Con tan solo una muestra ínfima, la Oficina del Contralor encontró que el Senado no tenía control en el pago de facturas a contratistas y procuraba servicios que ya eran rendidos por sus propios empleados.

Pese a que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha insistido en que las operaciones de ese cuerpo legislativo carecen de irregularidades, la Oficina del Contralor le señaló ayer múltiples deficiencias en la contratación de servicios, el manejo de las facturas y el desembolso de fondos públicos.

Estos errores se circunscriben al periodo entre el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018, cosa que también incumbe a la presidencia de Eduardo Bhatia Gautier. El informe detalla que pudieron haber causado errores en el trámite de los pagos “y que los mismos no se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades”.

Aunque el tiempo que comprende la auditoría involucra a dos presidentes del Senado, es Rivera Schatz quien responde a los señalamientos de la contralora, Yesmín Valdivieso. De la misma forma, uno de los hallazgos se relaciona a la Oficina de Asuntos Gubernamentales, la cual se creó durante este cuatrienio.

Algunos de los problemas hallados por la Oficina del Contralor podrían parecer minúsculos, como la falta de fecha en la factura, pero son elementos que otros empleadores —como en la empresa privada— entienden como suficientes para detener momentánea o permanentemente el pago de servicios rendidos.

El análisis se divide en dos partes: pago de los contratos de servicios profesionales y de consultoría sin seguir los reglamentos y redundancia en la contratación de servicios en la Oficina de Asuntos Gubernamentales de San Juan y Mayagüez.

La Oficina del Contralor resumió que en ese plazo de tiempo, el Senado otorgó 1,899 contratos de servicios profesionales y de consultoría por $38,350,005. Las 604 enmiendas atribuidas a esos acuerdos aumentaron el monto por $4,063,896, por lo que el total estudiado ascendía a $42.2 millones.

De esa cifra, la entidad independiente tomó una muestra ínfima de 20 contratos y 10 enmiendas, para un total de $1,260,335 que fueron otorgados entre el 8 de julio de 2014 al 9 de abril de 2018. Entre ellos se encontraban 199 facturas y tres certificaciones de gastos de viajes.

De acuerdo a los hallazgos, en algunas de las facturas estudiadas no se incluyó el número de factura, la fecha, la dirección del contratista ni la fecha en que la rendición del servicio fue certificada por el funcionario a cargo. En otras instancias, las personas que certificaron que los trabajos fueron completados no estaban autorizadas a brindar esa certificación.

Esta práctica contrariaba las cláusulas de los mismos contratos otorgados, que establecían que el Senado no podía emitir ningún pago sin contar primero con un informe detallado de labores realizadas por el contratista o detalles sobre las horas trabajadas por día y la naturaleza del trabajo realizado en cada fecha.

Los servicios cuestionados estaban relacionados con asesoría administrativa, asesoría en comunicaciones, relacionistas públicos, asesoría en asuntos laborales y administrativos, coordinación de servicios intergubernamentales, asesoría en asuntos federales, y coordinación de enlace comunitario.

Según el informe, ni el Senado ni los contratistas pudieron abundar o presentar documentación adicional sobre los servicios facturados o evidencia de que los trabajos fueron realizados.

“Los documentos fiscales deben conservarse, clasificarse y archivarse en forma tal que se puedan localizar, identificar y poner a la disposición del Contralor de Puerto Rico y del Secretario de Hacienda, o de cualquier otro funcionario autorizado por ley, con prontitud y en la forma deseada. Esto es cónsono con lo establecido en el Reglamento 23 del Departamento de Hacienda”, según el informe.

En su evaluación, la Oficina del Contralor resaltó que se requieren mayores adiestramientos, a lo que Rivera Schatz respondió que todo se había hecho conforme a reglamentación y se había cumplido con el adiestramiento de los empleados.

“Las descripciones de los servicios brindados que presentan en las facturas tienen detalle de las reuniones y trabajo realizado”, afirmó. Mientras, el exsecretario de Administración subrayó que se trataban de faltas menores.

No obstante, el informe de Contraloría insiste en que es un problema administrativo y le recomendó al Presidente del Senado que supervise los trabajos de sus empleados, como el de su Jefe de Personal —que en ese entonces era el actual alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez— y el Secretario del Senado —Manuel A. Torres Nieves—, para que no cometan los mismos errores.

El informe define que es la gerencia del Senado la “responsable de establecer y mantener una estructura del control interno efectiva para proveer una seguridad razonable en el logro de lo siguiente: la eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y la reglamentación aplicables”.

En cuanto a la Oficina de Asuntos Gubernamentales de San Juan y Mayagüez, el informe señaló que se contrataron servicios que ya hacían empleados del Senado. Esta es la oficina cuyo director en el tiempo de la auditoría era Ángel Figueroa Cruz, quien en octubre de 2019 se declaró culpable de formar parte de un esquema de fraude que consistió en certificar como correctas las facturas de contratistas que no prestaron los servicios por los que cobraron.

Los servicios auditados por la Contralor fueron para coordinación y seguimiento de casos, orientación a constituyentes, reuniones en agencias gubernamentales relacionadas con los casos asignados y preparación de informes de casos para documentar las gestiones realizadas.

“Atribuimos la situación comentada a que el ‘chief of staff’ incumplió con la disposición mencionada y no se aseguró de que no se otorgaran contratos para realizar las mismas funciones que realizan otros empleados en el Senado. Además, a que la oficial ejecutivo y la ayudante administrativa de la Oficina de Contratos no se aseguraban, previo a la formalización del contrato, de verificar si los servicios a contratar podían ser realizados por empleados del Senado”, según el informe.

Los señalamientos de la Contralor son uno de los pocos que las entidades han podido publicar, ya que el Senado se ha mostrado reacio a divulgar información detallada sobre sus finanzas y contrataciones, particularmente a la Junta de Control Fiscal (JCF).

En febrero de 2019, el ente financiero acudió al Tribunal Federal para obligarlo a entregar los balances de sus cuentas, lo que finalizó con un revés para el Senado. Antes de eso, el Senado negó al ente informes detallados de presupuesto y asistencia. En su lugar, Rivera Schatz exigió a la JCF que publicaran esos mismos documentos que se les exigían.

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En la página web de la JCF consta que no hay ni un solo informe sometido por el Senado entre agosto de 2019 a mayo de 2020. El portal lo divide entre: balance de efectivo, medias y reformas, fondos de recuperación, contribuciones a las pensiones (PayGo), certificaciones y reportes adicionales. De forma mensual, el Senado debe someter un informe de liquidez y tampoco contiene información alguna.