$165,000 han costado a los contribuyentes la brutalidad y violaciones de derechos del senador Gregorio Matías
Juez federal Gustavo A. Gelpí ordena publicación de acuerdo transaccional a solicitud de editor de NotiCel.
La conducta violatoria de derechos del teniente segundo Gregorio Benedicto Matías Rosario no solo fue una de las bases que usó el Departamento de Justicia federal para imponer la Reforma de la Policía, sino que también le costó a los contribuyentes $90,000, según consta en un acuerdo confidencial que se revela ahora después de una solicitud de acceso a la información al Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Fue el propio Departamento de Justicia de Puerto Rico el que impuso la confidencialidad en el acuerdo que alcanzó con el ciudadano dominicano Ignacio Santos Rosario, quien demandó por brutalidad policíaca después de que Matías Rosario le disparó en varias ocasiones y lo golpeó con otros policías una vez estaba herido en el piso. El detonante de los actos de Matías Rosario fue que el hombre le reclamó que dejara de hacer expresiones xenófobas contra los dominicanos. Matías Rosario nació en República Dominicana y se trasladó a Puerto Rico en la niñez.
Matías Rosario tuvo un segundo caso por brutalidad policíaca que sometió en 2001, antes del caso de Santos Rosario, en el que el entonces estudiante universitario Edgardo Gómez Soto alegó que un grupo de agentes, que incluía al hoy senador, lo arrestaron injustificadamente y lo golpearon después de tenerlo arrestado. En vez de llevarlo al hospital para atender las heridas, lo llevaron a un cuartel, de donde se pudo escapar para recibir atención médica. Ese caso terminó con un acuerdo de $75,000 que no fue confidencial. Esos dos casos le costaron a los contribuyentes $165,000 tan solo en compensación directa a los demandantes.
El acuerdo que el juez federal Gustavo A. Gelpí publicó a solicitud del periodista que suscribe esta nota le impone al demandante que no podía iniciar procesos contra Matías Rosario en ningún foro ni testificar en su contra. Sin embargo, el documento nada dice sobre qué medidas tomaría el Gobierno de Puerto Rico en contra del agente Matías Rosario.
De hecho, el historial administrativo de Matías Rosario que el Negociado de la Policía entregó a solicitud de NotiCel refleja que el agente tenía siete querellas antes de agredir a Santos Rosario el 18 de agosto de 2006, y tuvo otras ocho después de ese incidente, para un total de 15 querellas. Las causas de las querellas incluyen conducta inmoral, deuda, prueba de dopaje, violencia doméstica, maltrato verbal, ausencia o abandono de servicio, negligencia, parcialidad e ineptitud y pérdida de propiedad del gobierno. La disposición de las querellas varía entre “no probada”, archivo, orientación o suspensiones de empleo y sueldo de hasta 30 días. La trayectoria de querellas, ni la demanda federal, afectaron la carrera del oficial, quien recibió ascensos hasta llegar a Teniente Segundo.
Las querellas administrativas en la Policía y los dos casos federales mencionados no son las únicas materias legales que Matías Rosario ha enfrentado. En los tribunales locales, el senador tiene al menos 17 expedientes de distinto tipo, todos con fecha siguiente a su ingreso en la Policía y hasta el 2013. Las causas incluyen casos criminales por desacato y delito contra la función judicial (estos dos relacionados a sus funciones como agente), y civiles por motivo de pensión, relaciones de familia, custodia y cobro de dinero. Los casos están cerrados.
Tras ser certificado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) como senador por acumulación el 26 de mayo pasado, el Negociado de la Policía extendió una licencia sin sueldo a Matías Rosario que implica que, una vez cese sus funciones en el Senado, regresa a la Uniformada, a la cual ingresó en 1994. En las primarias de agosto, Matías Rosario fue el segundo precandidato de su partido a senador por acumulación que más votos acumuló, con 170,704, superado solo por William Villafañe, con 179,088 votos.
Desde que sirve como senador en mayo, Matías Rosario tiene a su haber seis proyectos, en los cuales figura como autor único en solo uno, que busca hacer cambios en la reforma de compras que se impuso en la Ley 73 con la creación de la posición a 10 años del Principal Oficial de Compras del gobierno.
La reciente divulgación de salarios legislativos, provocada por una demanda de la candidata a representante del precinto 3 (San Juan) del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados Rodríguez, da cuenta de que Matías Rosario tiene a tres personas en su equipo legislativo: la directora Ilia Santos López (de quien el Senado solo informó los $1,500 que se le pagan como diferencial de su sueldo en otra dependencia porque está en destaque), el ayudante especial Raúl R. Cepeda González (quien es otro destaque y, de la misma forma, solo se informan los $700 de su diferencial) y el ayudante especial Luis del Valle Pacheco ($2,000 mensuales). El propio senador devenga $6,147.92 mensuales.
