Como si no importara que los pensionados de Puerto Rico enfrentan un recorte del 10% de su cheque y que además a los maestros y policías corren el riesgo de perder su retiro, el Senado de Puerto Rico remitió ayer su aval a un proyecto de ley que desliga la situación de los alcaldes del panorama de crisis que ronda todo el país.

Se trata del Proyecto del Senado 1148, que otorga privilegios a los alcaldes juramentados despues del inicio del año 2011 y fue presentado bipartitamente por legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD).

En esa línea, la medida otorga una pensión de hasta 90% del último sueldo del alcalde. En contraste, bajo el gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) con Alejandro García Padilla, se estableció una Reforma al Sistema de Retiro. Dicha reforma no solo aumentó la edad de retiro de los empleados gubernamentales; sino que tambien bajó la retribución promedio de los trabajadores.

Particularmente, el retiro de empleados de más de 55 años será el 60% de su sueldo. Mientras, los trabajadores que decidan retirarse con 55 años o menos, obtendrán el 55% de su salario. Comparado con el 90% que recibirán los alcaldes y asumiendo un sueldo de $3,000 mensuales, un empleado que se retire a los 55 años obtendrá $1,650 al mes, que dividido en quincenas representará $825 cada 15 días. Si ese mismo monto representara el sueldo de algún ejecutivo municipal, el proyecto aprobado significaría que de los $3,000, el alcalde recibirá $2,700. Específicamente, $1,050 más que cualquier otro trabajador.

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Ante ello, el senador Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, criticó 'el contubernio popular y penepe' que aprobó en el último día de sesión esta medida.

'En lugar de acabar con el trato privilegiado y particular que reciben muchos alcaldes, que les permiten cualificar para una pensión con solo ocho años de incumbencia, y optar por una pensión de hasta un 90% de su último sueldo como ejecutivo municipal, siguen buscando artimañas para garantizarle a los que no tienen derecho a esta inmoralidad las mismas pensiones 'Cadillac' de otros funcionarios', sentenció el portavoz senatorial del PIP.

Según Dalmau Ramírez, esta legislación le permitirá a un nutrido grupo de alcaldes que comenzaron a trabajar antes del 31 de enero de 2001, que incluye a los que ganaron en las elecciones del 2000 que no estaban incluidos, poder disfrutar de una pensión mucho mayor que a la que hubiesen tenido derecho. La medida dispone que se le compute la pensión de acuerdo al artículo 2-101(b) de la ley 447-1951, según enmendada, que establece un sistema de beneficio definido, en lugar de que se le aplique el sistema de aportación en cuentas de ahorro dispuesto para los empleados públicos a partir del año 2000.

'Si en efecto hay alcaldes que se respetan a sí mismo y respetan al pueblo que están supuesto a servirle, que den un paso adelante y rechacen esta barbaridad', concluyó el senador.

No obstante, tras toda esta polemica y aunque su tuit no lo expresa directamente, el gobernador Ricardo Rossellò Nevares parece haber adelantado el veto de esta medida.

'Los alcaldes son parte fundamental de nuestro sistema político y ahora en el trabajo de recuperación corren con una gran responsabilidad ante sus ciudadanos. Yo reconozco su trabajo y sacrificio. Sin embargo, hay que medir las situaciones en el tiempo y contexto en que vivimos', sostuvo mediante Twitter.

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Como medida bipartita, solamente votaron en contra el senador del PIP, Juan Dalmau, el senador independiente jose Vargas Vidot y los senadores de mayoría Zoe Laboy y Miguel Romero. La legisadora del PNP, Migdalia Padilla Arvelo se abstuvo de votar.