La exsecretaria de Salud y la exsecretaria auxiliar de la agencia negaron vínculo con las empresas contratadas.

La exsecretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, así como la exsecretaria auxiliar de la agencia, Adil Rosa Rivera, rechazaron haber sugerido o tenido contacto con cabilderos de las empresas Apex General Contractors o 313 LLC, que fueron contratadas para suplir equipo para detectar el coronavirus, o COVID-19.

Estas empresas no contaban con experiencia en la venta de productos de salud, pero recibieron contratos por parte de la agencia de $38 millones y $3.6 millones, respectivamente, a cambio de pruebas rápidas, o “test kits” del COVID-19.

Ambas fueron citadas a una vista ejecutiva ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que tiene en su radar todas las compras relacionadas a los “test kits”, ventiladores y las alegadas intervenciones de personal de La Fortaleza en estos acuerdos millonarios.

“Yo no tuve contacto con ninguna persona que me hiciera cotizaciones o propuestas para el Departamento de Salud para compras”, aseguró Quiñones de Longo a su llegada al Capitolio. La funcionaria había renunciado a su cargo debido a fallos administrativos —cuya denuncia inició gran parte de esta controversia— y diferencias con la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

Mientras que Rosa Rivera salió a toda prisa de la vista ejecutiva sin ofrecer detalles sobre su intervención. La empleada se limitó a decir que no sugirió el contrato ascendente a $38 millones. Luego se informó que fue excusada del encuentro porque reclamó su derecho a tener una representación legal, por lo que recibió una nueva citación para el 14 de abril.

Cuando Rosa Rivera se marchó, la Comisión optó por atender a los deponentes por separado.

La prensa pudo constatar cómo el general José Burgos, comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), así como Evelyn Cumba, supervisora de servicios generales de NMEAD, se movieron a uno de los salones en el Anexo de la Cámara de Representantes, mientras Quiñones de Longo permaneció en el Salón de Audiencias 1.

Apex General Contractors mantiene vínculos contractuales con la Superintendencia del Capitolio para reparaciones de acondicionadores de aire.

Para los “test kits”, la empresa se comprometió a entregar un millón de pruebas el 31 de marzo, para lo que se tramitó una carta para autorizarle el pago adelantado de $19 millones el 27 de marzo. La orden de compra fue cancelada por no tener el aval de la Administración federal de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y por no llegar a tiempo, a pesar que la factura de compra establece que los suministros ya habían sido recibidos.

Mientras que 313 LLC, según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, enmendó sus artículos de incorporación el pasado 18 de marzo del año en curso para poder realizar negocios relacionados a la salud en la Isla. Las dos órdenes de compra con Salud con esta empresa tienen como fecha el 20 y 24 de marzo.

“Me alegro que las cosas se aclaren, porque el pueblo de Puerto Rico merece que el servicio sea transparente y que las cosas se hagan bien hechas para la salud del pueblo […] Yo entiendo que hice lo que tenía que hacer a tiempo”, añadió Quiñones de Longo a su llegada, quien no pudo especificar si había sido entrevistada por el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés).

El actual secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano había anunciado que ha recibido peticiones de información por parte de la FDA y la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) a propósito del manejo en Salud de la emergencia del COVID-19, además del FBI y la Cámara de Representantes.

Esta es la primera vista ejecutiva de la Cámara de Representantes respecto a las compras de Salud de “test kits” y ventiladores. El presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, adelantó que el proceso se extendería por varios días, pero la prioridad al momento es conocer cómo esas empresas licitaron para estos productos que estaban fuera de sus ofrecimientos y experiencia.

“Esta investigación va más allá de toda la emergencia de COVID-19, pero hoy única y exclusivamente nos vamos a dedicar a la emergencia del COVID-19. Posteriormente la Subsecretaria Quiñones de Longo va a ser citada nuevamente porque hay otros temas como el almacén de medicamentos expirados, las contrataciones”, declaró Morales Rodríguez.

Además de Quiñones de Longo, se citaría nuevamente a Cumba, ya que durante la pesquisa sobre el almacén con suministros en Ponce, que también continúa en curso por la Cámara de Representantes, personal de esa dependencia la nombró como la custodio de las llaves del almacén. En NMEAD, según Morales Rodríguez, es la encargada de tramitar las órdenes de compra.

Antes de su renuncia, Quiñones de Longo describió en una carta que 500 “test kits” ordenados a la empresa Quest Diagnostics se entregaron sin seguirse los debidos procedimientos administrativos de la agencia y por encima de sus órdenes, pese a que suponía ser una de las autoridades máximas en esta emergencia.

En lugar de ser entregados al Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud, la misiva señala que el gerente general de Quest, Miguel C. Ribas, fue instruido por una persona no identificada para cambiar el lugar de entrega de los “test kits” al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y a entregarle las pruebas a Mabel Cabeza Rivera, quien rechazó estas alegaciones.

En otro suceso, Quiñones de Longo aseguró que una funcionaria de La Fortaleza alegadamente la llamó para obligarla a firmar un contrato de $13.2 millones dentro de 20 minutos. El pacto haría llegar a Salud dentro de 16 a 20 meses unos 713 ventiladores Puerto Rico Sales & Medical Services para atender la emergencia del COVID-19, pese a que el pico de casos a nivel local se ha proyectado que sucederá dentro del próximo mes.

Aunque Quiñones de Longo no ha señalado categóricamente por nombre a la funcionaria que se alega la obligó, la información con la que cuenta el representante Morales Rodríguez es que esa persona es Marisol Blasco Montaña.