La pesquisa podría vincular comercios autorizados por el programa federal WIC que están bajo el control del legislador y sus familiares.

Parte de lo que las autoridades federales examinan en torno al representante Nelson del Valle Colón (Distrito 9 Toa Alta/Bayamón) es la posible mezcla de personal legislativo y empleados de negocios privados de una manera similar al caso que la fiscalía federal radicó contra dos contratistas y un empleado del Senado que culminó en declaraciones de culpabilidad por parte de los implicados.

Ayer, por segunda vez en menos de dos semanas, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) se presentaron a la residencia de un miembro de la Cámara de Representantes para, mediante orden, requerir la entrega de su celular. El 15 de julio lo hicieron con la representante por acumulación María Milagros Charbonier Laureano. El presidente del cuerpo, Carlos Méndez Núñez, ha indicado que ya las autoridades le habían requerido información sobre varias oficinas pero no ha dicho de cuáles. Tanto Del Valle Colón como Charbonier Laureano fueron electos por el Partido Nuevo Progresista (PNP), pero las indagatorias abarcan también a representantes del Partido Popular Democrático (PPD) cuya identidad no ha sido divulgada todavía.

Las autoridades federales tienen poder en ley para interceptar comunicaciones telefónicas, y también intervenir con compañías de teléfono y de correo electrónico para acceder a ese contenido como parte de una investigación, por lo que el hecho de que hayan procurado órdenes judiciales para ocupar físicamente los celulares de los representantes (y también del esposo de Charbonier Laureano) implica que entienden que la memoria y otras aplicaciones en los aparatos pueden producir evidencia de la posibilidad de comisión de delito.

NotiCel reportó ya que, en el caso de Charbonier Laureano, hay una serie de contratistas de su oficina que están abarcados en la pesquisa.

En el caso de Del Valle Colón, lo que se ha conocido hasta ahora es que en su oficina se pudo haber configurado un caso de personas que, aunque aparecen registrados como sus empleados, y cobran del fisco por ello, realmente no laboran allí sino que laboran en negocios privados, específicamente la sospecha es que laboran en comercios autorizados por el programa federal WIC que están bajo el control del legislador y sus familiares.

Tras la incautación del aparato ayer, no fue posible comunicarse con el representante Del Valle Colón. La delegación cameral del PNP tendrá un caucus hoy para discutir la orden de las autoridades federales contra el presidente de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Comercio y miembro de las comisiones de Asuntos Municipales, Cooperativismo, Transportación e Infraestructura, Recreación y Deportes y Vivienda.

Del Valle Colón aparece en los registros del Departamento de Estado como presidente, tesorero y agente residente de la corporación Colmado Los Vaqueritos, Inc., un negocio autorizado bajo el programa WIC. En el informe corporativo de 2019, último disponible, aparece como agente residente y la dirección del negocio sigue siendo la que ha tenido durante sus años de existencia, pero ahora aparece como presidenta Nydia del Valle y, como tesorera, Suhail Rodríguez. NotiCel se comunicó con la corporación y Manuel Crespo Figueroa, el contable, indicó que ya el representante no era parte del negocio pero no precisó desde cuándo.

José Díaz, presidente de la Asociación de Comerciantes WIC de Puerto Rico, confirmó que la familia de Del Valle, su madre, sus hermanas y el propio representante, han sido comerciantes del programa desde hace décadas, y se sorprendió de conocer que el representante sigue atado a Los Vaqueritos porque entendía que lo había vendido a un pariente. “Cuando empezó WIC en Puerto Rico, su mamá empezó en WIC de Puerto Rico”, subrayó.

La biografía oficial de Del Valle dice que “por muchos años, se dedicó al comercio destacándose como comerciante del Programa Federal WIC en los municipios de Toa Alta y Bayamón”. Las tiendas de la familia de Del Valle Colón están ubicadas en Caguas y Vega Alta, dijo Díaz, mientras que Los Vaqueritos está en Bayamón.

En 2019, la fiscalía federal en Puerto Rico sometió acusaciones contra Isoel Sánchez Santiago, Chrystal Robles Báez, ambos contratistas del Senado, y contra Ángel Figueroa Cruz, director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales (OAG) del Senado, por un esquema en el que los contratistas cobraron bajo sus contratos por servicios que no rindieron. Específicamente, Robles Báez se dedicaba a gerenciar un negocio de crepas en Humacao cuando se supone que estuviera rindiendo servicios en la Cámara Alta. La fiscalía federal citó como testigo al presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz y, después de esa citación, los acusados notificaron su intención de declararse culpables, por lo que la evidencia en el caso nunca se divulgó en corte abierta. Uno de los abogados de defensa, llegó a argumentar que Rivera Schatz podría estar involucrado en los hechos ilegales por los cuales se procesó al trío, pero la fiscalía federal declinó abundar sobre investigaciones pendientes.

Después de ese caso en el Senado, no se ha registrado ninguna otra acusación sobre empleados fantasmas en la Legislatura y el enfoque investigativo parece concentrarse ahora en la Cámara de Representantes. En 2018, el exempleado cameral Hiram Delgado Rivera hizo pública sus denuncias sobre la existencia de un esquema de empleados fantasmas en ese cuerpo, que incluía a Sánchez Santiago, y añadió que su teléfono celular y otra evidencia ya estaba en manos del Departamento de Justicia de Puerto Rico que, a ese momento, no había tomado acciones.

Del Valle Colón y Charbonier Laureano fueron dos de los primeros representantes y candidatos políticos que, el 24 de diciembre de 2019, hicieron público su apoyo al precandidato a la gobernación del PNP, Pedro Pierluisi Urrutia, frente a su rival, la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

NotiCel preguntó a Díaz cuál ha sido la experiencia de la Asociación con Del Valle Colón, habida cuenta su involucración y la de su familia en negocios autorizados bajo el programa WIC.

“¿Quieres que te diga la verdad? Nada (ha hecho). ¿Quieres que te diga la verdad? A la Asociación no le ha resuelto nada. A lo mejor es por mis principios, porque como yo sé que él es representante, si yo tuviera que tocar a alguien, al menos que tocaría sería a él. Yo llevo 20 y pico de años en el Programa WIC y no voy a manchar mi nombre por una tontería y, como ha habido buena comunicación con el programa (que administra el Departamento de Salud), no lo he necesitado”, argumentó.