La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, firmó la Ley 144 de 2019 que enmienda el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico y garantiza a los empleados y funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción se les ofrezca gratuitamente asistencia legal.

Esta es la tercera ley que firma la Gobernadora, quien juramentó hace poco más de un mes luego que el incumbente Ricardo Rosselló Nevares tuviera que renunciar luego de un mes de protestas exigiendo su salida de la gobernación. No obstante, es la primera que anuncia mediante comunicado de prensa.

Anteriormente, estampó su rúbrica en las Leyes 142 y 143. La primera enmienda la Ley 45 de 2016 para obligar el informe en 48 horas de cualquier resultado positivo a examen del virus VIH. La segunda enmienda la Ley de Municipios Autónomos para que no se radiquen acciones civiles contra los municipios donde ocurran hechos en carreteras o aceras propiedad del Gobierno Estatal.

La enmienda propuesta por el senador y aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero, expuso que, 'los empleados públicos ahora pueden solicitar del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la asistencia legal necesaria para hacer valer las protecciones que les ofrece el Código Anticorrupción. Esto es un incentivo para que nuestros empleados públicos tomen el paso al frente y denuncien cualquier acto que atente contra el buen funcionamiento del Gobierno sin temor a represalias. Esta Ley definitivamente se establece con la intención de restaurar la confianza del Pueblo en nuestras instituciones públicas'.

La asistencia se coordinaría a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para incoar o participar en cualquier procedimiento civil, penal o administrativo que surja al amparo de las protecciones que les otorga el Título IV de dicho Código.

Mientras, Romero aseguró que, 'no debe haber un solo empleado público que, haciendo denuncias legítimas en protección del propio Gobierno, deba sentirse en un estado de vulnerabilidad en cuanto a su permanencia en su empleo tras hacer lo correcto', al tiempo que agradeció la firma a Vázquez Garced.

Previo a asumir la gobernación, siguiendo el orden de sucesión, como secretaria del Departamento de Justicia, Vázquez Garced, no había asistido a una sola reunión del Grupo Interangencial Anticorrupción (GIA) en lo que va de 2019. Tampoco envió representantes para conocer los detalles o casos discutidos en las seis reuniones que durante este año ha tenido el organismo creado por su antecesor, Rosselló Nevares.

La funcionaria defendió mediante declaraciones escritas que su ausencia se debió a que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), 'tenía pendiente la evaluación de un referido contra la Secretaria. Por la pureza del procedimiento, entendió que no era prudente asistir a las mismas y la ley no dispone que puede ir una persona a sustituirla. El 2 de julio pasado se informó a través de los medios de comunicación que se archivó la querella evaluada por Ética, por lo que la Secretaria estará pendiente a una próxima convocatoria a reunión', obviando explicar por qué no envió a alguien en su lugar.

En los casi tres años que duró la Administración Rosselló Nevares nunca convocó, propuso o manifestó la intención de crear un comité ciudadano independiente para investigar y referir actos de corrupción.

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