Basado en los testimonios durante la vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, el rol de la Administración de Servicios Generales fue saltado, a toda vez que la transacción de emergencia por el COVID-19 tardó tres minutos.

El intento de compra de un millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, o COVID-19, por $38 millones —y las demás compras a propósito de esta emergencia— pasó a destiempo por la evaluación de la Administración de Servicios Generales (ASG), entidad a través de la cual se centralizaron las compras del Gobierno de Puerto Rico por ley y que, conforme al protocolo, debe recomendar y evaluar la adquisición de un bien o servicio antes de separarse los fondos requeridos para ello.

La aprobación de fondos de esta compra, incluso, se dio en un periodo de tres minutos, según trascendió durante la vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, mediante testimonios bajo juramento de personal de ASG y del Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD).

Los testimonios durante la tarde de hoy, miércoles, apuntaron a que la fallida compra de las pruebas rápidas, realizada a la empresa Apex General Contractors (APEX), siguió procesos paralelos en las agencias. Es decir, mientras que por un lado se pretendía seguir el protocolo establecido por las leyes y reglamentos vigentes, por otra parte los documentos de autorización de compra saltaron de forma expedita la línea de mando, sin autorización ni conocimiento de los funcionarios encargados de aprobar este tipo de transacciones.

De ordinario, ASG recibe órdenes de compra por parte de las agencias para su análisis, a las cuales les asigna un número de control. Esta numeración sirve para identificar las compras a la hora de aprobar reembolsos y llevar a cabo auditorías. Sin ese número no se pueden asignar fondos para una compra.

En el proceso de esta emergencia, la orden se genera desde el Departamento de Salud a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), luego pasa a ASG y, posteriormente, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

En el caso de APEX, la orden ya contaba con la asignación presupuestaria de OGP antes de tener un número de control asignado por ASG, según correos electrónicos en posesión de la Comisión de Salud.

“Nosotros, digo nosotros porque somos un equipo de trabajo, en ASG nunca tuvimos una solicitud [de compra] de Salud, ni de Manejo de Emergencias”, expresó Jaqueline Lozada, administradora designada del Área de Adquisiciones de ASG.

Por virtud de la ley orgánica de ASG, o la Ley 73 de 2019, la Administradora de Adquisiciones es la persona encargada de supervisar el proceso de compras y a los licitadores, mientras que en periodo de emergencia también evalúa las compras excepcionales.

Toda compra excepcional, según el estatuto, deberá ser recomendada por escrito por el Administrador Auxiliar de Adquisiciones y tiene que ser autorizada por el Oficial de Licitación, lo que tampoco se siguió respecto a APEX.

“Compras excepcionales es todo aquello que no vamos a hacer por los procesos normales. Tengo un licitador que es exclusivo. Junto con su cotización, la compañía tiene que presentar su carta de exclusividad actualizada que especifique una de dos, o que él lo creó o que es distribuidor exclusivo en Puerto Rico. Compras excepcionales muchas veces nos han pasado con productos médicos que se venden exclusivamente en Estados Unidos”, explicó Lozada.

En el caso de APEX, la empresa no cualificaba como suplidor único porque, para la fecha del 26 de marzo cuando se firmó su contrato, Salud había hecho tratos con otras empresas que proveían pruebas rápidas para detectar el COVID-19.

Minutos de diferencia en la firma

Según la información en posesión de la Comisión de Salud, OGP envió una tabla de asignaciones presupuestarias a las 4:08 p.m. del 26 de marzo, pero no fue hasta las 4:28 p.m. que el coordinador alterno interagencial de ASG, Nelson Bryan Elías Cintrón, asignó un número de control.

“Me estoy enterando ahora. No se siguió la normativa”, exclamó Elías Cintrón. Dicho de otra forma,

A eso de las 4:03 p.m. de ese día, una copia de la compra de APEX fue enviada al correo electrónico de Guarina Delgado García, ayudante especial del Comisionado de NMEAD y cuya firma aparece en la orden de compra del millón de pruebas rápidas.

Delgado García no pudo explicar porqué firmó un documento que no había evaluado, pues en la orden aparece el nombre y la firma del empresario Aaron Vick como el vendedor de las pruebas y ella confesó no haberse comunicado con él.

A preguntas del presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, Delgado García afirmó que el general José Burgos, comisionado de NMEAD, había autorizado la factura.

En sus manos, describió Delgado García, el documento pasó por el proceso de logística, como llenar el Formulario 113, hasta que se envíó al Área de Compras para que sea entregado a OGP.

“Ellos en OGP hacen una aprobación, luego me llega a mi por email. Verifico los documentos, los firmo y entonces a través de la plataforma de OGP someto todos esos documentos para que se tramite el dinero”, explicó Delgado García.

Antes de NMEAD trabajó por un año en OGP como ayudante especial en el Área de Presupuesto y, previo a eso, laboró en febrero de 2018 en la agencia de publicidad KOI, que obtuvo contratos millonarios bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares.

Además de Delgado García, el correo electrónico de las 4:03 p.m. fue enviado de Vanessa Figueroa Colón, empleada de NMEAD, a Ivelisse Reyes, auditora de OGP, con copia a Elías Cintrón de ASG.

PDF: Factura firmada por Apex y NMEAD para compra de pruebas rápidas por $38 millones marzo 2020

“Se comprometen los fondos de parte de OGP a las 4:06 p.m. Las aprobaciones llegan en una tabla donde se desglosan todas las aprobaciones. Fue enviada por Migdalia Bonilla”, aseguró Delgado García tras ver su correo electrónico.

O sea, los fondos por parte de OGP se asignaron 12 minutos antes de recibir el número de control por parte del Coordinador Alterno Interagencial de ASG.

La Comisión de Salud también escuchó los testimonios del administrador de ASG, Ottmar Chávez Piñero, y su ayudante especial, Carmen Torres.

Por espacio de una hora, Chávez Piñero fue confrontado por Morales Rodríguez únicamente sobre la primacía de la Ley 73 de 2019 sobre las Cartas Circulares que ha emitido el Administrador posterior a la firma del estatuto para especificar el proceder de las compras.

Durante la vista se reveló que el reglamento de ASG no ha sido finalizado, pese a que la Ley 73 de 2019 otorgaba 90 días para completarlo, plazo que venció en octubre. Por tanto, Chávez Piñero a implementado Cartas Circulares para definir labores, a lo que Morales Rodríguez le indicó que como jefe de agencia no tenía autoridad en ley para promulgarlo.