Se desligó de la fallida compra millonaria a Apex General Contractors, de vínculos con Elías Sánchez Sifonte y de la campaña de la Gobernadora.

La subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez Pérez, negó que realizara labores relacionadas a la campaña política de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, como recopilar el apoyo a la candidata entre jefes de agencia.

Sánchez Pérez se reafirmó en que no efectúa llamadas telefónicas funcionarios públicos para estos fines ante preguntas del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, durante una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que investiga el manejo de la emergencia durante el coronavirus COVID-19.

La Subsecretaria de la Gobernación fue cuestionada por la Comisión sobre la descripción de sus labores, pues quedó demostrado con el testimonio previo de quien supone ser su jefe, el secretario de la Gobernación Antonio Pabón Batlle, que ambos ejercen las mismas funciones.

“La información que yo tengo, Secretaria, es que usted es la que llama personas, dice que cancele contratos, despida personas”, expuso el representante Gabriel Rodríguez Aguiló.

“Categóricamente le digo que eso no es correcto. Yo jamás pediría a ningún jefe de agencia que contrate a x o y empresa”, respondió Sánchez Pérez, quien acudió acompañada de la abogada Laura Maldonado Rodríguez.

Por virtud de una Orden Ejecutiva (OE) de Vázquez Garced, tanto el Secretario de la Gobernación como la Subsecretaria tienen injerencia sobre todo contrato, compra, subasta o adquisición mayor a $10,000, así como la evaluación de personal. Además cuentan, entre otros deberes, con el poder de transferir recursos humanos, fiscales, propiedad y derechos de uso de manera provisional o permanente.

La funcionaria también negó tener comunicación con el director de la campaña como aspirante a la Gobernación de Vázquez Garced, Jorge Dávila, pero confirmó que lo conocía. Del mismo modo, señaló que acudió a una “reunión” en la vivienda de “Jorge Colón”, pero en ese entonces “la Gobernadora no era ni candidata”. El representante Rodríguez Aguiló aludió a ese encuentro como uno de recaudación de fondos.

A preguntas del representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, la Subsecretaria de la Gobernación negó, además, tener conexión alguna con el licenciado Elías Sánchez Sifonte y su esposa, la también licenciada Valerie Rodríguez Erazo.

Esta pregunta se le ha repetido a los deponentes que se han dado cita a las vistas de la Comisión.

¿Quién es Lillian Sánchez?

Tal como fue reseñado por NotiCel en noviembre de 2019, Vázquez Garced fue quien llevó a Sánchez Pérez a La Fortaleza cuando asumió la Gobernación en agosto por virtud del orden de sucesión que establece la Constitución de Puerto Rico.

“No fue inmediatamente”, intercedió la Subsecretaria durante la vista, pues comenzó esas labores a principios de septiembre a razón de $10,000 al mes.

Antes de llegar a la Mansión Ejecutiva, laboró como Secretaria Auxiliar de Gerencia y Administración en el Departamento de Justicia, cuando Vázquez Garced dirigía la agencia.

A mediados de septiembre, la Gobernadora firmó una Orden Ejecutiva para que la Subsecretaria de la Gobernación pudiera ejercer todas las facultades de la Secretaria de la Gobernación, cargo ocupado en ese tiempo por la exsenadora Zoé Laboy Alvarado.

Con ese documento, los nuevos poderes se sumaban a su responsabilidad de decidir sobre la aprobación de toda compra, subasta o contratación de servicios o para la adquisición o arrendamiento de bienes en exceso de $10,000 en todas las dependencias de la Rama Ejecutiva.

A preguntas sobre su trayectoria personal, Sánchez Pérez mencionó que trabajó en La Fortaleza entre el 1993 y el 1997, luego en la Oficina del Contralor y el Departamento de Hacienda. Posteriormente, trabajó en la secretaría de la Gobernación bajo el mando de Marcos Rodríguez Ema y, luego, del ahora senador Miguel Romero Lugo.

Sánchez Pérez señaló que participó de la vista de Regla 6 que enfrentó Vázquez Garced en el 2018, “porque es mi jefa y como muestra de apoyo. Fue los que quisieron ir”.

Fortaleza sí intervino

Sánchez Pérez recalcó que “su diario vivir se sostiene” en “dar seguimiento y validar tareas específicas de Gobierno o que las tareas específicas que se delegaron en una reunión se completen”.

A pesar de que reiteró que no tuvo nada que ver con la compra valorada en $38 millones a la empresa Apex General Contractors (APEX), Sánchez Pérez confesó que fue quien tramitó una llamada en conferencia con varias personas para conocer sobre el proceso de autorizar pagos por adelantado a los suplidores.

La llamada fue a Alfonso Rossy, secretario auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda y se llevó a cabo días antes de tramitarse los contratos y pagos adelantados a 313, LLC, Maitland 175 y Castro Business para la compra de cientos de miles de pruebas rápidas para detectar el COVID-19, a un total ascendente a $9 millones.

“Como hago siempre. Yo estaba en mi casa, le digo mira Rossy, aquí tienen unas dudas. Hablaron de 'vouchers', órdenes de compra, eran unos trámites. Yo serví en esa llamada de enlace para que aclararan las dudas. Fue un sábado a las siete de la noche. Hice la gestión. Yo facilité la llamada para que hicieran bien su trabajo”, explicó Sánchez Pérez.

En esa llamada participaron Rossy, la ex jefa de personal del Departamento de Salud Mabel Cabeza Rivera, la ex secretaria auxiliar de la agencia Adil Rosa Rivera, así como la directora de presupuesto de esa agencia, Velmarie Martínez.

Esta última fue incluida en la llamada por Cabeza Rivera, según la Subsecretaria.

El testimonio de Sánchez Pérez contrasta con la postura de la Gobernadora, quien subrayó en conferencia de prensa que nadie en La Fortaleza intervino en las compras de las pruebas rápidas para detectar el COVID-19 o ventiladores.