La transición en la Cámara podría llegar al Supremo, mientras que en el Senado guarda silencio el PPD.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos se mostró reacio a emitir una orden contra el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, para que comience el proceso de transición con Rafael “Tatito” Hernández Montañez, como presidente cameral electo por la delegación electa del Partido Popular Democrático (PPD), debido a que Hernández Montañez no le presentó alguna autoridad legal que le diera directamente esa facultad al juez.

Así concluyó ayer la vista en del caso con el que Hernández Montañez busca iniciar la transición en la Cámara Baja, a la vez que en el Senado el presidente electo por la delegación del PPD, la delegación de mayor número hasta ahora, José Luis Dalmau, se ha mantenido totalmente en silencio sobre la transición en la Cámara Alta. El caso de Hernández Montañez es solo uno de varios litigios que todavía están sometidos por los procesos de transición y por el escrutinio general a poco más de un mes de las elecciones generales y a aproximadamente un mes plazo de que ya deban estar juramentados los nuevos gobernador, legisladores y alcaldes.

Aunque Dalmau no se ha expresado sobre la transición en el Senado, Hernández Montañez dirigió ayer una carta al presidente senatorial actual, Thomas Rivera Schatz, para comenzar la transición en la Superintendencia del Capitolio, una controvertible dependencia de la Asamblea Legislativa que, aunque formalmente está al mando de los dos presidentes legislativos, en la práctica se alterna cada cuatrienio entre el Senado y la Cámara. En el cuatrienio que termina el 31 de diciembre estuvo bajo el mando de Rivera Schatz, por lo que a partir de enero estaría en manos de Hernández Montañez, de perfeccionarse su elección como presidente del cuerpo. La Superintendencia ha sido uno de los lugares en las que se les ha dado trabajo a allegados de la mayoría actual, como la hermana de Rivera Schatz y la esposa de Méndez Núñez.

Hernández Montañez dijo a NotiCel que la dilación que busca Méndez Núñez en la transición refuerza su intención de asignar auditores forenses para examinar las finanzas camerales de este cuatrienio y examinar áreas como la facturación en los contratos, pleitos y transacciones judiciales y las asignaciones de sueldo entre delegaciones de mayoría y de minoría. “El (Partido Nuevo Progresista) continuó con su gasto ordinario, le siguió pagando a su gente de forma irresponsable y pusieron todo el peso (de los recortes) en las minorías”, indicó en referencia a los recortes que impuso la Junta de Control Fiscal en la Asamblea Legislativa.

La Décimonovena Asamblea Legislativa que comienza en enero de 2021 tiene el mayor número de legisladores electos que no pertenecen a los hasta ahora partidos mayoritarios, PNP y PPD, y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) es el que, hasta ahora, tiene la delegación más grande de partidos emergentes y minoritarios. Su presidenta, Ana Irma Rivera Lassén, electa al Senado, dijo que están esperando por la resolución de la demanda de Hernández Montañez y “estaremos activamente participando en la exigencia de procesos transparentes y que se entregue y provea toda la información necesaria para la transición en cada cuerpo”. A la vez, recordó que todavía se cuentan votos, por lo que las configuraciones de mayoría pueden cambiar.

En su demanda, Hernández Montañez sostuvo que la Orden Administrativa 2016-02, aprobada el 15 de septiembre de 2016, regula el proceso de transición de la Cámara de Representantes, que Méndez Núñez usó esa misma orden como presidente entrante tras los comicios de 2016 y que esa orden no ha sido específicamente derogada, por lo que se mantiene vigente. La posición de Méndez Núñez es que esa orden solo aplicaba a la transición ese año y que no hay ninguna fuente legal que lo obligue a iniciar el proceso y que por el escrutinio general y el recuento de la papeleta legislativa no iba a comenzar la transición.

En la vista ayer, Cuevas Ramos solo intervino para plantear duda sobre de dónde derivaría su autoridad legal para ordenar el inicio de la transición en la Cámara Baja, prometió tener una sentencia lo más pronto posible y anticipó que cualquiera de las partes que pierda probablemente eleve el caso al Tribunal Supremo.

“No es implantar un proceso administrativo (interno de la Cámara), es implantar el resultado de una elección”, planteó Jorge Martínez Luciano, abogado de Hernández Montañez, mientras que la abogada de Méndez Núñez, Verónica Ferraiouli Hornedo, apuntó que “nada obliga a una transición... la Cámara de Representantes no es la Rama Ejecutiva y tampoco ningún municipio”, esto en referencia a que hay leyes que gobiernan la transición en el Ejecutivo y los municipios.