De acuerdo al representante Juan Oscar Morales Rodríguez, existen comunicaciones escritas que constatan la participación del asesor y un empleado del Senado.

El asesor en Asuntos Legislativos de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, de nombre Alex López Echegaray, así como el empleado del Senado, Willie Vega, alegadamente intervinieron en la cancelación de la compra de $38 millones a la empresa Apex General Constructors (APEX), que suponía traer un millón de pruebas para detectar el coronavirus, o COVID-19.

De acuerdo al representante Juan Oscar Morales Rodríguez, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, existen comunicaciones escritas que constatan la participación de ambos, elemento que no se había mencionado en este proceso anteriormente.

“Alex López aparentemente intervino en el proceso de cancelación de la compra y Vega, que trabaja en el Senado. Yo no los conozco. Tuvieron conversación con estas personas referente a la cancelación”, declaró Morales Rodríguez tras la vista ejecutiva del presidente de APEX, Roberto Rodríguez López.

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En horas de la mañana, Rodríguez López a través de su abogado, Juan R. Acevedo Cruz, solicitó testificar ante la Comisión de Salud a puerta cerrada, a modo de proteger su vida. Del mismo modo, aseguró estar en proceso de colaborar con autoridades estatales y federales.

El representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) manifestó su interés en citar al asesor y al empleado del Senado en su oficina para conocer con exactitud en qué consistió su participación.

A preguntas de la prensa, no pudo contestar cómo estos asesores tenían acceso a esta transacción y por qué intervinieron en la cancelación de la compra. Por otro lado, negó que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, haya relucido en la investigación como quien inquirió sobre la transacción.

López Echegaray se convirtió en asesor de Vázquez Garced en octubre de 2019 y es quien analiza y evalúa todas las medidas que llegan ante la consideración de la Gobernadora, y emite sus recomendaciones para la determinación final.

Antes de su nombramiento, se desempeñó como director de la Comisión de Reglas y Calendarios del Senado de Puerto Rico, presidida por el portavoz da la mayoría, el senador Carmelo Ríos Santiago.

Según Morales Rodríguez, el empresario Rodríguez López presentó prueba documental de las comunicaciones por correo electrónico entre él y Juan Maldonado de Jesús, quien alegó ser el abogado de APEX en esta transacción, que contienen los mensajes del asesor y el empleado del Senado.

En sus declaraciones bajo juramento el 11 de mayo, Maldonado de Jesús se amparó en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos al ser cuestionado si falsificó la firma de Rodríguez López, asunto que este último discutió con los legisladores.

Morales Rodríguez no quizo confirmar si el Presidente de APEX trató de desvincularse de Maldonado de Jesús o si en efecto este último falsificó su firma en una resolución corporativa que autorizaba al empresario Aaron Vick a firmar contratos a nombre de la empresa.

El representante del PNP reiteró que todos los hallazgos de la vista estarían contenidos en el informe final de la investigación, ya que no vislumbra vistas adicionales, fuera de la ya dilatada comparecencia del presidente de 313, LLC, Ricardo Vázquez.

Vázquez se ausentó de la vista para la cual fue citado y envió una comunicación a través de su abogado, Miguel Negrón Matta, para solicitar una vista ejecutiva porque también ha colaborado con investigaciones en otros foros.

De acuerdo a Morales Rodríguez, en cambio, Vázquez debe presentarse ante la Comisión para hacer su petición, pero hasta la fecha de comienzo de la vista no habían recibido comunicación de su parte fuera de la carta.