El proyecto de la Cámara 1284 había recibido el rechazo de varios miembros de la Coalición Pro Servicios Dentales.

El Senado derrotó hoy una medida que establecía como requisito que los dueños de clínicas dentales fueran estrictamente dentistas.

El proyecto de la Cámara 1284, que ya había sido aprobado en la Cámara de Representantes, “es un retroceso en el desarrollo económico de la Isla y limita los servicios a la población”, habían advertido varios expertos de la Coalición Pro Servicios Dentales, aunque el Departamento de Salud y la Junta Dental Examinadora endosaron en su momento la medida.

La pieza legislativa, de la autoría de los representantes Héctor Ferrer Santiago y Rafael Hernández Montañez, buscaba enmendar la Ley 75 de 1925, con el propósito de añadir un nueva sección para establecer que el dueño o accionista mayoritario de toda clínica dental sea un dentista licenciado por el gobierno de Puerto Rico.

Con la pieza legislativa se pretendía evitar el “empresarismo inescrupuloso'' provocado por una proliferación de oficinas y clínicas dentales, cuyos dueños son personas particulares y no dentistas, así como la venta de productos y servicios dentales al margen de la supervisión de un dentista licenciado.

También se buscaba frenar “promesas a los pacientes de resultados instantáneos e irreales”, además de la discontinuidad de los servicios a los pacientes por desvinculación de los dentistas en las clínicas dentales.

Igualmente, se eliminaba la contratación de dentistas licenciados a estipendios u honorarios a un porcentaje “muy por debajo de lo que satisfacen las aseguradoras y los pacientes, lo que pauperiza la profesión dental”.

La portavoz de la Coalición Pro Salud Dental, Exymaris Guerrero, había criticado al Senado por no haber hecho "un debate amplio sobre el tema y sus implicaciones. Esta medida, impulsada por un grupo particular de dentistas, es el tipo de decisión legislativa que no abona al desarrollo de mejores servicios de salud, tampoco al desarrollo de actividades comerciales y la creación de empleos”.

“Peor aún, esta medida promueve el cierre de clínicas dentales en la Isla, que todas operan con médicos licenciados, lo que provocará menos acceso a los servicios dentales en la población pediátrica y adulta”, agregó.

La portavoz de la Coalición había advertido que los pacientes se iban a ver "afectados adversamente por una medida, fundamentada en falsedades, que responde a intereses personales y juegos políticos en vez de pensar en la salud del pueblo puertorriqueño”.

Mientras, el presidente de la Clínica Dental de la Montaña, Francisco Molina González, ubicada hace más de 30 años en Naranjito y Toa Alta, dijo que "muchos dentistas recién graduados les resultaría casi imposible comenzar una práctica privada ya que la inversión en equipo y estructura conlleva gastos millonarios, por lo que muchos dentistas, optan por atender a sus pacientes en clínicas establecidas que cuentan con los equipos requeridos para brindar los servicios”.

Según la agrupación, “existen procedimientos administrativos ante la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico para garantizar el ejercicio de la profesión de dentistas y odontología en la Isla, así como regular la práctica de los profesionales auxiliares de higienista dental y asistente dental".