la Alerta Amber, para menores de 18 años; ni la Alerta Rosa, para mujeres mayores de 18 años; ni la Alerta Silver, para personas con Alzheimer o demencia.

“[Se debe] enmendar para supeditar el alcance de la medida a los casos de hombres secuestrados o desaparecidos, entre las edades de 18 años en adelante, Esto, porque existe la Alerta Rosa, que cobija a mujeres de 18 años o más. A su vez, debe eliminarse la edad límite de 64 años, para de esta forma proteger a las personas de la tercera edad que no padecen de Alzheimer o demencia”, exclamó el coronel Antonio López Figueroa, designado comisionado de la Policía.

A modo de respuesta, la representante Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana, cuestionó si esa enmienda incluiría a personas que se identifican como no binarias, intersexuales o que no se identifican como hombres o mujeres.

“Es importante exigir mayores recursos educativos para sensibilizar a la Policía de Puerto Rico sobre asuntos de personas sin hogar y personas de personas de experiencia trans”, declaró Nogales Molinelli.

En su ponencia, leída por la licenciada Estrella Mar Vega, el comisionado interino añadió otras dos enmiendas a los fines de solicitarle a los ciudadanos que notifican la desaparición de estas personas que certifiquen el estado de salud física o mental de los desaparecidos y si la persona desaparecida tiene acceso a las redes sociales.

Por su parte, el comisionado interino del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, también respaldó la aprobación de la medida, al entender que aceleraba el proceso de respuesta y búsqueda en situaciones de pérdida de jóvenes y adultos.

La Fundación Stefano argumentó que tal vez, de haber existido la Alerta Ashanti, tal vez Stefano Steenbakkers Betancourt y Rosimar Rodríguez Gómez estuvieran con vida. En el caso de Rodríguez Gómez, ya la Alerta Rosa había sido legislada, pero no parece haberse puesto en marcha.

En esa línea, el representante Jesús Manuel Ortiz González compartió su preocupación ante la creación de un protocolo adicional que no se ejecute de manera adecuada.

“Nosotros legislamos, pero el Ejecutivo tiene que ejecutar”, declaró el representante popular, al reclamar mayor apoyo de las agencias en la Rama Ejecutiva.

El representante del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Juan García García, señaló que el PC 339 no incluye asignación de fondos para la ubicación de unos letreros electrónicos en las vías públicas que serían utilizados para emitir la Alerta Ashanti.

“Estos dispositivos tienen un costo unitario aproximado de 175,000 dólares y de mantenimiento mensual de 3,000 dólares”, explicó García García.

La alerta ya existe en los Estados Unidos, creada por Ashanti Billie, quien desapareció en el 2017 en Virginia. Aunque se presume que fue secuestrada, no se activó la Alerta Amber porque la joven tenía 19 años de edad, a la vez que era muy joven para que se activara la Alerta Silver.

La medida es evaluada por la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por la representante Lisie J. Burgos Muñiz del Proyecto Dignidad.