El documento de 90 páginas resume los testimonios de cada deponente que se dio cita hasta el 24 de abril, pero otorga especial énfasis al que detonó la investigación.

Cinco funcionarios y exfuncionarios fueron referidos a agencias estatales y federales, como al Panel del Fiscal Especial Independiente y al Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés), a raíz de una pesquisa legislativa cuyo propósito ha sido ligado a motivaciones políticas, pero que ha revelado en el proceso cuán irregular ha sido el manejo de la emergencia del coronavirus COVID-19 en la Isla.

El detalle consta en el informe parcial de hallazgos de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, a propósito de la fallida compra de un millón de pruebas rápidas para detectar esta mortal enfermedad por $38 millones a la empresa de construcción y sin experiencia en servicios de salud Apex General Contractors (APEX).

El informe parcial, de 90 páginas, resume las vistas públicas y ejecutivas que se llevaron a cabo desde el 8 hasta el 24 de abril, proceso investigativo que comenzó con las denuncias públicas hechas por la ex secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo.

Aún posterior a esas fechas, la Comisión de Salud continúa remitiéndose a las declaraciones de la ex secretaria interina como el cimiento de los hechos o para confrontar la versión ofrecida por otro deponente, larga lista que ha incluido a personal del equipo de compras de la agencia, así como integrantes del “Task Force” Médico creado para asesorar a la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

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Quiñones de Longo cuenta con una larga trayectoria en el servicio público y se convirtió en subsecretaria mientras Rafael Rodríguez Mercado dirigía la agencia. Una vez consignada su renuncia un 13 de marzo, la funcionaria asumió las riendas de Salud de manera interina. Parte de su reclamo durante este proceso se basa en que la Primera Ejecutiva nunca le extendió una carta para certificar su nombramiento, ni discutieron cuáles serían sus labores.

Pese a que la emergencia del COVID-19 es una de salud pública, el informe parte de la premisa —por el testimonio bajo juramento de Quiñones de Longo y otros deponentes— que la máxima autoridad de salud en la Isla quedó rezagada durante esta pandemia, debido a la exclusión de la jefatura de Salud de la coordinación de esfuerzos, el micro manejo por parte de personal de La Fortaleza y la suma de un grupo asesor con alegada influencia en la toma de decisiones.

Quiñones de Longo se sentía como un “sello de goma” en Salud, pues entendía que solo se requería de su asistencia para la firma de contratos u órdenes de compra, pero no se le invitaba a reuniones con la Gobernadora o conferencias de prensa para exponer la visión del Departamento o sus acciones respecto a esta pandemia.

PDF: Informe parcial Comisión de Salud

En ocasiones, según el documento, su mandato era retado por Mabel Cabeza Rivera, quien fuera jefa de personal del exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, o por la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez Pérez.

“Subrayó que, sin su consentimiento, desde La Fortaleza le cancelaban las entrevistas que tenía pautadas para mantener informado al pueblo”, señaló el documento.

Al ser abordada sobre su relación con Cabeza Rivera la doctora Quiñones de Longo reiteró que los estilos de ambas chocaban, pues al solicitársele algo, “ella solía desafiar la orden a sus espaldas”, según el informe.

La relación contenciosa con Cabeza Rivera se ha extrapolado a otros testigos, quienes alegan que era la persona con poder decisional en Salud y con acceso a La Fortaleza, quien tramitaba contratos y coordinaba las compras. Luego de ser destituida por Quiñones de Longo, Cabeza Rivera se convirtió en la persona enlace entre el “Task Force” Médico y La Fortaleza, tareas que ejerció por unos seis días.

“[Cabeza Rivera] era quien decidía las contrataciones en el Departamento, llegando a realizar contrataciones que la doctora consideró como ilegales”, resumió el informe, que también apunta a un ambiente de intimidación en Salud por parte de Cabeza Rivera aun cuando la funcionaria ya estaba destacada en la Mansión Ejecutiva.

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Es en Sánchez Pérez, Cabeza Rivera y en la ayudante especial de la Gobernadora, Marisol Blasco Montaña, que recaen las menciones principales de Quiñones de Longo sobre la intervención de La Fortaleza en sus deberes ministeriales y a quienes le atribuye, con la suma del licenciado Antonio Pabón Batlle como secretario de la Gobernación, y al doctor Segundo Rodríguez Quilichini, como líder del “Task Force Médico” impedirle ejecutar sus funciones como secretaria de Salud interina.

De Blasco Montaña se reitera en el informe, y con la verificación de al menos dos testigos, que fue quien llamó a la ex secretaria interina para presionarla a firmar un contrato millonario en 20 minutos.

“Task Force” asumió otro rol

En el informe se resume que, más allá de asesorar a la Gobernadora o a Salud en la pandemia, el “Task Force” tuvo una alegada intervención en el referido de suplidores para que fueran considerados a la hora de hacer compras y trató de insertarse en lo que es la imagen de Salud como agencia pública en medio de una emergencia.

Precisamente a finales de marzo, luego de dos renuncias seguidas en la jefatura de Salud, la gobernadora Vázquez Garced delegó más responsabilidades en el “Task Force" Médico para atender la emergencia.

Al centro de los señalamientos se encuentra el doctor Rodríguez Quilichini, quien lidera el ente asesor y a quien Quiñones de Longo se refirió como el “Secretario de facto” de Salud.

Basado en el recuento, el doctor hacía referidos de suplidores, intentó que se contratara al oficial de prensa Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde es rector, en Salud y fue quien dio el alegado visto bueno verbal —por voz de un “dale pa’lante— al equipo de compras de Salud para el millón de pruebas propuestas por APEX. Rodríguez Quilichini también fue quien refirió a esta empresa.

Según el testimonio de Quiñones de Longo, Rodríguez Quilichini recomendó esconder la renuncia de la entonces epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, cuyas decisiones fueron catalogadas por la deponente como muy conservadoras y carentes de visión para buscar soluciones.

“El 20 de marzo de 2020 cuando la Dra. Deseda renunció y le entregó la carta a la entonces Secretaria Interina, ésta manifestó haber discutido la renuncia con el Dr. Segundo Rodríguez, quien le recomendó no hacerla pública y ocultar la información. No fue hasta casi una semana más tarde que el Pueblo de Puerto Rico se enteró de la noticia de la renuncia. A pesar de que la Dra. Quiñones de Longo aceptó la renuncia al momento, el Departamento de Recursos Humanos de la Agencia no la hizo efectiva hasta el 31 de marzo de 2020, fecha en que la Ex-Secretaria Interina ya no se encontraba en su puesto”, describió el informe.

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Debido al periodo que comprende el informe parcial, no se incluye una valoración de los testimonios posteriores al 24 de abril como las declaraciones del director de la Administración de Servicios Generales, Ottmar Chávez Piñero, así como el secretario y la subsecretaria de la Gobernación, Pabón Batlle y Sánchez Pérez, respectivamente, la ayudante especial de la Gobernadora, Marisol Blasco Montaña, y Cabeza Rivera.

Estos testimonios, así como el testimonio futuro del exdirector ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo, Juan Maldonado de Jesús, quien es la persona contacto de APEX, serían incluidos en el informe final que rinda la Comisión de Salud.

El saldo de los problemas administrativos en Salud se ha visto por los pasados días. Pese a que en ese entonces había una necesidad imperante de conseguir un millón de pruebas para detectar el COVID-19, luego de las denuncias de Quiñones de Longo el nuevo secretario de la agencia pública, Lorenzo González Feliciano, admitió que se detuvieron los intentos de adquirir más pruebas, unas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado como esenciales para disminuir la proliferación de esta peligrosa enfermedad.