El contrato se autorizó en pocas horas, mediante subalternos y sin mucho cuestionamiento.

Mientras que el “Task Force” Médico ha insistido en que solo es un ente asesor a la gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre la emergencia del coronavirus, o COVID-19, su rol quedó en entredicho luego de afirmarse que avaló la contratación de Apex General Contractors (APEX) para un millón de pruebas rápidas para detectar esta enfermedad por $38 millones.

La intervención de los integrantes del ente asesor se reveló mediante testimonio bajo juramento ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de una contratista del Departamento de Salud, quien también confirmó que el proceso de compra se llevó a cabo sin el aval de la jefatura de la agencia, en cuestión de pocas horas y sin mayores cuestionamientos.

La transacción inicial con APEX consistía de $42 millones para un millón de pruebas rápidas, pero “cuando se baja el precio al $38 millones es que los miembros del ‘Task Force’ lo aprueban”, declaró bajo juramento Mariel Rivera Rivera, analista de compras de Salud.

Rivera Rivera fue convocada a una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en Caguas, a las ocho de la mañana del 26 de marzo. Al llegar al edificio, le escribió a Adil Rosa Rivera, entonces secretaria auxiliar de Salud, y esta última le indicó que se dirigiera al tercer piso.

Lea también: Exsecretaria de Salud alertó sobre pérdida de 500 pruebas para el COVID-19

En el cónclave, ante la presencia de Rosa Rivera, Mabel Cabeza Rivera, ex jefa de personal de Salud, y los integrantes del “Task Force” Médico, mostró desde su computadora la cotización de lo que inicialmente eran 200,000 pruebas rápidas a una empresa representada por el licenciado Juan Maldonado de Jesús y un opúsculo de los ofrecimientos.

“Ellos nos indican que cuáles son los términos de entrega, si van a estar aquí en cinco días, insistían en la necesidad de tener pruebas en el menor tiempo posible. Tanto Segundo Rodríguez como el doctor Juan Salgado hablaron de la necesidad de tenerlas aquí lo más pronto posible. Las personas más vocales fueron el doctor Segundo Rodríguez y el doctor Salgado”, señaló Rivera Rivera.

Esta era la primera reunión a la que Rivera Rivera asistía en el COE y junto al “Task Force”.

De acuerdo a Rivera Rivera, la cotización inicial de Maldonado de Jesús para las 200,000 pruebas rápidas llegó a su correo electrónico a las 12:21 de la madrugada, “junto a un comunicado de prensa” que alegadamente garantizaba la exclusividad de distribución de APEX con Promedical, la empresa australiana que proveería el cargamento.

El supuesto comunicado también contenía una “aprobación” de un tal “Steven”, de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), quien certificó las pruebas. No obstante, el opúsculo (“brochure”) no incluía esos datos.

En el transcurso de la reunión, que duró cerca de cuatro horas, los integrantes del “Task Force” Médico solicitaron que se aumentara la capacidad de suplido a un millón de pruebas, además de que se redujera el monto total de $42 millones, producto de un descuento al costo por unidad.

Lea también: Presidente del Colegio de Médicos le cree a Quiñones de Longo

Del mismo modo, en ese período se recibió la nueva cotización de Maldonado de Jesús acatándose a los pedidos del ente: la promesa de entrega de un millón de pruebas rápidas en cinco días a un precio menor, lo que contó con la aceptación del “Task Force” Médico.

“Él [Maldonado de Jesús] me envió un mensaje de texto que si recibía un 50 por ciento del total de la orden, pues el precio individual bajaba a $38 de los $73.95”, indicó Rivera Rivera, sobre el precio individual de las pruebas.

Los mensajes de texto

Según mensajes de texto filtrados, Maldonado de Jesús —uno de los cuatro ex directores ejecutivos de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) en la administración de Ricardo Rosselló Nevares— contactó al líder del “Task Force” médico Segundo Rodríguez Quilichini para que evaluara la contratación de su empresa para proveer equipos de protección personal y otro inventario médico ante la emergencia del COVID-19.

En los mensajes, Maldonado de Jesús aludió a que conocía al ex asesor legislativo Eduardo “Tito” Laureano, quien a su vez conocía a Rodríguez Quilichini y tuvo contratos en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, donde el doctor es rector.

Esta comunicación se ha identificado como la manera en que APEX llegó a la consideración del gobierno para la fallida compra millonaria de pruebas rápidas que no tenían el aval de la FDA. La empresa tampoco contaba con experiencia en la venta de material médico.

En los pasados días, Rodríguez Quilichini catalogó los cuestionamientos sobre APEX y su conexión al proceso como un “chisme” e insistió en que el “Task Force” Médico no intervenía en los procesos de compra de Salud.

