La madre y la representación legal de la niña Alma Yariela Cruz Cruz abundaron sobre la manera en que el nominado estuvo involucrado en su caso judicial.

El nombramiento de Carlos Rivera Santiago para dirigir el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) será atendido “con calma”, luego de que en vista pública se pusiera en tela de juicio su temperamento, sensibilidad y se le catalogara como racista, tras insistir en conductas punitivas contra Alma Yariela Cruz Cruz.

A Cruz Cruz, una estudiante de educación especial, se le radicaron cargos por agresión en enero de 2017, cuando tenía 11 años, tras defenderse de acoso escolar por ser negra. El intento de procesamiento criminal contra la niña por parte del Estado finalizó en febrero de 2018 mediante desistimiento del gobierno, luego de que el Tribunal Supremo permitiera la transmisión pública del caso.

La niña acudió junto a su madre, Yomayra Cruz Lozada, y su representación legal, Marcos Rivera Ortiz y Maraliz Rivera Gutiérrez, ante la Comisión de Nombramientos, para explicar cómo Rivera Santiago manejó el caso.

Al nominado se le señaló por no intervenir para detener el procesamiento de la niña, ya que en ese momento ocupaba el cargo de Secretario Auxiliar de Menores y Familia en el Departamento de Justicia. Es decir, supervisaba a los procuradores de menores, también fiscales, que llevaban casos como los de Cruz Cruz. Quien lideraba Justicia mientras se insistía en continuar con los cargos era la actual gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

“Entiendo que el caballero es una persona falta de sensibilidad que ha tenido en sus manos diferentes tipos de situaciones. En el caso mío, tuvo en sus manos la libertad de mi niña y en ningún momento promovió alternativas. El caballero no tuvo empatía y si estamos hablando de una situación de esa índole, ¿cómo vamos a delegar la responsabilidad de un Departamento del Trabajo, que necesitan que sean empáticos con ellos? No creo que tenga la capacidad humana”, argumentó Cruz Lozada en repetidas ocasiones.

El breve recuento de la madre de Cruz Cruz apuntó hacia un discrimen sistémico, en el que no solo fallaron las niñas que señaladas por acoso, sino los directivos escolares al juzgar a Cruz Lozada por una condición de salud que interpretaron por abuso de sustancias controladas y por no propiciar un espacio de resolución de conflictos. También, la Policía de Puerto Rico, los procuradores de menores y sus supervisores y los diversos jueces que atendieron el pleito, quienes no le informaron a las víctimas sobre sus derechos ni cedieron a una solución, pese a que la defensa estaba en la mejor disposición de remediar el asunto sin acudir a la vía judicial.

A raíz del caso, Cruz Lozada mantiene una demanda vigente contra el Estado, el Departamento de Educación y personas no identificadas que pudieron actuar de forma negligente y por lo cual reclama compensación de un millón de dólares.

Cruz Lozada subrayó que no conocía a Rivera Santiago ni había interactuado con él, pero a base de su experiencia, no le constaba gestión alguna por parte del nominado para detener el proceso.

“Es una persona que carece de sensibilidad y empatía. Una persona como esta no está capacitada para correr ese tipo de posición, porque se va a encontrar con muchas personas con las que va a necesitar empatía y no la tiene”, recalcó Cruz Lozada, en alusión a las miles de personas que continúan en largas filas en el Centro de Convenciones de Miramar para solicitar el desempleo a raíz de la pandemia.

Se estima que alrededor de 300,000 personas requieren las ayudas de desempleo a raíz de la pandemia del coronavirus COVID-19, quienes han hecho filas desde horas de la madrugada para pedir esa ayuda.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos ayer, Rivera Santiago reconoció que no ordenó el archivo o detención del caso en ninguna de sus diversas etapas porque entendía que, al continuar con la orden de arresto y la presentación de cargos criminales, estaba en cumplimiento con su deber ministerial.

Rivera Schatz interviene por el nominado

La vista senatorial se enfocó en todas las formas y maneras en que el caso de Cruz Cruz fue mal manejado por las autoridades escolares, judiciales y estatales, recuento que en ocasiones diluyó las imputaciones específicas a Rivera Santiago, porque abarcó varias personas.

Durante su intervención, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, buscó puntualizar la responsabilidad precisa de Rivera Santiago, al punto que ordenó la citación de Leonardo Aldridge —primer abogado de Cruz Cruz— y Enid Vigo, a quien identificó como la demandante en ese caso y madre de las niñas imputadas. Esto, pese a que quien tiene la potestad de ordenar citaciones es el presidente de la Comisión de Nombramientos, Héctor Martínez Maldonado.

“Si nunca hubo un acercamiento directo, eso hay que examinarlo. Si lo hubo, entonces es el problema. Si este señor falló en algo, el primero que le va a pedir cuentas soy yo. Cualquier persona que tenga información de este nominado y quiera venir”, respondió Rivera Schatz a la prensa tras finalizar la vista.

El Presidente de la Comisión de Nombramientos encabezó las preguntas iniciales a Cruz Lozada y a los abogados, pero cuando Rivera Schatz entró al Salón Leopoldo Figueroa, donde se celebró la vista pública, cesó su línea de cuestionamientos y dio paso a preguntas de los demás legisladores.

De inmediato, los senadores José “Joito” Pérez Rosa y Carlos Rodríguez Mateo no consumieron turnos. Los demás senadores, salvo las minorías, realizaron pocas preguntas, como Migdalia Padilla Alvelo, quien cuestionó a la madre por qué entendía que el nominado no debía ser confirmado por el Senado de Puerto Rico.

Los licenciados Rivera Ortiz y Rivera Gutiérrez contestaron algunas de las preguntas, por lo que el senador Martínez Maldonado dio la instrucción a los demás senadores que no le hicieran preguntas a la representación legal, porque solo estaban ahí para propósitos de asesoría a la madre de la niña. En voz baja, Rivera Schatz, quien se encontraba sentado al lado de Martínez Maldonado, dijo “estoy de acuerdo”.

Sin embargo, en su intervención Rivera Schatz dirigió preguntas a los abogados, pero catalogó las respuestas como opiniones.

En su intervención, preguntó a los abogados de Cruz Cruz que, si la línea de mando entera falló en el caso, entonces no podía atender una renominación o un aumento de sueldo a los jueces que atendieron el pleito.

“No debería serlo”, contestó el licenciado Rivera Ortiz. Fue el abogado quien exclamó que el caso no se detuvo porque el racismo lo impidió, a toda vez que no se podía permitir que “un racista” dirija una agencia pública. “Este pueblo no aguanta más”, exclamó.

La licenciada Rivera Gutiérrez, por su parte, abundó que el nominado carecía del temperamento y las cualidades investigativas requeridas para comandar los esfuerzos del DTRH, agencia que maneja casos de personas desempleadas y asuntos de acoso laboral, entre otros.

En la vista pública participaron 13 senadores y senadoras. Solo dos de ellas eran mujeres, mientras que no hubo participación de senadores visiblemente negros, situación que se extiende a la composición del pleno legislativo.

Eduardo Bhatia Gautier, Juan Dalmau Ramírez y José Vargas Vidot aludieron a la desigualdad enfrentada por Cruz Cruz y su madre.

No se abordó en qué fecha sería atendido el nombramiento de Rivera Santiago, que suponía ser atendido durante la sesión senatorial de hoy.

Mira aquí la transmisión de la vista pública: