Durante su testimonio ante la Cámara de Representantes, aceptó que APEX no tenía contrato con el distribuidor de las pruebas cuando hizo negocios con el Departamento de Salud.

Cuando Apex General Contractors (APEX) envió una propuesta de productos disponibles al Departamento de Salud para atender la emergencia del coronavirus COVID-19, aún no tenía una relación contractual con quien suponía proveerle el inventario de esa mercancía, según su representante, el licenciado Juan Maldonado de Jesús.

APEX es la empresa contratada para la fallida compra de un millón de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 por $38 millones, pese a que la corporación no tenía experiencia en la venta de productos de salud, sino en construcción.

Maldonado de Jesús reveló esta y otras incongruencias durante su testimonio bajo juramento ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, en el cual se acogió en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, al ser abordado sobre la firma que aparece en uno de los documentos requeridos para encaminar la orden de compra millonaria con el Gobierno de Puerto Rico.

El deponente relató que, previo a firmar el acuerdo con las agencias pertinentes, se tramitó una resolución corporativa para permitir que el empresario Aaron Vick se convirtiera en la persona autorizada a firmar contratos de emergencia a nombre de APEX.

Al preguntársele si la resolución, la cual notarizó, fue firmada en su presencia por el presidente de APEX, Robert Rodríguez, Maldonado de Jesús se acogió a la quinta enmienda. Para propósitos de contratación con el gobierno, las resoluciones corporativas deben estar notarizadas.

“Me acojo a la quinta enmienda y a mi derecho de no autoincriminarme”, respondió el abogado, al deponer bajo juramento.

Maldonado de Jesús estuvo acompañado de su abogada, Mayra López Mulero.

Lo que pide quien invoca la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es que su testimonio no sea utilizado en su contra en un posible proceso criminal.

La posición del representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, y del presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), es que Maldonado de Jesús violentó los Artículos 2 y 60 de la Ley Notarial, así como los cánones 18, 35 y 38 del Canon de Ética de Abogados.

A juicio de los representantes, el contrato de APEX con el gobierno es nulo porque la resolución no se completó conforme a las leyes vigentes. Sin embargo, Maldonado de Jesús argumentó que el contrato no sería nulo de su faz, pero anulable.

Maldonado de Jesús conoció y estableció una amistad con Vick cuando dirigió la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM). En ese momento, Vick fungía como contratista de la dependencia mediante la empresa Fortress Maritime.

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Vick es quien aparece como firmante en el contrato con la Administración de Servicios Generales (ASG), agencia que centraliza las compras por ley, según tramitadas en este caso por Salud y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). Eventualmente la empresa devolvió el pago adelantado de $19 millones que recibió por las pruebas que serían enviadas a la Isla por un proveedor australiano.

“A veces usar un apellido americano funciona mejor. Segundo, la especialidad del señor Vick es todo lo que tiene que ver con logística y consideramos que dada la emergencia, si necesitáramos que alguien fuera físicamente a traer el embarque, él era la persona”, explicó Maldonado de Jesús.

El abogado y exdirector ejecutivo de ATM añadió que no quiso utilizar su propio nombre en la transacción porque trata de “mantenerse al margen” en sus interacciones con el gobierno, con el fin de que no “torpedeen” sus gestiones por motivaciones políticas. Maldonado de Jesús renunció a su cargo en la ATM en febrero de 2019 y reiteró durante la vista que es militante del PNP.

En la vista pública, Maldonado de Jesús señaló que Vick generaría un tipo de ganancia por esta transacción, pero no pudo especificar una cifra porque, a su juicio, esa información estaba cobijada en la relación abogado-cliente.

De haberse concretado la transacción, Maldonado de Jesús habría recibido una tajada, pues confirmó que el margen de ganancia de APEX en este negocio era cercano a los $10 millones (o un 27 por ciento del total).

“Falsas representaciones” por doquier

Basado en su testimonio, Maldonado de Jesús hizo una falsa representación a Salud al asegurar que el millón de pruebas para detectar el COVID-19 ya se encontraban en Estados Unidos, aunque no le constaba de su propio y personal conocimiento.

