Va para una entidad que cobra salarios como jueces pero solo ha manejado tres casos desde 2018.

En la ráfaga de nombramientos de allegados a los poderes Ejecutivo y Legislativo ejecutada durante la Sesión Extraordinaria pasada, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, colocó en puestos de todo tipo a personas identificadas públicamente como parte de su maquinaria partidista.

Ese es el caso de Milagros Jennisca Rodríguez Correa, quien cobraba como su ayudante en el Senado pero tenía tareas políticas, como la de encabezar el esfuerzo de última hora que Rivera Schatz hizo con alcaldes para conseguir votos en las primarias y enfrentar así las intenciones del electorado novoprogresista de colgarlo. De hecho, aún con el esfuerzo, Rivera Schatz cayó de su usual primera posición en las primarias a la posición 5 en una lista en la que solo entran los primeros seis. Cuando NotiCel contactó a Rodríguez Correa antes de las primarias, se limitó a contestar que “lo que pasa es que yo no ofrezco entrevistas, yo no soy figura pública”.

Rivera Schatz recompensó a Rodríguez Correa con un nombramiento como Miembro Asociada de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP), lo cual conlleva un salario anual de $89,600 en una dependencia que se ha destacado por el poco trabajo que manejan.

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Según la ley de la JRSP, el nombramiento de los miembros asociados tiene vigencia de cuatro años y se supone que tengan “reconocida capacidad profesional, probidad moral, conocimientos y experiencia en el campo de la administración pública y la gestión gubernamental, preparación académica y experiencia en los asuntos bajo la jurisdicción de, al menos, una de las instrumentalidades reguladoras consolidadas en el Plan”. Esto, en referencia a que la JRSP es el resultado de una reorganización que impulsó el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares para que las anteriormente independendientes Comisión de Servicio Público, Comisión de Energía, Oficina Independiente de Protección al Consumidor y Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones se convirtieran en negociados y cayeran unificadas bajo la JRSP.

La idea de lo que sería la JRSP, y su ejecución, han sido dos cosas distintas, según fuentes con conocimiento y datos sobre el funcionamiento de la Junta. Se supone que aglutinar las entidades provocaría ahorros y crearía un foro especializado ya que lo que se disponía es que cada entidad seguía manejando las áreas de regulación que manejaba antes y la nueva Junta se colocaba como una nueva estructura que podría revisar las determinaciones de las agencias aglutinadas. Pero la Ley 211 de 2018 dice que es una alternativa de los ciudadanos y empresas reguladas el pedir la revisión de la Junta o el pedir la revisión del Tribunal de Apelaciones, como es su derecho, y esto ha provocado que, desde su creación en 2018, la Junta solo ha manejado tres casos.

“[E]l número de revisiones administrativas es limitado porque las industrias de telecomunicaciones, transportación y gas llevan muchos años de competencia efectiva, y cada vez los números de asuntos a atender son menores”, fue la justificación que proveyó un portavoz de la JRSP, a la vez que indicó que “la JRSP cree que se debe revisar la voluntariedad de estas revisiones si se quiere desarrollar una jurisprudencia consistente y especializada sobre las materias de energía, telecomunicaciones y transportación y otras utilidades”.

El atractivo principal para la reorganización era la entonces recién creada Comisión de Energía, pero luego la Legislatura le devolvió la independencia presupuestaria y operacional al Negociado de Energía en 2019. De hecho, las leyes orgánicas de las agencias aglutinadas no fueron revocadas, por lo que si se decide revocar la reorganización, las agencias seguirían trabajando esencialmente como lo hacían antes de estar todas bajo la Junta. En Estados Unidos, existen agencias similares a la Junta pero son una sola agencia para regular todas las utilidades y áreas que cubre la Junta, en vez de múltiples agencias que siguen operando individualmente debajo de una Junta.

La JRSP está compuesta por un presidente y dos miembros asociados. El presidente es Edison Avilés Deliz, quien también es presidente del Negociado de Energía. El Presidente tiene el salario de un juez de Apelaciones, $105,000, y los Asociados el salario de un juez superior, $89,600.

En cuanto a las capacidades que tuviera Rodríguez Correa para cumplir con los requisitos de ley necesarios para el cargo, su informe de nombramiento deja ese dato a la inferencia porque no explica específicamente cómo cumple. Alude a que ha trabajado en el Consorcio del Noroeste, el municipio de Canóvanas y el Senado. Las tres personas que se nombran en la “investigación de campo” sobre la designada fueron, precisamente, la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, el secretario del Senado, Manuel Torres Nieves, y la directora de asesores del Senado, Alicia Álvarez Esnard. El informe de nombramiento, ni la trayectoria profesional de Rodríguez Correa arrojan “preparación académica y experiencia en los asuntos bajo la jurisdicción de, al menos, una de las instrumentalidades reguladoras consolidadas” bajo la Junta. La designación fue aprobada de manera unánime el 5 de octubre pasado.

El de Rodríguez Correa no fue el único nombramiento en Sesión Extraordinaria relacionado con la estructura de la Junta. También estuvieron la licenciada Sylvia B. Ugarte Araujo como Comisionada Asociada del Negociado de Energía (ya era directora de Asesoramiento Legal de la Junta), el licenciado Julio A. Castellón Miranda para un nuevo término como Comisionado y Presidente del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos y el exsecretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto García, como Comisionado Asociado del Negociado de Telecomunicaciones.

La JRSP alega que ha logrado ahorros por $3 millones pero, por otro lado, el Registro de Contratos de la Contraloría refleja que la nueva entidad ha suscrito contrataciones por valor de $13.2 millones. Además, la fuente de NotiCel indicó que, justo después de la reorganización y antes de conocer la eficiencia de la nueva entidad, se realizaron aumentos de sueldo en 11 posiciones que elevaron las compensaciones hasta a $7,000 mensuales y se crearon cinco posiciones de entre $4,000 y $5,800 mensuales.

“[T]anto el aspecto estructural como el económico de la consolidación se trabajó con la Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority (AAFAF) junto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), de forma que se cumpliera con el Plan Fiscal”, aseguró la JRSP a través de su portavoz.

Para ver el informe del nombramiento de Rodríguez Correa, pulse aquí.

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