Al mejor entendimiento de la contratista, esta transacción no se le consultó a la ex secretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, quien ya había renunciado a la dirección de la agencia por lo que posteriormente identificó como discrepancias con la Gobernadora y la usurpación de poderes por parte del “Task Force”.

La “autoridad denominadora” para este procedimiento, según Rivera Rivera, recaía sobre Rosa Rivera.

En la mesa de la reunión donde se discutió la transacción millonaria no había personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ni del Departamento de Hacienda.

“Las personas más vocales fueron el doctor Segundo Rodríguez y el doctor Salgado”, recalcó la contratista.

Según el recuento, Maldonado de Jesús envió la cotización revisada con descuento incluido a las 12:50 p.m. De acuerdo a prueba documental en poder de la Cámara de Representantes, cerca de 15 minutos después, Maldonado de Jesús recibió un borrador del contrato para la compra, que fue firmado y enviado por el suplidor a las 2:49 p.m.

A las 3:02 p.m., mencionó Rivera Rivera, Maldonado de Jesús envió un correo electrónico para enmendar un error en la cotización en el subtotal y total de la compra, que en un lado decía $38 millones y en otro $42 millones.

De la CEE a Salud

La contratista narró que llegó a Salud en noviembre de 2019 para laborar con un programa específico en compras. No tenía experiencia previa en procesos de compra dentro de la agencia y a su llegada no le entregaron el reglamento de compra de Salud.

Hasta ese momento, la funcionaria ocupaba un puesto de confianza en la Comisión Estatal de Elecciones bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP) y la entonces comisionada electoral Norma Burgos Andújar.

Sin embargo, ante la pandemia del COVID-19, su supervisora Jessica Irizarry le comunicó que la entonces secretaria auxiliar de Salud Rosa Rivera, procuraba su ayuda para cotizar artículos de emergencia.

Aunque se puso a disposición de Rosa Rivera el 17 de marzo, no fue hasta el 23 de marzo que recibió instrucciones de ella para estar atenta a dos suplidores de productos de protección personal de las empresas Cardinal Health y Humberto Arguello.

Su rol consistía en pedir cotizaciones de compra a los suplidores. La primera orden de compra que trabajó fue la de APEX.

Rivera Rivera no pudo contestar cómo Rosa Rivera recibió la información de APEX, solo sabe que de su mano llegó el número de teléfono de Maldonado de Jesús y la instrucción de solicitarle cotizaciones para ventiladores y otros productos.

Del tracto revelado en la semana se desprende que Maldonado de Jesús envió su mensaje a Rodríguez Quilichini el 22 de marzo, mientras que el doctor confirmó haberlo “enviado para adelante” para su evaluación.

El contacto entre Rivera Rivera y Maldonado de Jesús, por órdenes de Rosa Rivera, surgió por vía telefónica el 25 de marzo a las 10 a.m., o sea, un día antes de haberse firmado el contrato. El propósito de la llamada era conocer la disponibilidad de ventiladores, a lo que Maldonado de Jesús aseguró que tenía entre 200 y 250 de forma inmediata, pero “podía hacer las gestiones para tener hasta 1,000 ventiladores y otros artículos de protección personal”.

De acuerdo a Rivera Rivera, en ese momento no le preguntó al suplidor el nombre de la empresa, qué hacía, si tenía experiencia en el campo de Salud o las especificaciones de los ventiladores.

“Confié en la palabra de la señora Rosa que llamara a Maldonado que tenía unos ventiladores para cotizar”, declaró Rivera Rivera. Este 25 de marzo también solicitó por teléfono a la empresa Cardinal Health una cotización de 15 ventiladores, pero no preguntó por qué se buscaban más ventiladores si el día antes —el 24 de marzo— habían comprado más.

Previo al testimonio de Rivera Rivera, la Cámara de Representantes evidenció que el acuerdo con Apex fue firmado sin recibir el visto bueno de todas las personas encargadas de evaluar la compra.

Rivera Rivera estuvo acompañada de un abogado, el licenciado José Roselló Rivera, con quien consultó durante la vista en una ocasión: para definir cómo podrían certificar la veracidad de los documentos que entregaría a la Comisión de Salud.

La deponente aseguró que se enteró de la cancelación del contrato con APEX mediante el asesor legal del “Task Force”, a quien identificó solo como el “licenciado Escobar”.

“Él me lo comunica de manera verbal. Me indica que la compra de un millón de pruebas iba a ser cancelada por instrucciones del General Burgos y del secretario Lorenzo González porque no cumplía con la FDA y no habían llegado en el término”, afirmó Rivera Rivera.