La Cámara de Representantes concurrió con las enmiendas a la Nueva Ley de Armas, según sometidas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced y aprobadas por el Senado ayer, además de que propuso nuevas protecciones para la industria de las peleas de gallo, en aras de combatir la prohibición federal que entra en vigor en diciembre.

Estos proyectos de ley fueron solo algunos de la cargada agenda del último día de sesión para la aprobación de medidas, en la cual también se subrayó la obligación del gobierno de traducir al inglés todos los documentos oficiales.

La Nueva Ley de Armas —que lleva en discusión desde agosto de 2018— fue enmendada por la Primera Ejecutiva a los fines de la compra de 20,000 municiones al año o de más de diez armas de fuego por una misma persona sean indicadores suficientes para ser investigado, intervenido o revisado por el Comisionado del Negociado de la Policía.

Del mismo modo, con los cambios se considera como evidencia prima facie de la intención de cometer delito que una persona posea un arma de fuego sin contar con una licencia de armas.

En defensa de los gallos

El grueso de la sesión se dedicó a la discusión del Proyecto de la Cámara (PC) 2330, el cual busca prohibir la importación y exportación de pollos y/o gallos con el propósito de participar en peleas organizadas de gallos y de cualquier otro equipo, así como ordenar un estudio sobre las limitaciones del 'Animal Welfare Act' (7 U.S.C. 2156).

Tras el final de la sesión, la Cámara también aprobó una resolución que ordena al Departamento de Recreación y Deportes a continuar emitiendo las licencias de galleras luego del 20 de diciembre de 2019, fecha límite que estipula la ley federal se pueden celebrar peleas de gallos.

Dentro de sus estipulaciones, el proyecto de ley subraya que no se podrá establecer u operarse una gallera si no es mediante una licencia del Departamento de Recreación y Deportes, válida por dos años.

La medida, que recibió el aval de los representantes y el estruendoso aplauso de los miembros de la industria gallística que se encontraban en las gradas de la Casa de las Leyes, fue radicada la semana pasada por Urayoán Hernández Alvarado, del Partido Nuevo Progresista (PNP). Posteriormente, el proyecto recibió las firmas de otros representantes como co-autores, en su mayoría del PNP, así como integrantes del Partido Popular Democrático (PPD).

'Estamos buscando alternativas y brindando herramientas a nuestros galleros. Aquí no se están vendiendo sueños, porque para el que no conozca este deporte es bien fácil criticar y reírse, o personas que nacen en cuna de oro que no conocen este deporte, deporte que ayuda a los más humildes, que ayuda a las madres solteras. Todos estamos unidos por este deporte, populares y penepés', exclamó Hernández Alvarado.

Al representante novoprogresista le siguieron varios de sus correligionarios, también en defensa de las peleas de gallo en Puerto Rico. Tras la aprobación del 'Farm Bill' en el Congreso de los Estados Unidos, así como la decisión del juez federal Gustavo Gelpí, las peleas de gallo en la nación norteamericana y sus territorios serán ilegales a partir del 21 de diciembre de 2019.

Esta es solo una de múltiples medidas desde la Legislatura para combatir la prohibición federal, una que se anunció en el 2018. Por la longevidad del asunto, los representantes populares Luis Vega Ramos y Rafael 'Tatito' Hernández Montañez mencionaron que los miembros del gobierno central, como el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, y la comisionada residente, Jenniffer González Colón, tuvieron la oportunidad de combatir la ley federal, pero no lo hicieron.

'Es importante saber cómo llegamos aquí. La única razón por la que estamos aquí es porque cuando se dio la aprobación en el Congreso, ni el Gobierno de Puerto Rico, en ese momento representado por Ricardo Rosselló, ni la comisaría residente, representada por Jenniffer González, participó del proceso. Si ustedes [representantes], que han ido a Washington a dialogar con los congresistas, cuando se dio el referendum, ningún funcionario del Gobierno Puerto Rico participó porque se ‘juyeron', como se dice en el argot de nuestra comunidad', afirmó Hernández Montañez.

