La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Nayda Venegas Brown, radicó un proyecto de ley que impondría trabas adicionales a la decisión de una mujer de abortar, además de decretar sanciones onerosas a la clase medica que efectúe una terminación de embarazo.

En síntesis, el borrador titulado 'Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida' exige a la paciente una espera de 48 horas antes de realizar el procedimiento.

En ese período, se ordena al medico a especificarle la edad del feto e informarle que 'el aborto terminará la vida de un ser entero, separado y único'. Tambien, el galeno tendrá que enumerarle los riesgos medicos particulares asociados con el metodo, y los beneficios de asistencia medica disponibles para la atención prenatal, el parto y la atención neonatal.

Sumado a eso, el aborto no podrá ser efectuado 'sin antes ofrecerle a la paciente una oportunidad de recibir y ver en la instalación donde se realizará el aborto, u otra instalación, un ultrasonido de su embarazo'.

'Tiene un espacio de 48 horas y obliga al medico a enseñarle a la paciente el sonograma, que me parece que eso es cruel. ¿Por que rayos uno haría eso si la paciente no lo desea ver? El proyecto de ley es un proyecto totalmente retrógrado y devastador, pienso que parte de la premisa de la preservación de la salud de la mujer y lo que hace realmente es todo lo contrario', alertó la ginecóloga Yarí Vale Moreno.

El borrador, codificado bajo el Proyecto del Senado (PS) 950, tambien prohibe que la paciente pague el procedimiento antes de esas 48 horas reglamentarias y fija penalidades de reclusión de uno, tres y 15 años a los medicos, y multas que oscilan entre los $5,000 y $10,000.

Entre sus páginas, la medida tambien ordena al Departamento de Salud a crear una serie de panfletos educativos que aborden únicamente los peligros de someterse a un aborto, incluidos los efectos psicológicos adversos.

Empero, el PS 950 no acepta condiciones psicológicas o emocionales como 'emergencias medicas' válidas para permitir un aborto pasado el 'período de embarazo cuando se espera que el feto haya alcanzado la viabilidad', según escrito.

'No incluye nada de salud mental y emocional de la paciente. Es como que 'ok, si sufres una depresión severa porque estás embarazada, pues tampoco te lo puedes terminar'. Te obliga. Básicamente te obliga a estar embarazada. Eso es lo que hace este proyecto', denunció Vale Moreno, quien dirige la División de Planificación Familiar del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico.

El aborto en la Isla es legal desde la decisión favorable del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Roe v Wade en el 1973 que, con una votación 7-2, decretó que el derecho al aborto de una mujer estaba implícito en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Al presente, al igual que estipula Venegas Brown en la exposición de motivos del proyecto, varios legisladores identificados con el Partido Republicano cuestionan el alcance de esa decisión.

Es por eso que en estados como Iowa se presentó legislación en contra de los abortos si los doctores encuentran un latido de corazón despues de las seis semanas de embarazo. Decisiones similares se han tomado en North Dakota, Arkansas y Arizona.

'Es una copia de lo que ha estado pasando últimamente en diferentes estados de los Estados Unidos, donde las restricciones a las terminaciones de embarazo son reales, donde se ha limitado en más de 20 estados las terminaciones de embarazos a solamente 20 a 24 semanas por el mismo argumento de que el feto siente dolor despues de las 20 semanas, que es totalmente falso tambien', apuntó Vale Moreno.

Uno de los efectos inmediatos que tendría la aprobación de esta ley, según la ginecóloga, sería el encarecimiento y la limitación de acceso a estos servicios, ya que solo hay cinco medicos materno-fetales en toda la Isla, esparcidos entre Ponce, Manatí y tres en el área Metropolitana.

Así, las más afectadas serían las mujeres pobres y las jóvenes, puesto que el documento además le exige a las adolescentes un permiso de consentimiento por parte de sus padres o custodios para realizar el aborto.

