El proyecto del Senado 495, de la autoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve, fue apoyado por la Alianza de Juristas Cristianos, la entidad Puerto Rico por la Familia y el Centro de Servicios Psicológicos Resurgir.

La Alianza de Juristas Cristianos consideró hoy que se debe uniformar la edad de consentimiento en toda legislación, tras la participación de la entidad en una audiencia pública en la que se evaluó el proyecto del Senado 495, de la autoría de la senadora y presidenta de la Comisión de Familia y Vida, Joanne Rodríguez Veve.

La medida busca establecer la ley "para requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad o del custodio legal de una menor de dieciocho años edad al momento de consentir a realizarse un aborto en Puerto Rico", pieza legislativa que fue apoyada hoy por la Alianza de Juristas Cristianos, la entidad Puerto Rico por la Familia y el Centro de Servicios Psicológicos Resurgir.

Para la presidenta de la Alianza de Juristas Cristianos, Ivette Montes Lebrón, "aunque Ia figura jurídica de Ia patria potestad es para beneficio del menor y en su interés óptimo, no se hace justicia ni se cumpliría el propósito ni Ia esencia de Ia patria potestad, que es Ia relación de los padres con sus hijos menores no emancipados, el permitir que una hija menor de edad, que aún necesita Ia asistencia de sus padres, pueda tomar una decisión tan crucial como lo es el terminar su embarazo sin darle a sus progenitores el derecho a ser oído de acuerdo a Io dispuesto en Ia ley".

"Sabemos que hay padres que no cumplen sus obligaciones y responsabilidades, pero Ia mayoría de los padres aman a sus hijos. Trabajan, cuidan su familia, se desvelan por ella, procuran Ia salud de sus hijos en aras do lograr su optimo bienestar y su desarrollo integral como persona y parto de una sociedad", agregó.

La portavoz de la organización señaló que "es un acto de justicia el concederle a un progenitor, al menos, el derecho a ser notificado e informado, permitiéndole participar en una decisión tan crucial como Io es Ia terminación de una vida, de Ia misma manera en que es notificado y se le permite participar en Ia decisión al momento de un menor realizarse una intervención quirúrgica, debido a que toda intervención quirúrgica conlleva riesgos".

Consignó que, "si por motivos de dicha intervención, surge una complicación a Ia salud física o mental de Ia menor, los padres son los obligados, tanto moralmente como en ley, de procurar Ia recuperación de Ia menor, y en caso de muerte, hacer los arreglos y pagar los gastos del funeral".

También consideró que "existe una necesidad ineludible de considerar Ia capacidad de menores a consentir y su desarrollo neurológico, al formular política pública. La capacidad para comprender consecuencias de nuestros actos no debe ser definido como es simple acto de conocer someramente Io que puede pasar, si no además tenor Ia madurez para manejarlo y que prestar eI consentimiento sin conocer todo lo que comprende tal decisión podría convertir el dicho consentimiento en uno viciado, poniendo en desventaja a una parte y, en este caso, también Ia vida salud y bienestar del individuo".

Sobre el proyecto de ley, recomendó que "debido a las desventajas legales y sociales que tienen los menores ante los adultos se debe uniformar Ia edad de consentimiento en toda Ia legislación pertinente a los menores, alineado a los ciencias neurológicas, no antes de los 18 años.

A su vez, pidió que "a raíz de los nuevos hallazgos científicos y en Ia neurociencia" se debe "legislar como presunción evidenciaria Ia capacidad disminuida de un menor y su consentimiento".

Igualmente, opinó que "se debe impedir el cabildeo en Ia legislación para reducir Ia edad para consentimiento sexual de menores, siendo esto un asunto que va contra el 'orden público' y contra el interés apremiante del Estado en procurar el mejor bienestar y Ia protección de los menores, evitando y desincentivando el abuso sexual contra menores".

También aconsejó "promover legislación y auspiciar estudios extensos basados en los últimos desarrollos de Ias ciencias neurológicas para Ia implantación de política pública coherente y actualizada en pro de Ia protección de los menores y Ia administración de Ia justicia".

En tanto, el portavoz de Puerto Rico por la Familia, el abogado y sacerdote Carlos Pérez Toro, comentó en la audiencia pública que el proyecto debe intentar custodiar "primero a la menor que puede estar sometida a las fechorías de los depredadores sexuales. Segundo, se debe proteger el derecho fundamental de los padres a decidir sobre el bienestar y la salud de los hijos, máxime cuando ellos son los que sufren las consecuencias. Y tercero, al niño en el vientre materno que tiene un derecho a la vida que nuestra Constitución reconoce".

El religioso ofreció sus recomendaciones, dirigidas a "ir haciendo cada vez más innecesario el aborto hasta su eliminación total, entre ellas que "se añada un artículo en esta ley que recoja de manera clara que la oposición de uno de los padres al aborto de una menor de edad deberá ser encausado a través de los tribunales según los parámetros del artículo 607 del Código Civil de 2020".

Además, indicó que "en esos casos de oposición de uno de los progenitores, no basta el consentimiento de uno de los progenitores para que la menor pueda realizar un aborto", y sostuvo que si la menor recurra a los tribunales, "el juez, para permitir el aborto de la menor, deberá asegurarse que dicho procedimiento es de carácter terapéutico y que solo se permitirá cuando no sea posible proveer de otra manera".

El cura declaró asimismo que "nuestro acercamiento a este tema del aborto debe ser de carácter compasivo hacia la mujer; ella también es víctima del aborto, por eso recomiendo despenalizar el aborto con respecto a Ia mujer, eliminado el artículo 99. Una mujer que aborta debe ser ayudada con comprensión, profesionalismo y solidaridad y no utilizando los medios penales marcados, por su propia naturaleza, por la insensibilidad cruel de la justicia retributiva".

Mientras, la vocera del Centro de Servicios Psicológicos Resurgir, Yiddish Álvarez, quien expuso ante Rodríguez Veve "evidencia empírica sobre el daño psicológico que puede sobrellevar una mujer al realizarse un aborto ya sea voluntario o por razones médicas, es necesario hacer una pausa y analizar si el proyecto del Senado 495 cumple con su objetivo de proteger el bienestar de las menores".

Junto con apoyar la medida, dijo que con ella se estaría "contribuyendo a Ia salud pública de nuestro país, ayudando cuidado de nuestras mujeres jóvenes y protegiendo Ia vida del concebido".