Rodríguez López confirmó la información en su testimonio bajo juramento ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

A pesar de que Juan Maldonado de Jesús negoció a nombre de la empresa Apex General Contractors (Apex) con el Gobierno de Puerto Rico a espaldas del presidente de la corporación, Robert Rodríguez López, este último ayudó a continuar el trámite con el fin de lograr cobrar los $38 millones a los que ascendía la transacción.

Rodríguez López reveló la información en su testimonio bajo juramento durante una vista ejecutiva, o sea, privada, ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, declaraciones que NotiCel pudo constatar con dos fuentes distintas.

De acuerdo a sus expresiones, Maldonado de Jesús falsificó su firma en una resolución corporativa, la cual autorizaba al empresario Aaron Vick a firmar contratos a nombre de la Apex.

Vick es quien posteriormente aparece como firmante en la orden de compra para un millón de pruebas serológicas para detectar el coronavirus COVID-19 con el Gobierno de Puerto Rico, para el cual se adelantaron $19 millones de fondos públicos.

Según una fuente, Maldonado de Jesús no solo falsificó el nombre de Rodríguez López en la resolución corporativa, sino en contratos, fianzas, entre otros documentos que el deponente corroboró en la vista ejecutiva.

El testimonio de Rodríguez López arroja mayor claridad sobre las declaraciones, también bajo juramento, de Maldonado de Jesús el pasado 11 de mayo. Ese día, el abogado aseguró que era el representante legal de APEX, pero se amparó en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos al ser cuestionado sobre la falsificación de la firma del Presidente de la corporación.

Quien invoca la quinta enmienda pide que su testimonio no sea utilizado en su contra en un posible proceso criminal.

Durante su comparecencia, Maldonado de Jesús explicó que utilizó el nombre de Vick porque usar apellidos estadounidenses funcionaba mejor para conseguir contratos, además de que utilizar su propio nombre en la transacción podría haber provocado que le “torpedearan” sus gestiones por motivaciones políticas.

Maldonado de Jesús renunció a su último cargo público en febrero de 2019, fecha hasta la que ocupó la dirección ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo. En su comparecencia, reiteró que era militante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Rodríguez López advino en conocimiento de la transacción sin su conocimiento e ilegal en horas de la noche del 26 de marzo, el mismo día en que se firmó el acuerdo. Al enterarse, se alega que festejó el pacto que dejaría $10 millones de ganancia para él, Maldonado de Jesús y Vick.

Fuera de denunciarlo, el Presidente de Apex declaró en la vista que continuó el trámite del negocio, al insistir en el banco Oriental para que la transacción, que conllevó un adelanto de $19 millones, fuera aprobada a como diera lugar.

Al revelarse lo discutido en la vista ejecutiva, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, reiteró que el testimonio de Rodríguez López destapó las irregularidades de Maldonado de Jesús, pero denunció que el 26 de marzo el ejecutivo “celebró que a su empresa le fue adjudicado este contrato millonario y trató por todos los medios de ratificar y de que se mantuviera este contrato y en ningún momento hizo ningún tipo de señalamiento ni denuncia pública”.

“Esto es una venta fraudulenta, es una venta llena de corrupción pública y todo esto ocurre en medio de esta emergencia nacional donde miles de personas están padeciendo este terrible virus, más de cien personas han perdido la vida y ya se sienten los efectos sociales y económicos de esta situación”, lamentó Márquez Lebrón, quien insistió en que hubo “clientelismo político” en esta transacción.

Fuentes indican que, cuando trascendió por primera vez que la transacción se había dado de forma irregular y que el costo por cada prueba individual, que ascendía a $38, estaba a sobreprecio, Rodríguez López movilizó sus conexiones en el banco Oriental, en el Senado y en los medios de comunicación en prensa escrita, radio y televisión.

El alegado interés de Rodríguez López consistía en desligar a Apex de Maldonado de Jesús y apaciguar la opinión pública, ya que la empresa de construcción no tenía experiencia en la venta de productos de salud, pero ostentaba contratos con otras entidades gubernamentales, como la Superintendencia del Capitolio de Puerto Rico.

A esos fines, alistó a Willie Vega para llamar directamente al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y solicitar su intervención. En cambio, los esfuerzos no funcionaron, pues el 16 de abril la gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenó la cancelación de todos los contratos de Maldonado de Jesús y Apex con el gobierno.

El banco Oriental, por su parte, informó al Gobierno de Puerto Rico el 3 de abril que Apex intentó hacer una transacción con el adelanto de $19 millones con un banco en el estado de Colorado. Sin embargo, la transacción no prosperó porque la institución financiera activó sus mecanismos de seguridad contra el lavado de dinero.

A su salida de la vista, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, certificó que durante el testimonio salió a relucir el nombre de Vega junto al asesor legislativo de la Primera Ejecutiva, Alex López Echegaray, como dos personas que intervinieron en la cancelación de la malograda compra millonaria de Apex.

A preguntas de la prensa, Morales Rodríguez negó que Rivera Schatz haya inquirido sobre la transacción.

En horas de la mañana, Rodríguez López —a través de su abogado, Juan R. Acevedo Cruz— solicitó testificar a puerta cerrada por motivos de seguridad y porque estaba en proceso de colaborar con autoridades estatales y federales.

“El señor Robert Rodríguez López ha estado cooperando con autoridades federales y estatales desde el 14 de abril de 2020 en el asunto que investiga la Comisión. En vista de esto y para proteger vida y la seguridad del señor Rodríguez López y su familia, solicitamos que dicha audiencia sea una ejecutiva, en privado”, declaró Acevedo Cruz.

Sin embargo, la Comisión de Salud otorgó la petición para no interferir con las pesquisas que llevan a cabo autoridades como el Departamento de Justicia, el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud.

El testimonio en vista ejecutiva finalizó cercano a las siete de la noche del lunes. Hasta el momento, su comparecencia y la de la exsecretaria del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, son las únicas que se han dado a puerta cerrada durante todo el proceso investigativo.