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Legislatura

Senado da visto bueno a la independencia de Ciencias Forenses

Se crearía la Ley del Instituto de Ciencias Forenses.

El presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales, se expresó el jueves satisfecho tras la aprobación en el Senado del Proyecto de la Cámara 2075 que busca crear la Ley del Instituto de Ciencias Forenses, de manera que remueve al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) del Departamento de Seguridad Pública.

“Durante la investigación que realizamos en Ciencias Forenses, pudimos constatar que esta agencia ha enfrentado serios tropiezos desde su conversión de una entidad autónoma a un Negociado adscrito a otra dependencia gubernamental. La burocracia administrativa era otro escollo que afectaba la operación de esta agencia. Por tanto, es imperativo contar con un nuevo Instituto de Ciencias Forenses que atienda y promueva utilizar mejor los recursos fiscales y humanos, en un solo componente gubernamental”, reiteró Morales en comunicación escrita.

“De igual forma, la creación del Instituto le dará los poderes necesarios a su Directora Ejecutiva, para que lleve a cabo cualesquiera actividades y funciones dirigidas a agilizar los servicios que se le brindan a la ciudadanía; así como los análisis forenses necesarios para el esclarecimiento de investigaciones criminales”, puntualizó el representante.

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La medida, de la autoría de los representantes, José ‘Quiquito” Meléndez, Juan Oscar Morales y José “Che” Pérez Cordero, concede autonomía administrativa y fiscal al negociado, y establece que los fondos para su operación provendrán del presupuesto general de gastos del gobierno y estará bajo la tutela de una junta con amplia representación de los sectores con mayor injerencia en la administración de la justicia.

Esta aprobación ocurre luego de la actual directora ejecutiva de Ciencias Forenses, María Conte Miller, comunicara en una entrevista televisiva (Jugando Pelota Dura), que de no concretarse la independencia de la agencia, dejaría su puesto. Entre sus razones, mencionó la burocracia que establece el Departamento de Seguridad Pública (DSP) para concretar, entre otras cosas, contratos.