Así lo certificó el teniente Johnny Acevedo Román, director de la División de Reglamento de Armas y Expedición de Licencias de la Policía.

El teniente Johnny Acevedo Román, director de la División de Reglamento de Armas y Expedición de Licencias de la Policía, informó hoy que más de 25 millones de municiones se vendieron en Puerto Rico en 2002.

Además, reveló que en el transcurso de 2023 esa cifra ya sobrepasa los 8.5 millones de municiones.

A esos antecedentes se suman datos revelados por el Instituto de Estadísticas (IEPR), que indican que entre 2000 y 2020, anualmente y en promedio, en el 87.6% de los homicidios se utilizó un arma de fuego (90% en hombres y 56.7% en mujeres).

La agencia también consignó que la proporción de homicidios por armas de fuego en mujeres aumentó "significativamente" de 68.3% en 2019 a 83.7% en 2020.

Igualmente, el IEPR afirmó que "es aún más alarmante" el porcentaje de las víctimas de homicidios con armas de fuego entre los 10 y 39 años: entre el 2000 y 2020 fue de 84% en hombres y 73.7% en mujeres.

La información fue dada a conocer en una audiencia pública de la Comisión de Seguridad, Ciencia y Tecnología, que preside el representante Luis Ortiz Lugo y que evalúa el proyecto de la Cámara 1648.

La medida propone enmendar la Ley 168 de 2019 y reducir de 20,000 a 5,000 la cantidad de municiones compradas por una sola persona en el período de un año para efectos de la notificación que debe hacer un armero a la Oficina de Licencia de Armas.

Además, la pieza legislativa pretende imponer un límite de compra de 500 municiones por arma de fuego en un año, lo que significa que una persona con licencia de armas puede adquirir esa cantidad al año por cada arma que posea (aunque hay excepciones y se extiende el límite).

Si la persona excede de 5,000 municiones compradas, el armero tiene que notificarlo a la Oficina de Licencia de Armas de la Policía, con el fin de que la uniformada indague en el caso.

Según el proyecto de ley, las violaciones a la normativa constituirán delito menos grave, sujeto a pena de reclusión, prestación de servicios comunitarios, multa o ambas penas. Además, la falta de notificación por parte del armero implicará la revocación de su licencia.

Respecto de las cifras entregadas por el uniformado, en una ponencia entregada por el secretario del DSP, Alexis Torres, se establecen las ventas certificadas la División de Reglamento de Armas y Expedición de Licencias de la Policía, dirigida por Acevedo Román

El jefe policial indicó que la venta de municiones en la Isla en 2020 llegó a más de 17 millones, en 2021 aumento considerablemente a sobre 24 millones y en 2022 sumaron 25,924,215.

De casos particulares, la División de Reglamento de Armas y Expedición de Licencias de la Policía maneja siete casos en que la persona adquirió más de 20,000 municiones.

De acuerdo con el uniformado, la información suministrada proviene de la compañía C2S, encargada de la programación y administración de la aplicación REAL (Registro Electrónico de Armas y Licencia).

En la audiencia pública en el salón 3 del anexo de la Cámara también intervino Diego Zabala, funcionario del Instituto de Estadísticas, quien ofreció cifras de la importación de municiones, según datos de la Junta de Planificación.

Zabala señaló que en 2020 se reportaron 14 millones (por un valor de $3.5 millones de dólares) y en 2021 la cantidad llegó a casi los 19 millones (por $5.4 millones de dólares).

El funcionario expuso que entre 2010 y 2021 se han vendido en el país 166,263,754 municiones en Puerto Rico, por $41,595,750 dólares.

Durante la audiencia, la subdirectora de la Oficina Legal del DSP, Estrella Vega Soto, pidió excluir de la restricción a los instructores de tiro, mientras que Elba Cruz, abogada del Departamento de Justicia, advirtió que la medida se tiene que evaluar "bajo el crisol de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos".

Agregó que "la regulación de sobre el uso de armas debe ser consistente con la tradición histórica en la nación y que exista una justificación adecuada por parte del Estado para dicha regulación".

Cruz advirtió que "no encontramos que en algún estado (de Estados Unidos) se haya establecido un límite o tope en la cantidad de municiones que se pueden adquirir, por lo que no hallamos que la medida se alinea a la regulación que históricamente se ha promovido en los Estados Unidos con respecto a la limitación de compra de municiones".

En tanto, el comisionado del NIE, Rafael Freytes Cutrera, declaró por su parte que el tema no tiene relación con la cantidad de proyectiles: "Más allá de limitar la cantidad de municiones, es importante darle amplitud a la Policía para que pueda investigar. Tiene muchas restricciones, de la Constitución, de las leyes. Pero en materia de armas y municiones, esto debe ser tratado como un negocio altamente regulado".

Tanto la Corporación para Asistencia Legal para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico como la organización Legítima Defensa no respaldaron el proyecto de ley por considerarlo "inconstitucional".