El Senado de Puerto Rico aprobó por cuarta vez el controvertible proyecto de la Nueva Ley de Armas, luego de recibir enmiendas desde La Fortaleza a los fines de restringir la cantidad de municiones y armas que un individuo pudiera adquirir sin alertar a las autoridades, a 20,000 y diez, respectivamente.

Los cambios responden a recomendaciones de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, quien advirtió que no firmaría la medida como estaba escrita tras recibirla por primera ocasión. El trámite legislativo del proyecto de ley —codificado como el PS 1050— se remonta a agosto de 2018 y consigna su recorrido accidentado, al ser enviado a La Fortaleza en dos ocasiones y devuelto la misma cantidad de veces a la Legislatura.

Pese a sus múltiples movidas, y como ejemplo de su extraño trayecto en la Casa de las Leyes, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien estaba en contra del proyecto, nunca lo tuvo ante su consideración. Las dos ocasiones que se envió a la Mansión Ejecutiva fueron posterior a los incidentes del verano, que cobraron la renuncia de Rosselló Nevares.

En la tarde de hoy, en una lectura rápida, se indicó que una de las enmiendas facultaba al Comisionado del Negociado de la Policía a 'intervenir, investigar, revisar y corroborar' el uso de las municiones y las armas de fuego por una misma persona 'cuando la compra de dichas municiones exceda la cantidad de 20,000 al año o la compra de armas exceda de diez'.

Aunque el PS 1050 asegura que la compra de municiones no estará limitada, estipula que la compra de más de esa cantidad por una persona con licencia de armas obligaría a las armerías a notificar a la Oficina de Licencia de Armas. De no hacerlo, la armería se enfrentaría a la revocación de su licencia de armero.

'La persona estará sujeto a revisiones de la Policía sobre el uso de dichas municiones. La Oficina de Licencia de Armas podrá revocar la licencia de armero a cualquier armero que incumpla con esta obligación', dicta la enmienda.

En las enmiendas enviados por Vázquez Garced, quien fue fiscal, se incluyó que 'la posesión de un arma de fuego por una persona que no posea una licencia de armas se considerará evidencia prima facie de que dicha persona posee el arma con la intención de cometer delito'. En las primeras enmiendas que la Gobernadora envió a la Legislatura, solicitó fortalecer las penas fijas por incumplimiento de la ley propuesta.

La medida, aprobada con 16 votos a favor, siete votos en contra, tres abstenidos y dos ausentes pasará a la Cámara de Representantes para su aprobación.

Los cambios propuestos surgen luego de que la ola criminal se agenciara 14 víctimas en una misma semana a mediados de octubre y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) aludiera a la necesidad de una investigación al alegado 'patrón en algunas personas que compran 200 mil balas, 300 mil balas' para practicar tiro al blanco. Según la agencia, ese número era sospechoso porque era demasiado alto para la práctica de una actividad catalogada como un deporte.

Este reclamo se intensificó tras la balacera en el residencial Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, en la cual seis personas fueron asesinadas, lo que a su vez provocó un aumento en la vigilancia policíaca en el área.

El secretario del DSP y capitán retirado del Ejército de los Estados Unidos, Elmer Román González, mencionó que buscaba tener un registro de la cantidad de armas y las municiones de la ciudadanía.

No obstante, las armerías en la Isla —que son el único punto de salida legal de armas de fuego y municiones— reiteraron que esa información solicitada ya estaba en manos de la Policía, es diariamente actualizada y de la cual se poseía un control excepcional, porque todas las armerías venden sus productos a través de un sistema electrónico hecho por la Policía de Puerto Rico.

En entrevista con NotiCel, dos armerías localizadas en San Juan explicaron que cada vez que se vende una caja de balas, la Policía recibe una notificación electrónica que detalla a quién se le vendió y qué calibre se vendió. Ese registro fue creado por la Ley 404 del 2000, conocida como la Nueva Ley de Armas, que además de mantener constancia de la cantidad de municiones, conoce los tipos de armas, bajo quién están registradas y el número de la licencia del ciudadano.

En su defensa, las armerías subrayaron que las armas utilizadas en los crímenes múltiples que se han registrado recientemente son producto del uso de armas automáticas, que son ilegales en Puerto Rico, por tanto no se venden en las armerías