'Hay manilos azules y hay manilos rojos… Uno que ya lo sacaron del juego y otra que sigue cacareando por ahí, pero no los ha ayudado ‘na. Porque cacarea mucho, pero ayuda poco', añadió el representante popular.

Sus comentarios provocaron la reacción de la novoprogresista María Milagros Charbonier Laureano, quien argumentó que Puerto Rico enfrenta esta prohibición porque es un Estado Libre Asociado que no tiene representación con voto en el Congreso de los Estados Unidos. De ser estado, aseguró, la Isla tendría siete congresistas que hubieran luchado en contra de esta prohibición, una que no es única para Puerto Rico, sino para los demás estados por igual.

Asimismo, el portavoz Gabriel Rodríguez Aguiló, lamentó que Hernández Montañez utilizara su tiempo para criticar la gestión de otros funcionarios electos, pues el debate suscitado en la Cámara de Representantes sobre la medida podría ser utilizado como referencia en futuros casos judiciales que evalúen la prohibición de las peleas de gallos.

'Siempre hay un gallo que se sale del rejón. Hoy tuvimos un pollito que se nos salió del rejón y pretende llevar este debate amistoso, con este récord que estamos llevando que puede ser utilizado en cualquier tribunal como parte de la intensión legislativa de continuar las peleas de gallo. Es lamentable lo de ese pollito que se nos salió del rejón para atacar funcionarios electos y deja mucho que desear', apuntó el representante novoprogresista, quien mostró urgencia para llevar el proyecto a votación para que el Senado lo apruebe hoy mismo.

Contrario a la fecha de prohibición, Rodríguez Aguiló invitó a los galleros en las gradas a que jueguen el día de Nochebuena y que inviten a los legisladores para que conozcan de primera mano quiénes asisten en apoyo y quiénes no.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, por su parte, consignó su voto a favor de la medida porque era una 'especie de reafirmación de que debe ser una decisión que deben tomar los puertorriqueños'.

'La realidad es que un gobierno extranjero y un tribunal extranjero están decidiendo sobre Puerto Rico en todos sus ámbitos, por eso todo proyecto de ley que rete esas políticas públicas siempre va a tener el apoyo de nosotros', explicó Márquez Lebrón.

En defensa del inglés y otros asuntos

Al asumir un turno en la sesión, el representante José E. 'Quiquito' Meléndez Ortiz abogó por la traducción de los documentos oficiales al inglés, porque, a su juicio, eso abonaría al desarrollo económico.

El Representante se basó en que la Ley 1 de 1993 estableció que el español y el inglés serían los idiomas oficiales del Gobierno de Puerto Rico, sin embargo, en los años sucesivos no se implementó la inclusión del inglés en los mapas, las certificaciones, entre otros documentos oficiales.

'En lo sucesivo, los documentos de Puerto Rico continuaron publicándose en español y el trámite para conseguir documentos en inglés es escabroso. Por eso me parece importante, y lo digo pensando en el desarrollo económico, […] resulta importante y necesario que todo documento oficial, mapa, resolución, orden, este escrita y transcrita en ambos idiomas. Eso debe ser lo correcto', señaló Meléndez Ortiz sobre el PC 2084.

El funcionario recordó que la Cámara de Representantes ya había aprobado legislación para que los portales de Internet también estén disponibles en inglés.

'Esto es algo que debió suceder hace mucho tiempo, pero ahora estamos corrigiendo lo del pasado', añadió.

Mientras, entre otras medidas aprobadas por la Cámara de Representantes se encontró la redefinición del término ‘humedal' a través del PC 930, así como el aval al nombramiento de Carl Soderberg al Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático, en cumplimiento de la Ley 33.

También se estableció que los centros comerciales deben reservar un estacionamiento para vehículos oficiales de agentes del orden público (PC 1941) y se enmendaron los requisitos de contratación de servicios profesionales por el gobierno para responsabilizar al contratista por la conducta de hostigamiento sexual 'desplegada por éste o por alguno de sus empleados, representantes o agentes, contra un empleado o funcionario gubernamental' (PC 2206).

Todas estas medidas fueron enviadas al Senado para su aprobación.