En un período de cuatro meses, la Superintendencia del Capitolio de Puerto Rico ha gastado o tiene destinado gastar cerca de 1.4 millones de dólares en mejoras a la estructura histórica y sus inmediaciones.

Los arreglos de la magna estructura de mármol, localizada en la entrada del Viejo San Juan, responden a la integración de oficinas legislativas, la remodelación y habilitación de espacios en el Edificio Medicina Tropical y la construcción de la Plaza de los Creyentes.

El monto total de las construcciones asciende a $896,179, no obstante esa suma incrementa al añadírsele la reparación del aire acondicionado del hemiciclo de ambas cámaras legislativas y del elevador en el edificio Baltasar Corrada del Río. En ese caso, el total consiste de $1,373,161, dividido en ocho contratos a corto plazo que fueron firmados entre octubre y diciembre del 2018 y vencen entre marzo y abril del año en curso.

Todos los acuerdos fueron alcanzados mediante subastas informales, según los documentos disponibles en el Registro de Contratos de la Contralora de Puerto Rico. El Reglamento de la Junta de Subastas de la Cámara de Representantes, con fecha del 2005, define una subasta informal como todo procedimiento empleado por la Oficina de Compras y Servicios de la entidad gubernamental para evaluar y adjudicar adquisiciones de equipo y materiales, construcciones y reparaciones de obra pública, entre otros, de un valor menor a $195,000.

Esa cifra fluctúa por agencia, pues la Junta de Planificación, en su Reglamento de Compras y Subastas del 2013, fijó el monto máximo de una subasta informal en $100,000. Mientras, ese mismo año la Oficina de la Contralora colocó el límite entre más de $50,000 pero menos de $150,000.

En conjunto, son seis empresas. Una revisión de los contratos de cada trabajo revela que estas seis compañías son las mismas que aparecen una y otra vez en cada subasta informal aquí descrita.

Del mismo modo, una de ellas, IBT, LLC, es una corporación foránea que recibió su permiso para hacer negocios en Puerto Rico tres meses antes de su contratación. Otra empresa, Codom Construction recibió su primer contrato de manos de la Superintendencia a solo dos meses de su incorporación.

Estas son las empresas contratadas:

ML Construction & Consulting Services (20 noviembre de 2018 a 19 marzo de 2019)

Integración de espacios en el 2do piso área Noreste del edificio Medicina Tropical; labores para integrar la comisión de Urbanismo, Asuntos Federales y para una sala de grabaciones y un salón cafe. Total: $192,655.

IBT, LLC (3 de diciembre de 2018 a 1 de abril de 2019)

Rehabilitación de espacios y distribuciones del área Noreste del Edificio Medicina Tropical; incluye remodelación de baños, construcción de paredes, adquisición e instalación de puertas, ventanas y lámparas. Total: $186,194.

Codom Construction (14 de diciembre de 2018 a 12 abril de 2019)

Construcción del 'site' para la Plaza de los Creyentes; incluye acera, fuente, bancos, ladrillos de piso, entre otros. Total: $189,630.

RGB Solutions, LLC (18 de diciembre de 2018 a 16 de febrero de 2019)

Integración de zona para continuar labores legislativas. Total: $176,850.00, sumado a una enmienda hasta el 29 de marzo del año en curso de $16,850.

ML Construction & Consulting Services (18 diciembre de 2018 a 17 abril de 2019)

Este segundo contrato a esta compañía comprende una integración de oficinas para Comisiones Legislativas; incluye construcción e integración de áreas de recepción, oficinas de directores y comisiones, instalación puertas y ventanas, entre otros. Total: $134,000.

Mientras, Sky High Elevator Corp tiene a su cargo la reparación del elevador del edificio Baltasar Corrada del Rio, localizado en la parte posterior del Capitolio, a un costo de $88,220 por un plazo de ocho meses.

Por otra parte, FLL Construction, Inc tuvo dos contratos al mando del reacondicionamiento del sistema de aire acondicionado del hemiciclo del Senado y la Cámara de Representantes. El contrato corrió desde el 30 de noviembre de 2018 hasta el pasado 28 de enero de 2019 a un costo de $194,381 cada uno.

La Superintendencia del Capitolio es el centro de un caso criminal que todavía se está litigando a nivel estatal y que nace de una auditoría de la Oficina del Contralor que detectó el uso de cotizaciones falsas y otros mecanismos ilegales en la adjudicación de órdenes de compra que sumaban poco más de $2 millones entre 2009 y 2012.

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