Vale Moreno cuestionó las fuentes de información utilizadas en la exposición de motivos del PS 950, como el American College of Pediatrics (ACP).

Una búsqueda sencilla en Internet arroja que este grupo fue fundado en el 2002, luego de que el American Academy of Pediatrics (AAP) --reconocida a nivel internacional y con base en el 1930-- emitiera un comunicado en el cual confirmaba que una pareja homosexual no representaba peligro alguno a un niño adoptado.

Incluso, el Southern Poverty Law Center catalogó a la ACP como un grupo que fomenta el odio y la desinformación.

'Es un grupo super mega conservador, que nos es American Academy of Pediatrics. Las recomendaciones que hacen no es basada en ciencia. No es basada en ninguno de los estudios que se han hecho desde el '89 para acá, que no hay ningún daño emocional ni psicológico a pacientes que se someten a terminaciones de embarazos', señaló Vale Moreno.

El PS 950 no presenta bases científicas para justificar sus planteamientos, fuera de la inclusión de la ACP en sus páginas iniciales. Sin embargo, esos párrafos no forman parte del grueso de la ley propuesta.

Un retroceso de 50 años

Además de fundamentarse en concepciones erradas sin base científica, el PS 950 es una medida que demoniza el aborto, a juicio del ginecólogo Antonio Domínguez Romero.

Igualmente, señaló el perito, representa un retroceso de 50 años en cuanto a los derechos adquiridos de la mujer.

'Hemos avanzado y ellos están regresando a hace cincuenta años cuando se criminalizaban los abortos y se encarcelaban a los medicos por hacer una terminación de embarazo, aunque estuviera indicada por riesgo materno o riesgo fetal de muerte', expresó el doctor, con clínica en Río Piedras.

Para justificar el alegado riesgo de los abortos, el proyecto de ley a nivel local presenta una serie de datos y complicaciones que, basado en el conocimiento de Domínguez Romero, son totalmente incorrectas.

Entre la instrucción obligatoria que le es delegada a los doctores, el Artículo 2 del PS 950 estipula que deben informarle a las pacientes sobre el peligro de cáncer de mama, infección o hemorragia, entre otros, a raíz de un aborto. Empero, no presenta evidencia para sostener el argumento.

'El riesgo de terminar un embarazo, aún en el segundo trimestre es de un tres por ciento, mientras que el riesgo de parir vaginal y tener una complicación puede subir hasta un 15 por ciento. O sea que hay más riesgo de parir vaginal a termino que hacer una terminación y tener una complicación. Es más seguro tener un aborto que parir vaginal a los nueve meses', afirmó.

Asimismo, la medida instruye a las clínicas a posicionar letreros que avisen contra los abortos por obligación y no permitirá que se consuma el acto si el doctor percibe que la paciente lo hace porque el bebe nacerá con anomalías geneticas.

Domínguez Romero mencionó la anencefalia, el cual es un defecto de nacimiento grave en el cual el bebe nace sin partes del encefalo y el cráneo

'Va en contra del cuidado prenatal si de todas formas se enteran que su bebe trae algún tipo de malformación y no puede terminar el embarazo, va a tener que terminarlo para que le dure semanas ese bebe vivo porque va a morir de infecciones y complicaciones por no tener su cráneo', lamentó.

Tras ser radicado el pasado 10 de mayo, el proyecto fue referido a la Comisión de Asuntos de la Mujer en el Senado. Venegas Brown forma parte de este conjunto y funge como secretaria.

A ella se unen Itzamar Peña Ramírez (presidenta), Migdalia Padilla Alvelo (vicepresidenta), Zoe Laboy Alvarado, Evelyn Vázquez Nieves, Margarita Nolasco Santiago, Rossana López León, Juan Dalmau Ramírez y Jose Vargas Vidot.

Los miembros ex-officio, en cambio, son todos hombres: Thomas Rivera Schatz, Larry Seilhamer Rodríguez, Eduardo Bhatia Gauthier, Angel Martínez Santiago y Jose Dalmau Santiago.