Santos López aparece como donante de Matías Rosario y de otros candidatos del PNP (Pedro Pierluisi, Ricardo Rosselló y Marissa Jiménez Santoni). Mientras, Cepeda González fue donante de Ricardo Rosselló y tiene un nombramiento en el Departamento de Corrección y Rehabilitación como Gerente Regional Interino del Negociado de Instituciones Juveniles. El funcionario enfrenta una demanda federal por represalias contra una informante y otras violaciones a varias leyes, incluyendo el nuevo Código Anticorrupción. La demandante en ese caso es María del Carmen Torres Meléndez, quien era la oficial de enlace de Corrección para el pleito federal que se mantiene activo por las condiciones y violaciones de derecho en las instituciones juveniles. El exsecretario de Corrección, Erik Rolón Suárez, también está demandado.
Cómo se obtuvo acceso a la transacción confidencial
El 14 de octubre pasado, la licenciada Judith Berkan, en representación del periodista que suscribe esta nota, presentó una moción de intervención en el caso de Santos Rosario contra el gobierno de Puerto Rico en la que se solicitó que el acuerdo transaccional confidencial de 2009 fuera publicado.
Berkan, quien tiene experiencia en litigios de brutalidad policiaca, fue la abogada en el caso de Gómez Soto y ha escrito académicamente sobre los problemas de acceso a la información que representan las transacciones selladas, indicó al tribunal que habían varias razones por las cuales el interés público en conocer el contenido de la transacción pesaba más que los intereses de las partes al suscribir la transacción de esa manera.
Gelpí concedió tiempo al gobierno y a Matías Rosario para que se expresaran sobre la solicitud. El senador no lo hizo, y tampoco contestó solicitud de reacción para este artículo, y el gobierno no asumió una posición sobre la publicación de esta transacción sino que pidió al juez que, al decidir la solicitud, tuviera en cuenta el valor que tiene para el estado la confidencialidad en la resolución de los casos.
El 22 de octubre, Gelpí emitió una orden para la publicación del acuerdo. “[E]n este caso específico, la fuerte presunción a favor del derecho de la ciudadanía al acceso a la información tiene mayor peso que cualquier otra consideración de intereses privados. El acuerdo transaccional sellado fue pagado con fondos del Gobierno de Puerto Rico y no hay ninguna razón para que, más de 10 años después de su aprobación, el mismo deba permanecer confidencial. El tribunal, sin embargo, entiende la importancia de los acuerdos y negociaciones confidenciales en la manera en que el gobierno maneja sus casos criminales y civiles”, argumentó el juez al consignar que las solicitudes para publicar acuerdos confidenciales se considerarían caso a caso.
A nivel federal, el Gobierno de los Estados Unidos tiene una prohibición en contra de llegar a acuerdos judiciales confidenciales, pero el Gobierno de Puerto Rico no enfrenta una ley específica sobre eso, aunque sí tiene que respetar el derecho constitucional de los ciudadanos al acceso a la información.
Gelpí es también el juez que atiende el caso de la Reforma de la Policía y recalcó en la orden que la demanda contra Matías Rosario surgió antes de que iniciara la reforma en 2012, añadiendo que “se han hecho avances significativos… incluyendo promover la transparencia activa y la rendición de cuentas cívica”.
Aunque todavía el área disciplinaria de la Policía no está en cumplimiento con la reforma, ahora la Policía ofrece en su portal de internet información a los ciudadanos sobre el proceso de querellas contra sus agentes.
Sobre el área de disciplina, la reforma propone “asegurar que todas las alegaciones de conducta impropia (de la Policía) sean recibidas e investigadas de manera diligente, exhaustiva, equitativa e imparcial; que todos los hallazgos sean sustentados por la preponderancia de la prueba; y que todos los (agentes) que incurran en tales conductas rindan cuentas conforme a un sistema de medidas disciplinarias que sea objetivo, consistente y proporcional a la falta incurrida”.
Para ver el acuerdo transaccional federal en el caso de Santos Rosario, pulse aquí.
Para ver la orden del juez concediendo acceso del público al acuerdo transaccional, pulse aquí.
Para ver el historial de querellas administrativas de Matías Rosario en la Policía, pulse aquí.
Para ver el artículo de Berkan sobre los acuerdos transaccionales, pulse aquí.
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