Sin embargo, esa afirmación se basó en la información errada que le ofreció la empresa intermediaria, 501 Nutrition, cuya existencia tampoco le fue mencionada a Salud. La corporación les hizo llegar un video con los productos en un almacén.

“Nosotros representamos lo que se nos representa a nosotros”, exclamó Maldonado de Jesús.

La empresa 501 Nutrition tiene base en el estado de Arizona, sin embargo, los productos en su catálogo provendrían de Australia, por vía de una empresa llamada Promedical Equipment.

El contacto con esta empresa llegó a través de Troy King, a quien no describió ni explicó de dónde lo conoce. La relación surgió en una llamada en conferencia entre King, William Tress, otra persona sobre quien no entró en detalles, y Andrew Bochel, el distribuidor autorizado de 501 Nutrition.

Al deponer, Maldonado de Jesús señaló que para el 26 de marzo —fecha en la cual le envió la propuesta de productos disponibles a Salud— aún no tenía una relación contractual con 501 Nutrition, quien le proveería los productos a APEX, pero “la representación que nos habían dado” es que APEX sería el distribuidor exclusivo a nivel local.

“Nosotros hicimos el ‘due diligence’ [debido proceso] necesario típico dentro de la situación de emergencia, verificamos el distribuidor, que hicieran negocios anteriormente con el Gobierno de Puerto Rico, [la información] de Promedical, se indagó y la evidencia del producto, que se puso a disposición de la Comisión de Salud, y la mercancía que estuviera lista para entregarse”, declaró Maldonado de Jesús.

Según Maldonado de Jesús, la representación y el entendimiento entre las partes era que si el pago llegaba en la fecha acordada, el cargamento podía llegar de Puerto Rico a Australia en menos de cinco días.

“Nosotros le hicimos claro al Departamento de Salud que la fecha de entrega que se estaba dando era en el aeropuerto, por lo que previnimos que había una dilación en levantamiento del producto. Eso lo conversé con Mariel [Rivera]. Me parece que está por escrito en alguno de los documentos”, aclaró Maldonado de Jesús.

No obstante, el abogado recalcó que Mariel Rivera Rivera, la analista de compras de Salud, solicitó a APEX que detuviera el proceso que ya se había encaminado porque la agencia pública quería revaluar la compra.

Esta petición surgió el 31 de marzo, fecha para la cual la empresa ya se había comprometido a entregar el cargamento, por lo que no explica la razón de la tardanza en la entrega. Días después, aunque estuvieron en constante comunicación, según Maldonado de Jesús, se canceló el contrato por incumplimiento.

Maldonado de Jesús detalló que tuvo tres comunicaciones escritas con el general José Burgos, comisionado de NMEAD, donde especificó que en ningún momento a APEX se le requirió que las pruebas serológicas que serían provistas tuvieran la aprobación de la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

En la razón de la cancelación, Burgos había señalado que se trataba por el incumplimiento con el requisito de la FDA y por no ser entregadas a tiempo.

Del mismo modo, Maldonado de Jesús subrayó que luego de pactarse la relación contractual con el gobierno, y a modo de buscar opciones alternas para cumplir con lo prometido, ofreció pruebas de otros proveedores a $7, $12 y $18 cada una, en comparación con los $38 por unidad que el gobierno pagó por la primera orden del millón.

Maldonado de Jesús dijo que la cancelación final surgió el 3 de abril. NO obstante, el representante Morales Rodríguez aseguró que la Comisión de Salud posee correos electrónicos que indican que el Departamento de Hacienda ya había iniciado trámites a esos fines desde el 1 de abril.

Para ser contratada, APEX pasó por una cadena que comenzó con un contacto inicial de Maldonado de Jesús al exasesor legislativo Eduardo "Tito" Laureano, quien lo conectó con el director del "Task Force" Médico para asesorar en esta emergencia, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini.

De ahí, el doctor le envió el contacto de Mabel Cabeza Rivera, a quien identificó como jefa de personal de Salud. Maldonado de Jesús luego contactó a Laureano nuevamente, quien lo conectó con el doctor Roberto Rosso.

Posteriormente, Cabeza Rivera le informó que su información sería tramitada con la entonces secretaria auxiliar de Salud, Adil Rosa Rivera y la analista de compras Rivera Rivera.