Washington - El gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló Nevares y otros altos funcionarios de la isla se reunieron con líderes en el Congreso el miercoles para solicitar otros $600 millones en fondos federales para cubrir los servicios de salud de los puertorriqueños hasta septiembre del 2018.

Pero en esta primera ronda de cabildeo luego de que el presidente Donald Trump presentara su presupuesto que incluye recortes drásticos en programas ambientales y de bienestar social, el trasfondo de toda conversación era lograr obtener la credibilidad y la confianza de los que los observan desde Washington.

En las varias visitas a congresistas de alto rango, como el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan y el senador Orrin Hatch de Utah, quien preside la Comisión de Finanzas de ese cuerpo, los líderes hicieron hincapié en la reestructuración del gobierno de Puerto Rico y las reformas en la isla que buscan recortar gastos e imponer una disciplina fiscal mayor.

'Queremos demostrarle al mundo que Puerto Rico está tomando acción, que hemos implementado varias estrategias para que tengamos un gobierno responsable en sus asuntos fiscales,' afirmó Rosselló en conferencia de prensa en la capital federal.

El gobernador, acompañado de la comisionada residente en Puerto Rico en Washington Jenniffer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, les reiteró a los congresistas cómo se están implementando medidas de austeridad y gastando menos al reestructurar las agencias públicas, y cómo el proceso de reestructuración judicial que aprobó el Congreso el año pasado los está ayudando a enfrentar la crisis provocada por la deuda pública de $72 mil millones.

'Hemos sido bien transparentes en todas esas transacciones y queremos asegurarnos que todo el mundo aquí y particularmente que el liderato (en el Congreso) sepa lo que estamos haciendo, la gran responsabilidad que eso conlleva, y la colaboración que necesitamos recibir del gobierno federal,' enfatizó el gobernador.

Parte de esa colaboración a que se refería Rosselló son los fondos federales para cuadrar el presupuesto durante esta crisis fiscal.

En el caso de los fondos de Medicaid para la isla, unos $950 millones ya estaban presupuestados: $340 millones en un tope vigente permanente de Medicaid para Puerto Rico; $300 millones de los últimos fondos que quedaban de la ley Obamacare; y $296 millones aprobados en el ómnibus presupuestario aprobado en abril pasado.

González explicó que estos fondos dan para cubrir los servicios de salud en la isla hasta abril del 2018. Hay que conseguir unos $600 millones más para completar los $1,592 millones en fondos de Medicaid que se necesitan para asegurar los servicios de salud hasta el final del año fiscal federal el 30 de septiembre.

La comisionada residente y otros líderes en la isla ya tenían planificado conseguir el dinero adicional como parte de la asignación del programa federal de salud infantil SCHIP, el cual se discutirá en el verano o el otoño. Pero el proyecto presupuestario de Trump sugiere recortarle a Puerto Rico $54 millones en fondos de SCHIP, reduciéndolo a $138.4 millones.

Ryan le había asegurado a González que en la reautorización de SCHIP se podría conseguir los $600 millones que faltaban para financiar el programa de Medicaid en la isla. Y el senador Hatch, senador influyente en asuntos financieros, rechazó esta semana los recortes que propone Trump en el programa federal de salud infantil.

González se mostró más confiada de poder contrarrestar el empuje para recortar fondos para la isla luego de comenzar una 'agenda agresiva' para fortalecer el desarrollo económico en la isla, tal como recomendó el Task ForceCongresional sobre el Desarrollo Económico de Puerto Rico que estableció la ley PROMESA.

Esta ley instituyó el proceso judicial para reestructurar la deuda pública de la isla a la que ha acudido el gobierno de Puerto Rico este mes para protegerse de los reclamos de algunos de sus grupos de acreedores.

Al legislar y aprobar la ley PROMESA, muchos de los congresistas insistían en que, para darle a Puerto Rico un mecanismo para protegerse de los bonistas que poseían los $72 mil millones en deuda pública, era imperante el imponer la disciplina fiscal y reformar la estructura y la administración gubernamental.

Con una reforma laboral que fue muy controversial en la isla, la reestructuración de las agencias públicas, y mayor eficiencia y ahorros en la gestión gubernamental, González afirmó que se le está demostrando a los congresistas renuentes de ayudar a la isla que el gobierno merece la oportunidad para salir hacia adelante y que, con su apoyo, se puede salir de la crisis y establecer unos fundamentos económicos sólidos para el futuro.

'(Las reformas) están permitiendo que haya ahorros que permiten que el Congreso pueda ver que se están tomando acciones concretas para que pueda haber fondos federales disponibles. Y esa es la mejor carta de presentación, no solo en el Senado (federal), sino que también han permitido la discusión de otros asuntos,' puntualizó la comisionada residente.

Trump presentó esta semana un proyecto de presupuesto que le da un hachazo a programas ambientales y de bienestar social para transferir otros $54 mil millones a asuntos militares, de seguridad nacional y de migración.

De cara al debate intenso que se dará en Congreso sobre el presupuesto de Trump, que le recorta $400 millones a Puerto Rico, la comisionada residente y los cabilderos para el gobierno prometen luchar para que no ocurran o para que duelan menos. Casi la mitad de estos recortes – casi $180 millones – ocurren al eliminar cuatro programas vigentes en la administración del presidente Barack Obama.

Ellos son: el programa de desarrollo comunitario de Vivienda federal (Community Development Bloc Grants), $53.7 millones, que beneficia mucho a los municipios; el fondo Ryan White que este año asignó $49.3 millones para tratar pacientes de VIH/Sida; un fondo de adiestramiento para maestros, $66.5 millones; y $8.18 millones como un subsidio de servicios sociales.

Y del presupuesto de Trump convertirse en realidad, Puerto Rico recibiría los recortes más drásticos en el área de la vivienda. El fondo operacional para vivienda pública se reduciría en $47 millones – o un 19 por ciento – a $204.7 millones. Ese recorte es mucho menos del hachazo del 70 por ciento que se le da al fondo de capital de vivienda pública – de $106.9 millones que obtendría este año a $31 millones el próximo año fiscal.