El ingeniero Carlos Contreras Aponte recalcó que, como presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Puertos, no pudo tomar acciones preventivas sobre la fusión de las empresas Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminals, afiliada de Tote Maritime, pese a que esta unión provocó una investigación por la posible creación de un monopolio en los asuntos marítimos de la Isla.

'No se trajo a la discusión de la Junta, dado que ninguna de estas compañías hicieron alguna petición a la Autoridad de los Puertos. Están trabajando aparte. Todavía no hay ningún asunto que nos haya llegado oficial. No hay nada que nosotros podamos evaluar como Junta, porque no hay nada. No ha ocurrido nada de lo que nosotros podamos tomar acción alguna', afirmó Contreras Aponte en una vista pública en la Cámara de Representantes.

El cuerpo legislativo, mediante su Comisión Conjunta de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus, Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, evalúa las denuncias de prácticas monopolísticas y la transacción de las empresas.

La posición del funcionario de no intervenir en los pormenores de la fusión es cónsona con la política pública del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, quien tampoco mostró reparos sobre este acuerdo ante la Comisión Marítima Federal, entidad independiente encargada de la regulación de la transportación marítima internacional de los Estados Unidos. Incluso, el representante del Partido Nuevo Progresista, Jose Aponte Hernández, quien preside la comisión investigadora, indicó que la ponencia del funcionario le recordó a los planteamientos esbozados de 'no había nada que hacer' manifestados por el licenciado Anthony Maceira Zayas, director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, cuando este último depuso ante la comisión a principios de mes.

A esto, Contreras Aponte aseguró que la ponencia fue preparada por la agencia que lidera: el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), pero que sostuvieron una reunión con la Autoridad de Puertos antes de elaborar el escrito.

En más de cuatro ocasiones, el representante Aponte Hernández preguntó por que la Junta de Directores de la Autoridad de Puertos arrastró los pies para esta transacción, una que se dio a espaldas del pueblo y de la misma Junta, y solicitó información sobre los cánones de arrendamiento de la agencia y si los arrendadores recibirán descuentos.

El Secretario del DTOP, por su parte, subrayó en la incapacidad de tomar acción, ya que la fusión aún no ha resultado en el establecimiento de una sola empresa. De acuerdo al funcionario, tanto Luis Ayala Colón como Puerto Rico Terminals continúan su operación de manera separada. No sería hasta que la empresa solicite un cambio de nombre en los contratos con Puertos que la Junta de Directores evaluaría el asunto.

Fuera de eso, solo se baraja la imposición de multas, que al momento están bajo negociación para disminuir su impacto, y se pasó la bola a la cancha de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia para que emita una opinión al respecto.

'Está bien, la Secretaria de Justicia está investigando, pero cuando ella termine la evaluación ya ellos terminaron la fusión, [y se dice] 'pues vamos a imponerle la multa y que sigan allí operando libremente'. Estamos reduciendo el ofrecimiento de servicios portuarios', declaró Aponte Hernández.

Esta línea de pensamiento fue respaldada por el representante del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, quien además inquirió al Secretario sobre la inexistencia de una mera opinión de la Junta de Directores en aras de salvaguardar el interes público.

En septiembre, la Comisión Marítima Federal consignó su preocupación con la unión de estas empresas --aunque aprobó la consolidación--, porque redundaba en menos alternativas y costos mayores en el transporte marítimo de la mercancía, los alimentos y las medicinas.

Además de Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminals, la única otra naviera que sigue disponible en el mercado es Crowley, que controlaría a penas el 20% del mercado de acarreo marítimo. La fusión de las primeras dos empresas se agenciaría el control del 80% del mercado de carga y de 11 de las 14 grúas que desembarcan los furgones que traen las barcazas de estas empresas.

Justificada su inacción, Contreras Aponte prosiguió a indicar que actuar ahora en contra de la unión de las empresas trastocaría la cadena de suministros que arriban a la Isla, ya que el 85% de los productos que se consumen en Puerto Rico son importados, en su mayoría por mar. Además, son las únicas que cumplen con los requerimientos de la llamada Ley de Cabotaje.

'Hay que señalar que si los sacamos ahora, son los únicos que atienden la carga que tienen bajo la Ley Jones de los barcos que no sean los de Crowley. Así que sí, se estaría afectando la llegada de suministros a Puerto Rico si detenemos la operación allí, que no sean los de Crowley. Quedaría todo bajo Crowley', apuntó.

Por otro lado, el representante Aponte Hernández hizo hincapie en que Maceira Zayas fue cómplice de esta falta de iniciativa, lo que constituye además una falta a su deber ministerial y su permanencia en el cargo debería ser evaluada.

Bajo su impresión, el exsecretario de Asuntos Públicos de Rosselló Nevares le decía a la Junta de Directores 'lo que el quería que ocurriera. 'Aquí está esto para que le voten a favor', apreciación que fue rechazada por Contreras Aponte.

De igual manera, Aponte Hernández reiteró que en el record público consta que Maceira Zayas fue directamente a La Fortaleza a presentar la idea de la fusión de ambas empresas, 'porque estaba acostumbrado a tocar la puerta de la Casa Grande, como decimos por ahí' y pensaba que la Junta de Directores era un 'sello de goma'.

En esa vista previa, Maceira Zayas le recomendó al entonces Gobernador que no interviniera en la fusión de ambas empresas, pese a que no conocía en detalle los pormenores del acuerdo.

A mediados de septiembre, la gobernadora Wanda Vázquez Garced rectificó e informó que presentaría una comunicación a la Comisión Marítima Federal para aclarar su postura sobre el acuerdo firmado entre las empresas navieras que operan en el muelle de San Juan, para asegurarse que 'en la transacción no se reduzca la competencia ni los servicios de transportación, y que no ocasione un incremento en los costos de transporte'. Sobre ese asunto, esperaba una opinión de la Oficina de Asuntos Monopolísticos de Justicia para determinar sobre la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico y si dicha unión representaba un monopolio.