Antes de aprobar dos medidas en contra de la violencia de género, en el Senado se recrudecieron las diferencias ideológicas entre nuevos integrantes de minoría.

Aunque con la objeción y cuestionamientos de algunos integrantes, el Senado de Puerto Rico aprobó una resolución para solicitarle al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que decrete mediante una Orden Ejecutiva (OE) un Estado de Emergencia por la violencia de género contra las mujeres.

La petición, codificada como la RS 54, se une a la RS 57, también aprobada por el cuerpo legislativo, para investigar la violencia de género en la Isla y la manera en que las agencias gubernamentales e independientes atienden esos casos. Ambas son de la autoría del presidente del Senado, José Dalmau Santiago, del Partido Popular Democrático (PPD).

Pierluisi Urrutia prometió durante su campaña que, tan pronto llegara a La Fortaleza, emitiría una OE para atender la violencia de género y evaluaría la posibilidad de restablecer un currículo sobre la perspectiva de género. Sin embargo, a tres semanas de haber asumido el cargo, no ha cumplido su palabra.

En el Senado, se cuestionó la efectividad que tendría la resolución senatorial y el significado de reconocer que en Puerto Rico existe la violencia contra la mujer, cuando en la Isla existen otros tipos de afrentas contra la vida.

Este último punto fue traído por la senadora Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad, y fue refutado de manera enérgica por Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el independiente José Vargas Vidot, como atisbo de las marcadas diferencias que existen entre todos y que se verán reflejadas en los próximos cuatro años.

“De la misma forma en que creo que debemos investigar la violencia contra la mujer, de la misma forma creo que debemos investigar la violencia contra los hombres y los niños”, exclamó Rodríguez Veve en un turno inicial.

La senadora del Proyecto Dignidad, quien se estrena este cuatrienio como una de las 14 mujeres que componen el cuerpo legislativo (y son mayoría), reiteró en un turno posterior que su llamado era a “visibilizar todas las manifestaciones de violencia” y a no entregarle un “cheque en blanco” de recursos a organizaciones y grupos que luchan contra la violencia hacia la mujer, pero que tienen “intereses cuestionables”.

Rodríguez Veve aludía a que la exposición de motivos de la medida recomienda al Gobernador concretar alianzas con organizaciones y grupos que provean atención a mujeres en casos de violencia de género.

Las respuestas de Rivera Lassén, Bernabe Riefkohl, Santiago Negrón y Vargas Vidot coincidían en que aprobar una medida para frenar la violencia contra la mujer no negaba la existencia de otros actos violentos. No obstante, la distinción era importante porque a las mujeres las matan por el simple hecho de que son mujeres.

“Cuando no se le ponen apellido a las violencias, no se les reconocen. ¡Claro que vivimos en un estado de violencia! Pero si no se le pone apellidos, no se reconoce la fuente de las mismas”, exclamó Rivera Lassén, quien resumió que la Ley 54 de 1989 se aprobó gracias a que se le dio un apellido a un problema. La senadora sometió enmiendas para que la resolución incluyera lenguaje inclusivo y contara los asesinatos de las mujeres transgénero.

Su correligionario del MVC trajo el ejemplo del movimiento “las vidas negras importan”, al estipular que cuando se repite esa realidad, no se afirma que las demás vidas importan menos.

“Cuando dices ‘Black Lives Matter’, usted no está despreciando la vida de los blancos, usted dice que el racismo existe. Es insólito, increíble, que en una legislación del Siglo 21 nos estamos resistiendo, algunas voces, a afirmar que el machismo y que el sexismo existen”, argumentó Bernabe Riefkohl.

Santiago Negrón y Vargas Vidot, por su parte recalcaron que la resolución no debía entenderse como una misión cumplida, pues la acción legislativa debía trascender el papel.

La RS 54 le propone al Primer Ejecutivo la aprobación de un Plan Nacional para atender el problema, en que los esfuerzos gubernamentales sean coordinados.

"La intención nuestra es que haya integración. Yo comparto la idea de que hay violencia en otras áreas, pero puntualizo que hace unos meses secuestraron a unas jovencitas y las mataron. Es una invitación para que nos puedan traer la información, si tienen legislación o no tienen legislación. Tres semanas y el gobierno todavía no ha hecho nada", aclaró Dalmau Santiago, como autor de la medida.

Según las estadísticas que se incluyen en la resolución, en el 2017 la Policía registró 7,000 incidentes de violencia de género, 14 muertes de mujeres y se reafirmó que el paso de los huracanes Irma y María agravaron los patrones de violencia.

El 2020, por su parte, cerró con más de 30 mujeres asesinadas y seis transfeminicidios, o asesinatos de mujeres transgénero. Se mencionan como “casos notorios” el secuestro y asesinato de Rosimar Rodríguez Gómez y el asesinato de la enfermera y madre de tres menores, Angie Noemí González Santos, crimen confesado por su pareja.

La senadora Nitza Morán Trinidad, del Partido Nuevo Progresista (PNP), señaló que, si el gobernador Pierluisi Urrutia se comprometió a emitir una OE a estos fines, se le debía dar oportunidad a que lo hiciera, punto que respaldó William Villafañe Ramos.

“No empece a eso, he leído la resolución del compañero de crear un plan del plan. El pueblo está cansado de crear planes y planes y planes que no llegan a nada. No puedo volver a votar a favor de un plan. Es hora que se ejecute”, afirmó Morán Trinidad.

Por otro lado, la RS 57 no tuvo debate en sala, pero también fue aprobada. La resolución, aunque en línea con la atención requerida a la violencia de género, busca repasar asuntos que ya se han discutido.

La medida interesa conocer si las agencias públicas han cumplido con la “Alerta Nacional de Violencia contra la Mujer”, creada mediante OE por Wanda Vázquez Garced en septiembre de 2019 y que, un año después, se supo que quedó en nada.

Meses después, y a una semana de las elecciones generales en noviembre, Vázquez Garced firmó otra OE para recalcar el asunto y “declarar servicios prioritarios la lucha contra la violencia a las mujeres en Puerto Rico”. Según una investigación de NotiCel, el Comité multisectorial para fiscalizar la implementación de la política pública, creado por el decreto, solo se ha reunido una vez.

Entre otros objetivos, la RS 57 añade que auscultará las intervenciones de la Policía y de la la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) en las denuncias por violencia de género, así como el protocolo en el Instituto de Ciencias Forenses para manejar los “safe kits”, que contienen información genética en casos de abuso sexual.